Al cabo de dos años, la fuerza desusada que llegó al poder con la promesa de detonar esa sociedad de hecho entre factores de poder (económico, político, judicial, mediático, sindical, etc.) llamada “casta”, no sólo terminó consolidándola sino que se convirtió en su rutilante mentora y guía. Las dos leyes promovidas por el oficialismo, y que obtuvieron media sanción en el Congreso, reflejan con singular elocuencia el abismo que separa los intereses de esa “casta” de las necesidades de los ciudadanos argentinos.
Bajar la edad de imputabilidad para combatir la delincuencia juvenil es absolutamente irrelevante en términos sociales, en principio porque el delito juvenil es estadísticamente insignificante, y en segundo lugar porque el proyecto no contempla ni asigna recursos para un régimen penal juvenil que en todo caso atienda las características y necesidades específicas de esa clase de delincuentes. Esta legislación no parece en sí más que un artículo de propaganda, pero la filosofía que lo alienta es temible, y está relacionada con el otro proyecto aprobado.
La reforma laboral que se proyecta no sólo despoja de un saque al trabajador de derechos y garantías conseguidos a lo largo de más de un siglo de luchas gremiales y sociales, sino que le desordena la vida al punto que vuelve prácticamente imposible para hombres y mujeres planificar una familia, y generar las condiciones adecuadas para la crianza y educación de los hijos. En realidad, el proyecto legaliza un proceso de quiebre social y familiar que se inició con el golpe militar de 1976 y fue continuado por todos los gobiernos llamados democráticos.
Hay ya tres o cuatro generaciones que no saben qué es un empleo formal, ni el aguinaldo ni las vacaciones, ni la jubilación en regla. El fenómeno de la delincuencia juvenil se explica principalmente a partir de la pérdida de empleos ocasionada por las reformas económicas de Martínez de Hoz y Menem (las mismas que con mayor salvajismo aplica hoy Milei), la descomposición de la estructura familiar resultante, y el fracaso y desnaturalización del sistema de educación pública, todo potenciado ahora por el efecto disruptivo de las nuevas tecnologías.
Las políticas del actual gobierno no sólo se desentienden de esos problemas sino que los agravan, y como los niños van a seguir naciendo de todos modos, la delincuencia juvenil no hará sino aumentar con el tiempo. La baja de la edad de imputabilidad es la respuesta del gobierno libertario -y de la casta que lo sostiene– a los efectos previsibles de sus reformas laborales, que empeoran una situación ya trágica en sí misma.
La pérdida de los derechos laborales significa el tiro de gracia para una sociedad integrada mayoritariamente por trabajadores, la rotura de la última armazón legal que de algún modo, y con alcance cada vez menor, la protegía mientras se degradaban su representación sindical y política, su identidad nacional y su conciencia histórica, su perfil étnico y sus creencias religiosas, su apego barrial y su arquitectura familiar, es decir todo aquello sobre lo que podía apoyar una respuesta organizada. La resignación y pasividad con que acepta la desgracia, inconcebible hace cincuenta años, revela la profundidad del quiebre.
En sus comienzos, el gobierno libertario puso en circulación un concepto novedoso, que hasta fue recibido con cierta simpatía: el de capital humano. Incluso se creó con ese nombre un ministerio que absorbió en su concepción inicial todas las carteras relacionadas con la promoción social: salud, educación, trabajo, asistencia. Parecía raro que una sola persona pudiese encargarse de gestionar los institutos destinados a abordar problemáticas tan diversas, pero la idea era otra: la idea era desbaratarlos, saquearlos y destruirlos como se vio después.
Ahora entendemos lo que significa realmente la idea de capital humano: el hombre, el ciudadano, el argentino, deja de ser el sujeto de la historia para convertirse en un insumo de la actividad económica: se habla de capital humano tan desaprensivamente como se habla de bienes de capital o de capital financiero, y se instala la noción de que lo que “trabaja” es el dinero, y no las personas que cosechan, fabrican, construyen, curan o educan. O protegen y defienden.
Despojadas de su calidad humana, las personas se vuelven usables, manipulables y en definitiva descartables, no sólo en la isla de Epstein. Como dijo el favorito presidencial Demian Reidel, “el único problema de la República Argentina es que está poblada de argentinos. Pero ya nos estamos ocupando de eso.” Las dos cámaras del Congreso, y los gobernadores provinciales y los líderes políticos que las orientan, sumaron pruebas esta semana sobre la naturaleza de esa preocupación.
—Santiago González