Amparos, carpas y periodistas

Esta semana, un juez federal de Córdoba hizo lugar a un pedido de amparo y ordenó a los docentes de un colegio secundario poner fin a una medida de fuerza y reanudar el dictado de clases. Desde el comienzo del ciclo lectivo, los alumnos de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad de Córdoba, sólo tuvieron dos días y medio de clases antes de que sus docentes se declararan en “asamblea permanente”, invocando conflictos locales y nacionales. Un grupo de padres pidió entonces una medida cautelar en defensa del derecho de sus hijos a recibir educación, y para que las autoridades “cesaran la conducta omisiva de tolerar con pasividad las asambleas”, según explicó uno de ellos. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes aceptó el requerimiento y ordenó “disponer el inmediato retorno a las aulas de los docentes a los fines del dictado de clases, debiendo las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba y de la institución educativa mencionada arbitrar las medidas necesarias tendientes al cumplimiento de lo ordenado”, según se lee en su decisión. El fallo reconoció el derecho de los docentes al reclamo laboral pero dijo que debía ser compatibilizado con los derechos de la comunidad, en particular “el derecho primordial de los alumnos a ser educados”, derecho que, dice, “nunca puede desatender el Estado.” El episodio es ejemplar por dos razones: primera, porque muestra a un grupo de padres responsables, y decididos a pasar a la acción en defensa de los derechos de sus hijos; segunda, porque muestra a un juez capaz de ponderar los derechos y las obligaciones de cada parte involucrada en un conflicto, y que no se escapa por la tangente. En el contexto de los paros docentes, de las carpas, y de las tomas de colegios que azotan el país, la que comentamos merecía ser una noticia de primera plana, justamente por su carácter ejemplar sobre el comportamiento de la sociedad civil y el funcionamiento de las instituciones. Pero no lo fue; de hecho no la vi recogida por la gran prensa, con excepción de un suelto en La Nación, cuya corresponsal en Córdoba merece reconocimiento. La distracción editorial no sorprende ni es casual: desde el regreso de la democracia, las redacciones argentinas han sido cooptadas por una cofradía progresista, que ejerce –por debajo y por detrás de las jerarquías– un control editorial mucho más riguroso, aceitado y coordinado que lo que nadie puede imaginarse. Alguien decide que merece más espacio y atención el carnaval de la carpa itinerante que la actitud resuelta (y peligrosamente imitable) de un grupo de padres en defensa de los derechos de sus hijos, alguien decide que merece más espacio la retórica mentirosa de la CTERA que el fallo ejemplar de un magistrado. Y ese alguien, el progresismo, la izquierda, es cómplice importante del desorden, la confusión y la inercia que garantizan la decadencia argentina.

–Santiago González