La decisión gubernamental de declarar caduca la licencia de la empresa Cablevisión-Fibertel, proveedora de acceso por cable a la red Internet, constituye, si no una flagrante violación de la ley, al menos un empleo retorcido y manipulador de las normas, y del poder del estado, en pos de un objetivo político, en este caso destruir al grupo Clarín.
No está claro si esta medida llegará a cumplirse; lo que sí es cierto es que ya impactó muy negativamente en el corazón de la clase media –principal usuario de esta clase de servicios y probablemente el más inquieto, activo y dispuesto a hacer escuchar sus opiniones– cuyos favores el kirchnerismo quería supuestamente conquistar con vistas al 2011.
La resolución de la Secretaría de Comunicaciones pasa por alto los intereses de los clientes de Fibertel, entre ellos gaucho malo, y las razones por las que decidieron optar por este proveedor y no por otro. Esta intromisión en los acuerdos entre privados se alinea con la pesificación de los depósitos y la confiscación de las jubilaciones privadas.
No es cierto que existan alternativas tecnológicamente comparables al servicio que presta Fibertel. Incluso en la capital federal, donde la oferta es más amplia, la única empresa que brinda algo similar –banda ancha por fibra óptica/cable coaxial– es Telecentro. Lo que ofrecen las telefónicas no es ni remotamente comparable desde el punto de vista técnico.
La sociedad reacciona de manera notable cuando se siente tocada en un interés particular, como en este caso, pero parece más tolerante o indiferente a las denuncias sobre violación del estado de derecho, de la seguridad jurídica, de las garantías individuales, cuando se refieren a hechos que percibe como más lejanos, o al menos lejos de su comprensión.
Llevamos tan arraigada la noción de que en nuestro país la ley es algo relativo, que a veces rige y a veces no, o que rige para algunos y para otros no, que en vez de reaccionar con energía ante cada caso flagrante de violación, porque en cada uno se juega nuestra libertad, más bien tratamos de acomodar la conducta a ese contexto incierto.
Como el sapo puesto a hervir a fuego lento, nos vamos sumergiendo progresivamente en ese sopor ciudadano. No nos damos cuenta del costo enorme que nos impone en nuestra vida diaria esa incertidumbre normativa; costo material, en término de intereses afectados, pero también costo emocional: hay pocas cosas más desgastantes que la anomia.
En estos días hemos leído en los diarios de Buenos Aires varias crónicas sobre los argentinos que viven ilegalmente en los Estados Unidos. Los entrevistados describieron con todo detalle las dificultades que deben sortear para llevar adelante su existencia en esas condiciones, bajo la permanente amenaza, además, de ser descubiertos y deportados.
Sin embargo, pocos de ellos manifestaron deseos de regresar voluntariamente a la Argentina, a pesar de toda su nostalgia. Seguramente sin quererlo, nos enviaron una lección y un mensaje: es preferible vivir en los intersticios de la ley en un país donde la ley rige, que vivir dentro de la ley en un país donde la ley no rige.
–Santiago González