Tartagal es hoy una imagen concentrada de la Argentina. La parte que significa el todo. Un alud de barro y despojos que se precipita sobre los sectores más desvalidos de la sociedad y añade sufrimiento al sufrimiento, como consecuencia de la desidia, la incompetencia, la depredación y la negligencia culposa de quienes ocupan posiciones de responsabilidad social, estatal o privada.
La visita de la presidente a la zona de desastre brinda otra imagen concentrada, en este caso de su propio gobierno. Sobrevoló el lugar para obtener la perspectiva amplia que corresponde a su alta investidura, y después hundió los pies en el barro, respondiendo a la obligación del gobernante de estar junto a sus representados en los momentos de angustia y de dolor.
Pero el gesto, rápidamente planeado desde la Casa Rosada, sólo apuntó a buscar el efecto mediático, y produjo apenas definiciones ideológicas: “El alud complicó una situación de pobreza estructural: mientras en Argentina unos tengan y quieran quedarse con todo y otros no tengan nada, con alud o sin alud van a pasar estas cosas”, dijo la presidente.
Cristina Kirchner prometió además el envío de técnicos para estudiar las causas del fenómeno, y un plan de viviendas para los que perdieron la suya. Los pobladores de Tartagal han escuchado promesas similares en los últimos 30 años cada vez que la naturaleza hizo sentir su furia, la última en el 2006. Nada les hará creer que esta vez es en serio.
Como casi siempre ocurre con las situaciones conflictivas en la Argentina, ni siquiera es posible contar con un diagnóstico cierto sobre las causas de estos fenómenos. Varias organizaciones ambientalistas culpan a los desmontes practicados para extender los cultivos de soja. Salta es una de las provincias donde más se ha extendido la frontera agropecuaria.
Pero algunos expertos rechazan esta interpretación. “Esto no se debe a los desmontes porque el aluvión se produce en la cuenca alta del río donde no hay producción”, explica el ingeniero agrónomo Roberto Neumann, que trabajó durante 40 años en el INTA de Salta.
Los vecinos de Tartagal coinciden con el criterio de Neumann, y apuntan el dedo contra las empresas petroleras, que sí desmontan río arriba, incluso a fuerza de dinamita. “Se ven los árboles y los cerros cortados a pico desde el aire”, relató Cristina Kirchner, al parecer más cómoda en el papel de cronista que en el de presidente.
La inacción del estado nacional respecto del problema, tanto durante su gobierno como el de su marido, ha sido notable. “Lo lamentable es que después de los aluviones de 2006 no se tomó ninguna de las recomendaciones para conocer las causas de estos fenómenos. No existen todavía los datos de precipitaciones en la cuenca alta para saber cómo se producen”, dice el ingeniero Neumann.
El gobierno se defendió de las acusaciones. “En 2006 se produjo un desborde del río Tartagal y se decidió canalizarlo. El puente estaba en plena ejecución, en un 75 por ciento”, argumentó el ministro del interior Florencio Randazzo. “Se tomaron las medidas necesarias, pero el alud nos sorprendió antes de finalizar las obras”. Tres años para construir un puente parece mucho tiempo.
Pero sea por los agricultores que buscan nuevas áreas para la producción, sea por las empresas de exploración petrolera que procuran el hallazgo de nuevos yacimientos, sea por las extracciones de la industria maderera, parece seguro que el desmonte indiscriminado tiene que ver con la ocurrencia de estos desastres. Las imágenes recibidas desde Tartagal muestran a las claras la acumulación de ramas arrastradas por el río.
No se trata de suspender la búsqueda de petróleo, ni de condenar la soja, ni de eliminar los aserraderos, todas actividades normales, legales y necesarias. De lo que se trata es de cumplir esas tareas racionalmente y con los estudios previos de impacto ambiental que resulten pertinentes. Esto, claro, aumenta costos, reduce ganancias, y da pie a conductas poco transparentes.
Los ingenieros que tendieron la red ferroviaria que se abre en abanico desde el puerto de Buenos Aires hacia todo el interior del país debieron elevar terraplenes en todo su trazado. Pero nunca pudieron atribuirse a esas obras inundaciones, ni desvíos de las aguas inadecuados para la vida o para la explotación de la tierra.
El problema de la deforestación es de una gravedad inusitada en el país, y se refleja en las insólitas alternativas meteorológicas que lo afectan, desde temperaturas extremas hasta sequías e inundaciones. El Congreso nacional lo encaró aprobando a fines de 2007 la llamada Ley de Bosques tendiente a regular los desmontes.
Pero esa ley carece todavía de la debida reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo, posiblemente porque el gobierno federal, como lo demostró con su veto a la ley de protección de glaciares, no tiene la menor preocupación por el cuidado del ambiente cuando éste colisiona con intereses económicos.
En este punto, el comportamiento de los gobiernos Kirchner ha acompañado puntualmente el de los últimos gobernadores de Salta, primero Juan Carlos Romero, de simpatías menemistas, y ahora Juan Manuel Urtubey, que llegó a la primera magistratura provincial bajo el estandarte del Frente para la Victoria.
La tala generalizada ha sido el denominador común de esas dos gobernaciones de signo opuesto, en proporciones que exceden las de los promedios provinciales. “La ley de ordenamiento territorial que se aprobó en diciembre autoriza desmontes en terrenos con un 15 por ciento de nivel de declive. Eso es una barbaridad técnica y produce este tipo de efectos”, dice Norma Naharro, del Foro Salteño por la Tierra.
Para redondear la imagen de Tartagal como imagen de la Argentina toda, también en este caso ha sido la Corte Suprema de Justicia la que tuvo que dar un paso al frente, y asumir las responsabilidades que le competen como institución del estado, cuando los otros poderes defeccionan o abdican de las suyas.
A fines del año pasado, el alto tribunal acordó por unanimidad citar a una audiencia que debe celebrarse el 18 de febrero a representantes de los gobiernos nacional y provincial para que expliquen por qué permitieron el desmonte de bosques nativos en el territorio salteño.
Como medida preventiva, la Corte ordenó suspender la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. El gobierno de Salta había dado autorizaciones para el desmonte en esa zona en el último trimestre de 2007, poco antes de que el Congreso aprobara la ley de bosques.
La Corte no actuó de oficio, sino en respuesta a un amparo interpuesto por las comunidades indígenas afectadas por el desmonte, en su mayoría wichis, que habían denunciado una “aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales” ante la tala indiscriminada.
El diputado Miguel Bonasso, autor de la ley de bosques, resumió así los reclamos sobre el cuidado del ambiente: “Parece que estuviéramos defendiendo el paisaje pero la Argentina está en riesgo de ser deshidratada y también asfixiada: están atacando los glaciares –el agua–, y los bosques, que son los pulmones del país”.
–Santiago González
Nota del editor: El viernes 13 de febrero el Poder Ejecutivo emitió el decreto que reglamenta la ley de bosques.