En resumidas cuentas, más allá de los insultos, las acusaciones, las especulaciones políticas y financieras, todo este merengue relacionado con los llamados hold-outs se reduce a saber si Rufo es un feroz mastín de mandíbula implacable, o un caniche toy. Y sobre este punto las opiniones están divididas, dentro y fuera de la Argentina, y las cosas no son tan sencillas como el oportunismo de una prensa y de una oposición política irresponsables quieren presentarlas para sacar réditos miserables de las penurias de un país. Para que quede claro: el problema en que está metida la Argentina en este momento es jurídico y no económico, aunque sus consecuencias sean económicas.
Nos encontramos en el predicamento en que nos encontramos por culpa de Néstor Kirchner y de Roberto Lavagna, que fueron los que echaron las bases de los canjes ofrecidos en el 2004 y en el 2010, con los que la Argentina reestructuró la deuda que había defaulteado en el 2001. Como resultado de ambas operaciones, el 93 por ciento de los acreedores aceptaron la oferta argentina, que suponía una quita del 70 por ciento, mientras que el siete por ciento restante prefirió litigar. Aunque a primera vista fueron operaciones exitosas, escondían riesgos que se conjugaron ahora para producir este embrollo: sometimiento a tribunales estadounidenses, no obligatoriedad del canje para la totalidad de los acreedores una vez superado cierto porcentaje, y la ahora famosa cláusula Rufo, que viene a ser casi el reverso de la anterior: si el más mínimo porcentaje de acreedores recibe un trato más favorable que los que aceptaron el canje, esa mejora tiene que hacerse extensiva a la totalidad de los bonistas.
Los acreedores de la Argentina que prefirieron litigar en los tribunales estadounidenses lograron que el juez Thomas Griesa reconociera su derecho a cobrar el 100 por ciento de lo que se les adeudaba, más intereses y punitorios, y a comienzos de 2012 ordenara a la Argentina el pago correspondiente, advirtiéndole que no podría continuar con sus pagos a quienes habían aceptado el canje sin saldar primero las deudas de los litigantes. La República, como se la menciona en la causa, perdió la apelación y no logró que la Corte Suprema de Justicia norteamericana escuchara su caso, a pesar de una multitud de testimonios de países, entidades y expertos financieros que apoyaron la postura argentina por entender que el caso, tal como estaba planteado, iba a impactar negativamente sobre futuros procesos de reestructuración de deuda soberana.
El gobierno argentino quedó así ante una difícil opción: por un lado, desacatar el fallo de Griesa, y arriesgarse a una especie de default como consecuencia de la orden judicial que impide a los bonistas recibir sus pagos porque, aunque la Argentina haya girado los fondos a sus intermediarios financieros, éstos están inhibidos de entregarlos a sus destinatarios; por el otro, aceptar el fallo de Griesa, pagar el 100 por ciento a los litigantes y arriesgarse a una andanada de juicios, amparados en la dichosa cláusula Rufo, por parte del 97 por ciento que se había allanado al canje y que había aceptado una quita del 70 por ciento, y que ahora reclamarían cobrar el 100 por ciento tal como los litigantes.
El gobierno argentino, tal vez como consecuencia del asesoramiento de su representación legal en los Estados Unidos, optó por el desacato y el default, aparentemente aterrorizado por la posibilidad de que cualquier acuerdo con los litigantes activara la cláusula Rufo con efectos devastadores que, según algunos cálculos, podían multiplicar la deuda soberana hasta los 500.000 millones de dólares. Todas las declaraciones oficiales de la última semana, tanto de la presidente, como del jefe de gabinete, como del ministro de economía, parecen sobreactuaciones destinadas a aventar cualquier sospecha sobre la disposición oficial a ofrecer a los litigantes un trato mejor que el que recibieron los que entraron al canje.
En general, los economistas consideran que de ninguna manera el cumplimiento de la orden de Griesa puede activar la cláusula Rufo. “En este fallo no hay embargos”, dijo José Luis Espert a la radio El Mundo. “La orden de Griesa de enero de 2012 es que la Argentina no puede pagar [a los bonistas sin pagar antes a los hold-outs]. Como la Argentina no puede pagar, ninguno de los intermediarios financieros que están involucrados en esto van a mandar la plata, porque estarían desacatando una orden de la justicia americana. Porque la orden de Griesa no es sólo a la Argentina, sino que involucra también a todos los intermediarios financieros que están en la cadena de pagos. La orden de Griesa pega en la Argentina y pega en los intermediarios.”
Los abogados, en cambio, incluídos los que conducen la defensa argentina en los Estados Unidos, son mucho más cautelosos. “Yo diría que cualquier preocupación es poca”, escribió en El Cronista Carlos Alfaro. “Y cualquier interpretación sobre el alcance legal del termino voluntary negotiation de la cláusula R.U.F.O. no es irrebatible. Esta sujeta a interpretación y a las circunstancias del caso. Y es precisamente este tipo de situación la que nos ha llevado a la situación actual. En efecto, como si no bastara como muestra la propia interpretación del juez Thomas Griesa sobre el pari passu (tiempo y forma de pago), así como la extensión extraterritorial de su sentencia, se afirma imprudentemente, de forma tajante y concluyente, que la posibilidad de que se interprete una negociación de cómo cumplir con la sentencia como violatoria de dicha cláusula, no existe. Nada mas lejos de la realidad jurídica y de la naturaleza de cualquier abogado asesor de tenedores de bonos. Ya hay abogados haciendo cola.”
Es este temor el que ha guiado la conducta del gobierno argentino. Digamos que la orden del juez Griesa que causó todo este embrollo parece más una reacción emocional del magistrado a las continuas agresiones y desconsideraciones verbales dirigidas contra su persona por las autoridades argentinas que una conducta inteligente y prudente. El juez obstruye los pagos de la Argentina a sus acreedores para obligarla a cumplir su sentencia o caer en default: es la herramienta que encontró para lograr que su decisión se cumpla, enterado de que el gobierno argentino tiene cierta inclinación a desconocer las sentencias judiciales que no le gustan. Por eso no concede la cautelar. Y los litigantes se mantienen firmes por las mismas razones: temen que una vez vencida la cláusula Rufo a comienzos del año próximo ya no tengan recursos para forzar a la Argentina a pagarles.
–Santiago González
Es posible que, de haber continuado en funciones Lavagna y Cía, se hubiese ido regularizando la deuda. No lo sabemos, pero es posible. Al menos, estaba todo “en foco”.
Lula le pagó al Fondo y Néstor – rápido el hombre – se copió (para no ser menos), pero con la intención de sacárselo de encima y evitar que hiciese preguntas sobre los destinos de los fondos públicos. Acto seguido prescindió de Lavagna y convenció, a los que después iban a formar parte de La Cámpora, de que no hacía falta ministro de economía porque con Él bastaba… Intervino el Indec, le imprimió mayor velocida d a la corrupción, y, en la carrera por organizar un REGIMEN DE DEPENDENCIA INTERNA, se desbarrancó. Cristina con el 54%, sintió que su narcisismo estaba justificado por el Universo y… aquí estamos: a punto de enseñarle al Mundo cómo hay que gobernar.
No soy economista, pero leyendo artículos como los suyos y unas cuantas cosas sesudas; pero, sobre todo, observando de dónde vienen, qué son y a dónde van, no me cabe duda de que la corrupción – hagan lo que hagan y digan lo que digan – es una variable que se ubica, cada vez más, en el núcleo de lo que puede explicar el actual proceso socio-político.
Gracias por su atención.
Aunque resulte sorprendente, la actitud de Griesa, un juez de larga experiencia es, en gran medida, emocional. Pero no siempre fue así. Vendría bien repasar las sucesivas ocasiones en las que el juez Griesa falló a favor de la Argentina, porque fueron unas cuantas (¡once dice Pignaneli!), y porque, posiblemente, lo hizo en consideración a un país, a una nación, a un pueblo, sin tener en cuenta a los mandatarios de turno… Pero, en 2012, cuando la fragata Libertad fue incautada en Ghana, el juez se enfrentó (estoy haciendo suposiciones) por primera vez, con la mandataria de los argentinos, una señora inmadura, mandona, caprichosa (véase el caso del monumento a Colón, por ejemplo) y demagógica como lo había sido su marido, pero sin la contención que aquél, al menos, le brindaba, hasta que se desbarrancó como un caballo a la carrera que se va de la pista…
Hace unas semanas – dos o tres -, Griesa afirmó, públicamente, “voy a hacer que Argentina no vuelva a incumplir nunca más un fallo judicial”.
El embrollo que usted contribuye a aclarar con su nota, está lejos de reducirse a una sola relación, como podría parecer a partir de una equivocada lectura de mi breve nota; pero en el centro de la escena, y en todo momento, están Ella y Él. Cristina – necesitada de un nuevo enemigo para su gesta heroica -, y Griesa – que no está dispuesto a despedirse de su larga actuación dejándose escupir y basurear por una persona (¡una mandataria, para colmo!) a la que él no le tiene admiración ni respeto -. El juez Griesa ha exagerado la nota, yo no tengo dudas; pero, por cierto, ¡ha contado para ello con una ayuda extraordinaria!
En alguna otra nota mencioné la larga paciencia que había tenido Griesa con la Argentina. Creo que perdió los estribos ante la desafortunada e injusta serie de agresiones, acusaciones y desprecios que recibió de parte del gobierno argentino; desde entonces nunca dejó de tener una frase que reflejara ese enojo: en la última dijo que la Argentina estaba “altamente descaminada” en su manera de encarar la situación. Como quiera que sea, por enojo o impericia, sus decisiones han creado una situación llena de complejidades que en lugar de facilitar una solución, la paraliza. El gobierno argentino ha dado pruebas últimamente de querer normalizar su situación con el mundo financiero y económico –Ciadi, Repsol, Club de París– no por un repentino ataque de virtud sino para conseguir créditos que le permitan llegar hasta el 2015 y cubrirse las espaldas, y no hay razones plausibles que expliquen por qué no lo quiere hacer ahora, excepto el temor, para algunos injustificado, a la cláusula Rufo. Griesa es el que puede disponer las cosas de manera que no queden dudas ni resquicios legales que permitian activar la infausta cláusula en caso de que la Argentina llegue a un arreglo con los demandantes. Cada vez que algún funcionario del gobierno lo agrede, esa posibilidad se aleja un paso más.