La acumulación de lo que suele describirse como deuda externa es la segunda mayor estafa consumada desde el Estado argentino en perjuicio directo y deliberado de sus ciudadanos, precedida por los diversos episodios inflacionarios, y seguida por la pesificación de los depósitos del 2001. Estas tres grandes estafas se inscriben en el mismo orden de cosas, pero la estafa de la deuda tiene características propias. La estafa de la deuda es la que más claramente pone en evidencia el hecho, reiteradamente señalado en este sitio, de que a partir del gobierno militar instalado en 1976 el país fue quedando progresivamente en manos de una mafia integrada por políticos, empresarios, sindicalistas y medios de comunicación, que actúa concertadamente a expensas del país y en beneficio propio.
Este comentario no pretende asociarse al coro de quienes deploran la implacable codicia de los fondos buitres. Al contrario, este sitio sostiene que los contratos deben cumplirse, las deudas deben pagarse, y la propiedad debe respetarse. Este comentario se propone en cambio preguntarse cómo es que debemos lo que debemos, y dónde fueron a parar las sumas cuantiosas que debemos, que habrían alcanzado para renovar toda la infraestructura productiva del país, incluyendo energía, transporte y comunicaciones. La respuesta a esas preguntas es muy difícil de encontrar, sin embargo, porque la cuestión de la deuda externa es intrincada, compleja, y rodeada de ocultamientos.
En primer lugar, la deuda externa no está bien definida. Cuando los “expertos” hablan de deuda externa no aclaran si se refieren en cada caso a deuda privada o deuda pública, o a deuda con acreedores del exterior o deuda denominada en moneda extranjera. Manipulando y escamoteando convenientemente estas precisiones se puede argumentar cualquier cosa.
En segundo lugar, la deuda externa no está debidamente justificada. El Estado argentino no cuenta con documentación que permita saber fehacientemente qué es lo que se debe y por qué. En más de un trámite de renegociación el Estado tuvo que preguntar a los acreedores qué era lo que se les debía.
En tercer lugar, la deuda no ha estado sometida a los controles que establece la Constitución. El Congreso no intervino para autorizar su constitución, se limitó a aprobar sin discusión su renegociación (casi siempre urgido por las circunstancias, como lo sigue haciendo), y nunca tuvo un papel activo en su investigación, ni se interesó por ella.
Y en cuarto lugar, casi como corolario de todo lo anterior, el Estado argentino no ha considerado necesario auditar la deuda. La constitución y la renegociación de la deuda externa ha sido casi exclusivamente investigada por historiadores o periodistas (Alejandro Olmos, Norberto Galasso), desde posiciones políticas o ideológicas muy definidas. Los profesionales de la economía y las finanzas se han dedicado en su mayoría a discurrir sobre la mejor forma de pagarla. Como respuesta a una demanda presentada por Olmos, la justicia condujo durante 18 años una investigación sobre la deuda contraída durante el proceso militar. El juez Jorge Ballesteros produjo en el 2002 un fallo lapidario, que giró al Congreso para que actuara sobre él. La legislatura ni lo leyó, a juzgar por su comportamiento posterior.
Las conclusiones del fallo describen adecuadamente la manera como el Estado y el sector privado han obrado conjuntamente en la generación de esta estafa a los ciudadanos argentinos:
“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado. Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento. A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las Empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio. Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.”
En el mismo año, 2002, en que el juez Ballesteros escribía sus conclusiones, dos economistas, Matías Kulfas y Martín Schorr, publicaban un trabajo sobre La deuda externa argentina en el que decían lo siguiente:
“La deuda externa tuvo su génesis histórica en el período que se abre a partir de la última dictadura militar. (…) El negocio del endeudamiento externo consistía, esencialmente, en aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés locales e internacionales. De este modo, las divisas ingresaban al país, se cambiaban al apreciado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, operatoria que arrojaba cuantiosas ganancias (que, en su gran mayoría, posteriormente se remitían al exterior). (…) Hasta fines de los años setenta se trataba esencialmente de una operatoria sesgada al sector privado (el endeudamiento público estaba asociado a las recurrentes crisis de balanza de pagos características del modelo sustitutivo). Posteriormente, también el Estado comenzó a participar asiduamente del endeudamiento, ejerciendo el papel de garante del mencionado proceso. El alza de las tasas de interés internacionales y el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz pusieron fin a la operatoria. En 1981 la moneda se devaluó en forma significativa y el sistema financiero estuvo al borde del colapso. La “solución” fue aportada por el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, quien resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de su deuda con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la inflación y las posteriores devaluaciones la fueron licuando y se produjo, en los hechos, la estatización de la deuda externa privada”. 1
En otras palabras, la deuda externa argentina, que en los años de la dictadura pasó de 8.000 a 45.000 millones de dólares, se contrajo de manera en parte legal y en parte fraudulenta, por parte del sector privado con la complicidad del Estado, con el único objeto de obtener una renta financiera, y nunca sirvió para inversiones de infraestructura o productivas, privadas o estatales. Al contrario, una empresa como YPF, que se habría beneficiado de créditos baratos para mejorar su operación, se convirtió durante la gestión del general Guillermo Suárez Mason en una pantalla para obtener los 423 préstamos fraudulentos mencionados por el juez Ballesteros, e ingresó al Guinness como la única petrolera del mundo que daba pérdida.
En momentos en que los acreedores están golpeando a la puerta este viaje al pasado puede parecer ocioso. Pero ocurre que es esa plata, más alguna otra, lo que nos están reclamando. “Hablan de dos deudas, la deuda vieja, que es la de la dictadura, y la nueva, que es la del proceso democrático”, dice Alejandro Olmos Gaona, hijo del denunciante en la causa de Ballesteros. “Eso es una ficción, porque toda la deuda de la democracia es la deuda vieja de la dictadura permanentemente reciclada. No es una deuda distinta, excepto algunos préstamos específicos de organismos multilaterales. En general, el stock de la deuda viene de la dictadura.(…) Durante la presidencia de Alfonsín la deuda creció fundamentalmente por falta de pagos de intereses. La deuda externa empieza a crecer desmesuradamente a partir del plan Brady del 92.”
En estos días han circulado bonitos gráficos mostrando cómo la deuda externa no hace más que subir, a pesar de que la Argentina ha pagado con dinero, ha pagado con empresas públicas, y ha obtenido quitas importantes en los montos adeudados. “Cristina dijo que éramos pagadores seriales. Que pagamos, del 2003 al 2013, 173.000 millones de dólares”, comenta Olmos Gaona. “Si uno toma como buena esa cifra y hace el cálculo de lo que pagamos de 1983 a hoy, hemos pagado 400.000 millones de dólares sobre una deuda de 45.000 millones. Y seguimos debiendo 220.000 millones de dólares.” Otros cálculos llevan la deuda pendiente a 250.000 y a 270.000 millones. Las cifras son impresionantes, pero deben ser tomadas con pinzas mientras no se sepa de qué se esta hablando. Falta una minuciosa auditoría de la deuda, auditoría que debería realizar el Congreso, constitucionalmente obligado a ocuparse del tema.
Sin esa auditoría es difícil decir por qué aumenta la deuda. Algunos sostienen que la deuda aumenta porque se la ha renegociado mal, en algunos casos por impericia y en otros a sabiendas (porque hay quienes cobran jugosas comisiones en cada renegociación). Al “plan Brady” de Carlos Menem y Cavallo le siguieron el “blindaje” y el “megacanje” en tiempos de Fernando de la Rúa, y las dos instancias del canje de deuda conducidas por el kirchnerismo (con quitas importantes), más el reciente acuerdo con el Club de París, que sirve de ejemplo para todos los anteriores: entramos a la reunión debiendo 6.000 millones de dólares y salimos debiendo 9.700, y nadie puede explicar por qué. Muchos presumen que, siguiendo la tradición iniciada en 1982 con el seguro de cambio y seguida en el 2001 con la pesificación asimétrica, se haya incluído deuda privada en la negociación. Cada canje de deuda, además, blanquea endeudamientos anteriores y hace más difícil su investigación.
La justicia tampoco hace su trabajo. Tras el fallo Ballesteros, cuenta Olmos Gaona al sitio La Política Online, “se reactiva una nueva causa, que había iniciado mi padre, para investigar la deuda del 83 en adelante. Yo en el 2006 meto una nueva denuncia para que se investigara hasta el último canje de Kirchner. (…) La causa está activa acumulando papeles pero no hay interrogatorios ni pericias. (…) Si no hay colaboración del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, si la Sindicatura [General de la Nación] no quiere intervenir, si el juez no se mueve, ¿qué resultado puede tener ese juicio? Indudablemente, ninguno.” El endeudamiento, que pesará sobre varias generaciones de argentinos, es tema tabú para el Congreso, para la justicia, y también para la gran prensa, que nunca le ha dedicado “notas de investigación”.
Olmos Gaona fue invitado a participar en la auditoría de la deuda ecuatoriana. “Los procesos eran idénticos”, relató. “Deuda original de la dictadura, refinanciaciones de la democracia, estatización de la deuda privada en el 82, plan Brady en el 94 allá, y en el 92 acá (y con el mismo nombre), emisión de bonos para Megacanje de deuda en el 2000, que acá se hizo en el 2001 con Cavallo. Idéntico. Los abogados decían lo mismo, los contratos eran los mismos. Esta es una especie de matriz hecha por un conjunto de bancos que la aplicaron en la Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia. El único que se atrevió a desnudar el sistema fue Rafael Correa. A mí siempre me llamó la atención por qué acá no quieren hacerlo. Acá los dos partidos mayoritarios son los responsables de la renegociación y de que [la deuda] haya crecido desde el 83 hasta hoy. No se salvan ni la UCR ni el PJ. Ambos han gobernado y han sido responsables de todo el proceso. De ahí pienso que a ninguno le interese la auditoría, porque en una época van a caer unos y en otra van a caer otros.”
Algunos economistas y observadores responsabilizan también a la política, pero no por connivencia con una supuesta conspiración de la banca internacional, sino por su desmanejo de las finanzas públicas, porque gastan más que lo que recaudan, y cubren la diferencia emitiendo moneda o tomando crédito. “No hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin políticos gastomaníacos”, repite el economista José Luis Espert. “Lo que no dice la clase política cuando se rasga las vestiduras sobre el pago de la deuda externa, deuda que nunca se debería haber tomado porque la recaudación hace 40 años que no para de crecer como porcentaje del PBI porque los impuestazos son la adicción de todos los gobiernos, es que no hay un solo peso de los u$s 150.000M que se recaudan hoy porque se lo gastan todo en clientelismo, amiguismo y corrupción.” Lo que Espert llama clientelismo, amiguismo y corrupción este sitio lo resume en la palabra mafia, y en todos los casos significa apropiación sistemática y organizada de recursos públicos por parte de privados afines al poder. Es esa mafia la que estuvo en el origen de la deuda, y la que condicionó su incremento con la complicidad de la politica.
–Santiago González
- Cavallo siempre deslindó responsabilidades en esa licuación de pasivos, y la atribuyó a una modificación posterior en las condiciones del seguro de cambio: Circular BCRA 229/82 –S.G. [↩]
Algunas preguntas Santiago: (i) ¿porqué dice que la deuda “no ha estado sometida a los controles que establece la Constitución”? En cada ley de presupuesto se prevé la deuda que el Gobierno Nacional puede tomar, y existe la Cuenta de Inversión donde se da cuenta de esa aplicación (aprobadas todas salvo la de 2019). La CN no establece la necesidad de una “investigación”, sino su aprobación por el poder legislativo (“arreglar” el pago de la deuda, dice exctamente). Sí establece otros límites para el endeudamiento (pero eso es otra historia, no una cuestión de controles -vgr. arts. 4 y 75 inc 4 y 7 de la CN, facultades delegadas en el PEN en cada ley de presupuesto, pero aprobadas a posteriori al aprobar la cuenta de inversión- ). Francamente no veo donde se ha omitido la intervención del poder legislativo; (ii) ¿qué significa “auditar” la deuda exactamente? ¿Determinar la utilización de los fondos obtenidos? Esto cualquier persona que se dedique a las finanzas sabe que es ocioso, porque uno no aplica fondos específicos a finalidades específicas, sino que, como dice el art. 4 de la CN, todo es parte del “Tesoro” de la nación. Por otra parte la visión de que todo el endeudamiento es producto del “carry trade” (el diferencial de tasas) es absurda, la causa real de la deuda es el enorme déficit fiscal, que requiere de más fondos que los que el PBI interno es capaz de aportar. El carry trade lo que lleva es a una crisis de la balanza cambiaria que puede o no concluir en un crisis de deuda por el peso de la deuda en moneda extranjera (no ocurre, por ejemplo, cuando la crisis de balanza se soporta cerrando el mercado cambiario, como en 2012-2015), pero no es el carry trade de ningún modo el origen de la deuda, eso, en mi humilde opinión es poner el carro delante del caballo. El origen de la deuda es, claramente, el déficit fiscal, como bien lo dice Espert a quien Ud. mismo cita. Y si no, mirese lo que ocurrió en toda la década del 90, donde no existía licuación por inflación, sino que, al no poder emitirse (cobrando el impuesto inflacionario), los gobiernos (nacional y provinciales) debían obtener créditos externos para pagar sus déficits. En esos años no existió el carry trade. Finalmente ¿qué deuda privada se incluyó en la reestructuración de 2000/2001 (abortada en su faz externa por el golpe peronista)? El fallo del Juez Ballesteros en Olmos es un compendio de intencionalidad política, repleto de sinsentidos y oscuridades y carente de precisiones técnicas, además de un mamotreto ilegible, me extraña que lo cite como una fuente razonable y confiable sobre cualquier aspecto de la deuda. Pero, por sobre todas las cosas, a pesar de haber sido dictado en el año 2000 no dice una sola palabra de la deuda tomada entre 1982 y 2000… Todo esto, sin perjuicio de coincidir en lo sustancial sobre lo nocivo de contraer deuda, claro está, pero no por lo motivos que Ud. señala, sino por otros muy distintos. Saludos muy cordiales, N
Respecto de su primer punto, la Constitución asigna al Congreso la responsabilidad de “contraer” y “arreglar” el endeudamiento interno y externo del Estado. La función del poder legislativo en el sistema republicano es debatir las cuestiones sometidas a su consideración. No recuerdo, y tal vez sea mi mala memoria, debate legislativo alguno sobre la necesidad de contraer tal o cual deuda ni sobre las condiciones en que se la contrae ni sobre los tribunales a los que se la somete, ni nada de lo que de una manera amplia se describe en la nota como “control legislativo”. En cambio, tal como usted correctamente lo describe, el Congreso ha funcionado habitualmente como escribanía que refrenda las decisiones del Ejecutivo, a veces de facto y otras de iure, luego de haber transferido directamente sus responsabilidades invocando una eterna emergencia económica. Todo este procedimiento puede ser descripto de muchas maneras, lo que no puede decirse es que respete el espíritu del ordenamiento republicano. El endeudamiento del país, como usted reconoce, es una cuestión lo suficientemente grave en sus efectos como para que los diversos organismo de control y auditoría se ocupen de examinar el destino de los fondos obtenidos por ese medio. No es cierto que una vez ingresados al “tesoro” se pierda el rastro del dinero: hay una magnitud en juego que no se puede ocultar. La nota no dice que todo el endeudamiento sea producto del “carry trade” aunque ése haya representado una porción importante de su utilización. Otra parte del origen de la deuda, no todo, es el déficit fiscal, ocasionado hasta en una quinta parte por el pago de sus intereses, que crecen en una proporción misteriosa o desconocida para la opinión pública. Respecto del fallo del juez Ballesteros, no es función de esta columna decir si es bueno o malo sino darlo a conocer, o traerlo a la memoria de quien lo haya olvidado. En todo caso, es un fallo emitido por un poder del Estado, y me llama la atención el rigor diferente con el que usted trata al Legislativo y al Judicial. Me gustaría finalmente responder a su distinción sobre los motivos nocivos de contraer deuda, pero no la entiendo. Toda esta discusión sería innecesaria si el Congreso entregara a los ciudadanos cuyos intereses representa una planilla de Excel con los detalles de la deuda contraida desde 1976, el destino que se le dio, los intereses y el capital pagados desde su constitución, la identidad (fluida) de los acreedores, y lo que debe cada argentino al día de la fecha. Gracias por compartir sus reflexiones en este sitio.
Usted dice: “En momentos en que los acreedores están golpeando a la puerta este viaje al pasado puede parecer ocioso”.
Pero sabemos que no, que no es ocioso; que es necesario; y que, entre otras cosas, explica porqué los argentinos vivimos obsesionados con el pasado y no podemos soltar amarras: porque “el pasado nos condena”.
El gobierno actual y sus vástagos (la Cámpora, los autodenominados “jóvenes”) es, estrictamente hablando, un representante directo del pasado; de un pasado que no termina de pasar; una continuación del rosismo y del peronismo, en sus aspectos más retardatarios, que se “coló” aprovechando la crisis del 2001 y se nos puso por delante disfrazándode de progresista…
Hace muchos años que no estamos en buenas manos; tan sucias y torpes son que transformaron a un aliado, Griesa, en un despechado circunstancialmente poderoso enfrentado con el Estado argentino y su actual administración. Griesa debe opinar de Cristina lo mismo que opinan los extranjeros en general: intratable e insoportable, una delirante desubicada e históricamente atrasada que solo entiende a los cachetazos.
Su artículo es una contribución de primera mano para ejercitarse en la memoria de la deuda. Quizás la actual situación, ponga en crisis el pacto de silencio en torno a la deuda.
La deuda debe ser auditada de una vez por todas, no para no pagarla porque probablemente ya no se pueda, sino para que queden bien expuestas las razones de su acumulación –desde la corrupción a la irresponsabilidad fiscal– y los ciudadanos estén bien enterados y alertas para evitar ser estafados como lo fue nuestra generación. Gracias por visitar este sitio.
Es increíble que a pesar del efecto agobiante que la deuda tiene sobre el país ni este gobierno, que se autoproclama defensor de los intereses nacionales, ni los opositores, planteen el tratamiento del problema de fondo: la auditoria de la que usted habla. El hecho de que Correa lo haya hecho, con mucha astucia, demuestra que es sólo una cuestión de voluntad política y no un imposible.
Una auditoría no resolvería el problema que representa el pago de la deuda, porque los acreedores no reclaman otra cosa que lo que la Argentina se comprometió a pagar. Pero una auditoría serviría para sacar a luz la compleja trama de relaciones entre el poder económico y el poder político, y allí muy pocos aparecerían con las manos limpias. Nadie tuvo interés en investigar qué pasó en el 2001 tampoco, y por las mismas razones. La gran prensa ni roza estos temas, y también por las mismas razones.