En su edición del 24 de marzo pasado, el sitio de noticias Infobae publicó un artículo de Juan Bautista Yofre con testimonios de las semanas previas al golpe militar de 1976 que vale la pena repasar. La noción convencional que hoy se tiene sobre esos días es que los militares se vieron obligados a tomar el poder para salvar al país de la amenaza guerrillera, que el gobierno de María Estela Martínez no podía, no sabía o no quería neutralizar. Sin embargo, y a pesar de que la guerrilla continuaba ejecutando acciones sangrientas, que la citada nota enumera, la violencia no parecía ser la preocupación dominante en el momento. Una semana antes del golpe, el líder radical Ricardo Balbín especulaba políticamente con la situación reclamando una innecesaria e improbable renuncia de la presidente, y derramando lágrimas de cocodrilo sobre la intervención militar que él ya sabía próxima. Su exposición divagó sobre los “sentidos morales de la vida” pero no hizo foco en la violencia terrorista. El 21 de marzo, consigna Yofre en su nota, se conocieron unas declaraciones de Álvaro Alsogaray clara y explícitamente opuestas a una acción castrense: “Nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe. ¿Por qué habría un golpe de Estado de liberar a los dirigentes políticos de su culpabilidad? ¿Por qué transformarlos en mártires incomprendidos de la democracia, precisamente en el momento en que se verán obligados a declarar su gran fracaso?” Tampoco el dirigente liberal habló centralmente de la violencia. Y no deja de llamar la atención que un político como Balbín, cien por ciento carne de comité, exhibiera una complaciente resignación frente al golpe inminente, mientras que un ex militar, integrante de una familia de militares como Alsogaray, manifestara su franca oposición. Todavía más interesante resulta la minuta preparada en febrero de 1976 por Harold Saunders para el secretario de estado norteamericano Henry Kissinger antes de su entrevista con el embajador argentino en Washington Raúl Quijano, que Yofre cita parcialmente. El documento hace naturalmente referencia a la violencia guerrillera; dice que las acciones de ERP y Montoneros “han sido devastadoramente eficaces, y sus tácticas violentas recibieron adecuada respuesta por parte de las fuerzas de seguridad y de escuadrones paramilitares derechistas.” No menciona que la represión legal e ilegal fue decidida bajo el gobierno de Perón y de su viuda, pero agrega: “Una mejor capacidad antiterrorista de las fuerzas armadas y la posibilidad de que los Montoneros se concentren en participar legalmente en las elecciones de este año abren cierta esperanza sobre la reducción de la actividad terrorista. La clave podría estar en el nivel de daño que las fuerzas de seguridad hayan logrado infligir al ERP.” El informe es menos optimista pero más preciso respecto de la situación económica: “El año pasado fue el peor de la historia económica reciente del país, con una inflación del 375%, y no se espera mucho alivio para 1976. Internamente, los pronósticos no son alentadores y mucho dependerá de que el gobierno pueda mantener una política salarial relativamente firme y evite ceder a las demandas exorbitantes de los sindicatos.” Luego de otras consideraciones, la minuta concluye que el golpe de estado es inevitable: “Si las Fuerzas Armadas asumen el control por un período largo, los argentinos podrían verse sujetos a un gobierno de severidad sin precedentes. Como conservadores moderados, los líderes militares probablemente opten por un rígido programa de austeridad económica cuya aplicación exigiría una considerable represión. Los sindicalistas probablemente lo resistirían con todos los poderosos medios a su disposición, y los terroristas intentarían explotar el descontento popular intensificando su campaña de perturbación violenta.” Y termina con premoniciones muy acertadas: “Los oficiales conservadores que asuman el poder lo harán con plena conciencia de la complejidad de los problemas y la oposición con que sus soluciones preferidas habrán de tropezar. Pueden estar muy dispuestos, en consecuencia, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que sus políticas resulten exitosas.”1 Que el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 se explique por la necesidad de aplastar la insurgencia guerrillera es un relato que conviene a los militares y a los izquierdistas. Pero estos testimonios de la época habilitan la presunción de que su principal objetivo haya sido quizá la instalación de José Alfredo Martínez de Hoz y sus políticas en el ministerio de economía. La historia deberá decidirlo. –S.G.
- Subrayado mío. [↩]
Nadie parece recordar las palabras de Ricardo Balbín cuando dijo en 1976, “Aunque sea con muletas hay que llegar a las elecciones”.
Difícil creer en lo que dice Yofre que Balbín propiciara el golpe militar.
Yo, confieso, aplaudí la toma del gobierno por las FFAA, tal era el caos en que había caído el país, la incapacidad de la presidente Isabelita era notoria y los crímenes de la subversión seguían en aumento. No podía imaginar que las FFAA cometieran las atrocidades que ahora conocemos ni que la política económica fuera tan perversa. El peronismo va acumulando daños de todo tipo gobierno tras gobierno. Es de esperar que en esta nueva elección el pueblo argentino lo tenga en cuenta a la hora de votar.
Balbín quería que M. E. Martínez renunciara y, siguiendo una larga tradición partidaria, no tenía problemas con los golpes militares: “Todos los moribundos tienen cura cinco minutos antes de la muerte”, dijo, o algo así, cinco minutos antes del golpe. Muchos radicales ocuparon intendencias y otros cargos menores en el nuevo gobierno. A la luz de lo que vino después, la “incapacidad” de la ex presidente debería ser reconsiderada.
Es cierto que muchos funcionarios radicales conservaron sus puestos durante el Proceso Militar. En los pueblos chicos del interior, adonde no se habían sufrido atentados ni ejecuciones de la subversión, adonde sí se sufrían los malos precios de la producción del campo y donde los intendentes locales habían sido elegidos poco tiempo antes, no molestaba que el intendente continuara en el cargo. El gobierno militar había sí anulado los Concejos Deliberantes, por lo que las decisiones del ejecutivo estaban controladas por algún funcionario provincial nombrado por las FFAA. Era poderoso el temor a la acciones de la subversión, que aunque lejana, se conocía por los medios. No se puede reprochar al radicalismo del interior que no se opusiera a la presión militar. Las torturas y las desapariciones eran algo desconocido aún.
Coincidió en mi pueblo, Italó, muy al sur de la provincia de Córdoba el centenario de la fundación del Fortín que había sido la punta de la “Zanja de Alsina” que llegaba hasta Bahía Blanca.
Ese fortín estuvo a cargo del Regimiento de tanques de Magdalena.
Se invitó al regimiento al festejo. Año 1976.
Acudieron con banda de música y soldados con uniformes de época.
El pueblo entero los recibió, los alojamos en nuestras casas y nos emocionamos durante los desfiles junto a las ruinas del viejo fortín.
Las noticias sobre las acciones militares contra la guerrilla eran bien recibidas por la población.
El Juicio a las Juntas, realizados a instancias del otro gran radical Raúl Alfonsín, nos abrió lo ojos al enterarnos del horror de como habían actuado aquellos militares que aplaudimos.