Con una acción en defensa de los aborígenes del Chaco, la Corte Suprema de Justicia ha debido intervenir nuevamente para que el gobierno -nacional y provincial- cumpla con sus obligaciones e incluya en su agenda de trabajo el cuidado de comunidades indígenas abandonadas al hambre, las enfermedades y el más extremo desamparo.
El alto tribunal dio a las autoridades un plazo de 30 días para ejecutar una medida que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, y medios de comunicación y transporte hacia los centros de salud a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas. La medida había sido dispuesta tras una presentación de la Defensoría del Pueblo en el 2007.
A fines del año pasado, la Corte había hecho a las autoridades y a las legislaturas reclamos similares en materia de minoridad, aunque más amplios y menos taxativos. Esta vez ordenó al gobierno nacional y al del Chaco la elaboración de un “acuerdo de desarrollo” para las comunidades, que debe incluir auditorías y monitoreos a fin de asegurar su cumplimiento. Continuar leyendo “La Corte y los indígenas del Chaco”