Números

El censo, la estadística, la cuenta, están en la base de toda organización social. De hecho, no es posible siquiera la forma más elemental de sociedad humana sin un recuento de sus integrantes, que permita al grupo tener idea de las propias fuerzas y asignar tareas y responsabilidades con una cierta eficacia. Esto ocurre incluso en el nivel familiar.

En su camino incesante hacia la disolución, la sociedad argentina está destruyendo la credibilidad de sus sistemas de cuentas, censos y estadísticas, públicos y privados, lo que implica no sólo el resquebrajamiento de una de las columnas fundamentales de su organización social sino la imposibilidad de ejercer en el futuro una acción eficaz en cualquier campo.

Lo ocurrido con el Instituto Nacional de Estadística y Censos es sólo la manifestación más visible y grosera de ese fenómeno, que además se extiende hacia los ámbitos de la salud, la educación, la demografía y otros, como los accidentes de tránsito o los derechos humanos, con amplia participación no gubernamental, y en los que hemos asistido a vergonzosos debates.

En el relato bíblico, “Números” es el nombre de uno de los libros del Pentateuco o la Torá (en hebreo el nombre del libro es “Bamidbar Sinai”, En el desierto de Sinaí). Antes de emprender el viaje hacia la tierra prometida, Moisés recibe de Dios la orden de contar a su pueblo, para discernir responsabilidades tales como el liderazgo o la portación de armas.

Anteriormente hubo censos en Egipto en el período faraónico, y los hubo después en el imperio persa para asignar tierras e impuestos. El censo alcanzó un alto nivel de refinamiento en Roma, y fue clave para la buena administración del imperio. Hubo censos en China, en la Europa medieval (el Domesday Book), y en el imperio Inca, donde los datos se asentaban en quipus.

Hacia el siglo XVIII, el censo evoluciona hacia la estadística, unida desde su mismo nombre a la noción de Estado, y que mide una amplia gama de indicadores sociales, especialmente demográficos y económicos, también con fines administrativos, pero además como una herramienta para la formulación de políticas.

En la Argentina, el primer censo se realiza en 1869, como parte de los esfuerzos orientados hacia la organización nacional. En 1894 se crea la Dirección Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Hacienda. En 1944, siguiendo los vientos de la época, pasa a ser Consejo Nacional de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio del Interior, y relacionado con la defensa.

El INDEC nació bajo los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva.

Durante los dos mandatos de Juan D. Perón, y con diferentes nombres, el organismo estadístico se ubicó en el ámbito del Ministerio de Asuntos Técnicos, y tras la revolución de 1955 pasó a depender, de diferentes maneras y con distintos grados de independencia, de la rama económica del gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que hoy nos aflije nació en 1968, en virtud de la ley 17.622, que le encomendó ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales, y estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional, bajo los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva.

Este es el instituto cuya destrucción emprendió alegremente el gobierno Kirchner, con la irresponsabilidad de un adolescente que rompe un farol a pedradas, marcando una era de confusión generalizada acerca de dónde está parado el país en cualquier área de su actividad. Recordemos: instituto tiene que ver con las instituciones, estadística tiene que ver con el Estado.

Pero el gobierno no está solo en esto. Más bien es el emergente de una sociedad embrutecida que hace gala de su desdén por la cosa pública, de su desconsideración por el prójimo, de su falta de respeto por los antepasados. Todo lo que en las sociedades civilizadas se trata con seriedad, aquí se manosea, se toma a la chacota. Empezando por los números.

Las organizaciones no gubernamentales que se mueven en el ámbito de los derechos humanos sostienen con tanta unanimidad como carencia de pruebas que 30.000 personas desaparecieron durante la ofensiva de la última dictadura militar contra las organizaciones armadas subversivas y la izquierda en general.

La señora Graciela Fernández Meijide, ex senadora y madre de un desaparecido, decidió volcar en un libro sus experiencias en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Para dar una cifra segura sobre el número de desaparecidos, llamó a la Secretaría del ramo donde, según contó, le retacearon la información.

La Secretaría de Derechos Humanos parece incapaz de respaldar sus propias cifras.

Sin embargo, encontró la nómina que buscaba en la página que la mencionada Secretaría tiene en Internet. Se tomó la molestia de contarlos uno por uno, y llegó a una cifra inferior a los 8.000, que fue la que asentó en su libro, y que –presumiblemente tras sucesivas depuraciones– es menor incluso que la que aparece en el volumen “Nunca más”.

Esto, claro, contradice la imaginaria cifra de 30.000 desaparecidos que los progresistas han tratado de grabar a fuego en la opinión pública a fuerza de repetirla. Consecuentemente, los progresistas, y los que han hecho de los derechos humanos un modo de vida, se abalanzaron sobre la yugular de la señora Fernández Meijide como si 8.000 fuera menos horrible que 30.000.

Si la Secretaría de Derechos Humanos parece incapaz de respaldar sus propias cifras, ¿cómo sabe entonces la sociedad cuántas personas desaparecieron bajo la dictadura militar? Simplemente no lo sabe. Como tampoco sabe cuántas fueron las víctimas de las organizaciones subversivas, porque esa misma secretaría parece entender que el asunto no le atañe.

Los diarios nos abruman de tanto en tanto con escalofriantes cifras sobre víctimas de accidentes de tránsito, a menudo provistas por organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema. Esas cifras, de fuente privada como las de los desaparecidos, sorprendieron al director de seguridad vial de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Martínez Carignano.

“En vez de exhibir sus procedimientos nos sugieren que los contratemos.”

Sus propios números, aproximadamente coincidentes con los compilados separadamente por el gobierno nacional para el mismo distrito, le decían que el número de víctimas fatales en la ciudad venía descendiendo sostenidamente desde el 2007. Preocupado por la discrepancia, acudió a esas organizaciones, y éste es su relato de la experiencia:

“Les preguntamos cómo llegan a esos datos, y nos responden ‘por estimaciones propias’. Les preguntamos cuál es su fuente de información, y nos responden ‘preferimos no revelarlas’. Les preguntamos cómo es que difunden datos de provincias que públicamente reconocen no tenerlos sistematizados, y nos responden con el silencio.

“En síntesis, queremos saber si su discurso de que cada vez estamos peor tiene alguna base científica y nos encontramos con que en vez de exhibir sus procedimientos nos sugieren que los contratemos para dar charlas de concientización o que paguemos avisos en sus revistas”.

¿Cómo sabe entonces la sociedad cuántos mueren en las rutas? Simplemente, no lo sabe. No puede saber si las cifras oficiales han sido reducidas artificialmente para mostrar el éxito de las políticas públicas, o si las cifras privadas han sido infladas a propósito como recurso extorsivo.

Cada vez que reaparece el tema de la legalización del aborto, quienes están a favor de la idea lanzan la cifra escalofriante de 500.000 mujeres que interrumpen sus embarazos cada año. Por cierto, es muy difícil llevar estadísticas sobre una práctica clandestina pero quienes invocan esa cifra no se molestan en explicar cómo llegaron a ella, pese a su impacto emocional en el debate.

Del mismo modo, cada vez que un menor protagoniza algún hecho delictivo impactante en la opinión pública resurge el tema de la imputabilidad de los menores. Pero no hay datos ciertos sobre la proporción de delitos cometidos por menores, y tampoco sobre la proporción de delitos graves cometidos por menores. Como en el caso anterior, el debate es inconducente.

Los productores afirman que cierra un tambo por día, pero no lo respaldan con datos ciertos.

Los productores agropecuarios afirman con pareja insistencia que las desafortunadas políticas oficiales están arruinando la producción lechera, y provocando prácticamente el cierre definitivo de un tambo por día. Pero no han aportado una estadística ni siquiera aproximada que corrobore el dato, y el secretario de agricultura pudo darse el lujo de decir que esa situación no le consta.

El Banco Central asegura tener una cantidad determinada de reservas. No pocos economistas privados disputan esas cifras, y dicen que si se descontaran ciertas obligaciones serían considerablemente menores. Obviamente, el Central rechaza los cuestionamientos. ¿Cómo sabe entonces la sociedad cuál es la salud del tesoro nacional? ¿A quién le cree?

El organismo tributario nacional afirma que la recaudación del último mes superó a la del año pasado. Nuevamente, economistas privados afirman que si se descuenta de la cifra anunciada el aumento nominal provocado por la inflación y el efecto de la apropiación de aportes que antes iban a las AFJP, la recaudación en realidad cayó. ¿Con cuál versión se queda el ciudadano?

Tenemos la vaga noción de que la educación no funciona bien en la Argentina, pero no sabemos claramente cuánto aprovechan los alumnos del sistema público: las autoridades educativas se resisten a tomar pruebas de rendimiento. Los resultados deplorables que conocemos provienen de evaluaciones conducidas por organismos internacionales. ¿Dónde estamos parados?

Sólo tenemos datos parciales, o bien sesgados según algún interés político, económico o ideológico.

Esta recorrida podría seguir por otras áreas de la sociedad, como la salud, el trabajo, la energía, el ambiente, la demografía, la agremiación, la afiliación a partidos, etcétera, etcétera. Pero sobre estos temas, como sobre los otros, sólo tenemos datos parciales, o bien sesgados según algún interés económico, político o ideológico.

El otrora prestigioso INDEC, que se mantuvo a lo largo de cuatro décadas como un ancla de institucionalidad frente al desmanejo generalizado, ya ni le sirve al gobierno que lo destruyó. Sus últimas estadísticas dicen que hay un 15 por ciento de pobres pero el ex presidente, que al parecer confía más en su buen ojo, conjeturó que la cifra debe llegar al 22 por ciento.

El observatorio de la deuda social que funciona en el ámbito de la Universidad Católica sostiene que el número se aproxima al 40 por ciento. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? No lo sabemos. Y mientras no sepamos esto, ni otras cosas como las mencionadas, no podremos siquiera pensar en emprender el viaje a través del desierto para encontrarnos con nuestro destino.

–Santiago González

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