La acumulación de lo que suele describirse como deuda externa es la segunda mayor estafa consumada desde el Estado argentino en perjuicio directo y deliberado de sus ciudadanos, precedida por los diversos episodios inflacionarios, y seguida por la pesificación de los depósitos del 2001. Estas tres grandes estafas se inscriben en el mismo orden de cosas, pero la estafa de la deuda tiene características propias. La estafa de la deuda es la que más claramente pone en evidencia el hecho, reiteradamente señalado en este sitio, de que a partir del gobierno militar instalado en 1976 el país fue quedando progresivamente en manos de una mafia integrada por políticos, empresarios, sindicalistas y medios de comunicación, que actúa concertadamente a expensas del país y en beneficio propio.
Este comentario no pretende asociarse al coro de quienes deploran la implacable codicia de los fondos buitres. Al contrario, este sitio sostiene que los contratos deben cumplirse, las deudas deben pagarse, y la propiedad debe respetarse. Este comentario se propone en cambio preguntarse cómo es que debemos lo que debemos, y dónde fueron a parar las sumas cuantiosas que debemos, que habrían alcanzado para renovar toda la infraestructura productiva del país, incluyendo energía, transporte y comunicaciones. La respuesta a esas preguntas es muy difícil de encontrar, sin embargo, porque la cuestión de la deuda externa es intrincada, compleja, y rodeada de ocultamientos.
En primer lugar, la deuda externa no está bien definida. Cuando los “expertos” hablan de deuda externa no aclaran si se refieren en cada caso a deuda privada o deuda pública, o a deuda con acreedores del exterior o deuda denominada en moneda extranjera. Manipulando y escamoteando convenientemente estas precisiones se puede argumentar cualquier cosa.
En segundo lugar, la deuda externa no está debidamente justificada. El Estado argentino no cuenta con documentación que permita saber fehacientemente qué es lo que se debe y por qué. En más de un trámite de renegociación el Estado tuvo que preguntar a los acreedores qué era lo que se les debía.
En tercer lugar, la deuda no ha estado sometida a los controles que establece la Constitución. El Congreso no intervino para autorizar su constitución, se limitó a aprobar sin discusión su renegociación (casi siempre urgido por las circunstancias, como lo sigue haciendo), y nunca tuvo un papel activo en su investigación, ni se interesó por ella.
Y en cuarto lugar, casi como corolario de todo lo anterior, el Estado argentino no ha considerado necesario auditar la deuda. La constitución y la renegociación de la deuda externa ha sido casi exclusivamente investigada por historiadores o periodistas (Alejandro Olmos, Norberto Galasso), desde posiciones políticas o ideológicas muy definidas. Los profesionales de la economía y las finanzas se han dedicado en su mayoría a discurrir sobre la mejor forma de pagarla. Como respuesta a una demanda presentada por Olmos, la justicia condujo durante 18 años una investigación sobre la deuda contraída durante el proceso militar. El juez Jorge Ballesteros produjo en el 2002 un fallo lapidario, que giró al Congreso para que actuara sobre él. La legislatura ni lo leyó, a juzgar por su comportamiento posterior.
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