Con una acción en defensa de los aborígenes del Chaco, la Corte Suprema de Justicia ha debido intervenir nuevamente para que el gobierno -nacional y provincial- cumpla con sus obligaciones e incluya en su agenda de trabajo el cuidado de comunidades indígenas abandonadas al hambre, las enfermedades y el más extremo desamparo.
El alto tribunal dio a las autoridades un plazo de 30 días para ejecutar una medida que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, y medios de comunicación y transporte hacia los centros de salud a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas. La medida había sido dispuesta tras una presentación de la Defensoría del Pueblo en el 2007.
A fines del año pasado, la Corte había hecho a las autoridades y a las legislaturas reclamos similares en materia de minoridad, aunque más amplios y menos taxativos. Esta vez ordenó al gobierno nacional y al del Chaco la elaboración de un “acuerdo de desarrollo” para las comunidades, que debe incluir auditorías y monitoreos a fin de asegurar su cumplimiento.
El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, acompañado de los ministros Elena Highton y Raúl Zaffaroni, comunicó la decisión al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, durante una reunión mantenida esta semana, y de la que participaron el defensor del pueblo Eduardo Mondino y el director del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), el toba Orlando Charole.
Tras reiterados reclamos por la falta de ejecución de la medida cautelar dictada por el tribunal en 2007, personal de la defensoría del pueblo hizo a comienzos de marzo una visita a las comunidades tobas, para comprobar que la situación de los indígenas en materia de alimentación y salud había variado poco o nada en los casi dos años transcurridos.
“No se ha hecho hasta ahora todo lo que la emergencia está reclamando: el reciente fallecimiento de nueve bebés por falta de atención primaria se podría haber evitado si los agentes sanitarios hubieran llegado a tiempo”, dijo Mondino. Esas muertes se produjeron entre junio y diciempre de 2008.
El defensor del pueblo citó otras cifras, que describió como “espeluznantes”, recogidas por los observadores. “Sobre 1.100 nacimientos que informó el hospital de Castelli, hubo un 32 por ciento de abortos espontáneos”, dijo. “Y casi el 40 por ciento de los que se presentan a donar sangre son chagásicos”.
Los observadores de la Defensoría pudieron comprobar la falta de ambulancias, de laboratorios, de medicación, de obstetras y pediatras, y una muy pobre formación de los agentes sanitarios. Dijeron que muchas familias no reciben la visita de esos agentes, y que hay puestos sanitarios a los que no concurre médico alguno desde hace cinco meses.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entrega cada dos meses alimentos que según los enviados alcanzan para 10 a 15 días, y sólo dos o tres fardos con seis botellas de agua mineral de 1,5 litro. Este paquete es el mismo que reciben otras familias pobres de la provincia, lo que evidencia que no hay planes específicos para las necesidades de los indígenas.
La provincia del Chaco tiene en vigencia un Programa Alimentario Integral para el Impenetrable Chaqueño (Paicha), que el gobernador Capitanich, seguramente a falta de nutricionistas o médicos sanitaristas, puso bajo la conducción de un tal Manolo Bordón, de profesión periodista. Pero no fueron buenas noticias las que los amigos de Bordón llevaron a las comunidades.
Mientras los observadores de Mondino visitaban a los tobas, la legisladora justicialista Inocencia Charole (hermana del director de Idach) denunciaba en Resistencia que agentes del Paicha sometían sexualmente a niñas y adolescentes wichí a cambio de comida. “Como madre y como legisladora no voy a permitir que se les haga esto a mis hermanas, porque es algo que no tiene perdón”, aseguró Charole.
Con su emplazamiento, la Corte Suprema llamó la atención de los gobiernos sobre esta grave deuda social que mantienen aquéllos que han sido elegidos precisamente para saldarla. Y la deuda que el país tiene con los indígenas del Chaco es una de las que claman a gritos por la vigencia real de unos derechos humanos bastardeados como cartelito de campaña.
Las comunidades aborígenes del Chaco -principalmente tobas y wichís, pero también pilagás, mocovíes, matacos- vienen siendo expulsadas desde hace más de un siglo del hábitat del que obtenían su sustento, y sucumben diezmadas por la desnutrición y por enfermedades como tuberculosis, chagas, tifus y otras endemias.
Desde la década de 1960, principalmente los tobas comenzaron a buscar alternativas de supervivencia. Muchos emprendieron así un largo y doloroso camino de migración hacia el sur que los ha llevado hasta Santa Fe, el gran Buenos Aires, pero principalmente hacia Rosario, en cuyos márgenes habita ya una comunidad toba estimada en unas veinte mil almas.
La colonización del Gran Chaco se desarrolló con fuerza hacia fines del siglo XIX, con un doble propósito: asegurar el dominio argentino sobre un territorio también pretendido por Paraguay, y poner sus tierras al servicio de la explotación agropecuaria y forestal. En definitiva, y pese a las protestas del gobernador Manuel Obligado, fueron a parar a manos de especuladores.
En cuanto a los indios, se siguió el modelo del sur: correrlos a medida que avanzaba la frontera de los cultivos, u ocuparlos como mano de obra barata: braceros en los algodonales, hacheros en los obrajes. En julio de 1924, tobas y mocovíes de la reducción de Napalpí se rebelaron, y resolvieron marchar a Salta y Jujuy donde se les prometían mejores condiciones.
Era presidente Marcelo T. de Alvear, y gobernaba el Chaco Fernando Centeno. Para esa época, había ya en el territorio 50.000 hectáreas sembradas de algodón. Centeno impidió el éxodo de los indígenas, describió la situación como un “malón”, y ordenó a la policía abrir fuego contra los pobladores: hombres, mujeres y niños.
Cuarenta y cinco minutos después unos 200 cuerpos yacían en el lugar. Pero los indígenas chaqueños no lanzaban malones. No había existido lucha. No había bajas entre la policía. Los heridos con vida fueron degollados. Los cuerpos de los hombres fueron mutilados, y penes, testículos y orejas puestos en exhibición pública como escarmiento.
El sometimiento, la humillación, la marginación continuaron en el tiempo. Hace poco se vio por televisión el lacerante testimonio de muchos compatriotas de las etnias chaqueñas que mostraban sus documentos con nombres como Carlos Gardel, Juan Domingo Perón, Merengue Castro, Angel Labruna. Con ese escarnio, la República les reconocía la condición de ciudadanos.
–Santiago González