“La policía es la pala que viene a juntar la mugre”, dijo el comisario Salvador Baratta, quien comandó la operación de desalojo de la planta de Kraft. Explicaba que cuando su institución tiene que intervenir, en cualquier caso, es porque otras instancias dirigentes de la sociedad han fracasado en el ejercicio de sus responsabilidades.
Los fracasos acumulados en 40 días de conflicto en la empresa estadounidense son muchos, y abarcan a la propia empresa, al gremio de la alimentación, a la CGT, a los ministerios de trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y finalmente a los gobiernos de la Nación y de la provincia.
El conflicto ha mostrado a una empresa extranjera con escasa disposición para cumplir con las leyes argentinas, un estado sin voluntad o sin capacidad para hacerlas cumplir, una dirigencia gremial corrupta (esto no es novedad), y unos trabajadores librados a su suerte. El desalojo de la planta no resolvió gran cosa, pero sentó precedentes ominosos.
El entredicho se inició en julio, cuando la comisión interna de la planta de Kraft planteó una serie de reclamos relacionados con el brote de gripe porciona, y que incluían desde medidas de higiene hasta vacaciones pagas para madres con problemas para el cuidado de sus hijos por el cierre de guarderías y establecimientos similares.
El primer fracaso de la serie corresponde al departamento de relaciones industriales de Kraft, que dejó que un reclamo de esas características escalara hasta convertirse en un conflicto gremial. No está claro si la demanda era razonable o una chicana sindical, pero la responsabilidad de conducir y contener la situación corresponde a la empresa.
Kraft alegó entonces que se habían producido “hechos de violencia que incluyeron el bloqueo de la planta por la fuerza durante tres horas”, una descripción tan imprecisa que el gremio no tuvo dificultades para rechazar. El resultado fueron 160 despidos con causa (sin indemnización), que incluyeron a los delegados sindicales.
Los despidos naturalmente agravaron el enfrentamiento entre trabajadores y empresa, hasta que a mediados de agosto el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, que supone retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, reincorporar a los despedidos, otorgar tareas en forma normal y habitual, y abstenerse de tomar represalias.
Kraft ignoró la decisión de la autoridad laboral nacional, y los gremialistas reclamaron ante el Ministerio de Trabajo. “No vamos a parar hasta resolver cada uno de los problemas dentro de esta empresa multinacional que pretende avasallar las leyes de nuestro país”, dijo entonces Rodolfo Daer, dirigente del sindicato de la alimentación y ex secretario general de la CGT.
Pero ni el Ministerio de Trabajo hizo nada para acercar a las partes y encarrilarlas por el proceso de conciliación, con todo el poder de persuasión que tiene el Estado, ni el gremio de la alimentación o la central sindical hicieron lo propio: más bien optaron por desacreditar por “zurdos” a los delegados gremiales.
Hacia mediados de septiembre, frustrado ya el llamado a la conciliación obligatoria, el conflicto se tradujo en refriegas en la planta cada vez que los despedidos trataban de ingresar, y protestas callejeras con cortes de rutas y calles, ahora con el apoyo de agrupaciones de izquierda y la deserción de Daer y de la CGT de Hugo Moyano.
El Ministerio de Trabajo intimó a Kraft a pagar salarios adeudados durante el período de conflicto, y tampoco obtuvo respuesta, por lo que debió anunciar que tenía en estudio la aplicación de sanciones contra la firma estadounidense. Finalmente, mientras la policía desalojaba la planta, la empresa se avino a pagar esos salarios.
En cambio, no cedió un paso en lo referente a la reincorporación de los despedidos, que lo fueron -vale la pena recordarlo- como represalia por sus reclamos y no por una situación laboral normal, como sería una reducción de personal por caída en las ventas. Si se impugna a los delegados por “politizados” e “ideológicos”, lo mismo le cabe al criterio usado para despedir.
“Algo que comenzó como un reclamo valedero, legítimo y al amparo de derechos de índole constitucional ha sumado la perpetración de hechos con apariencias delictivas que no sólo desnaturalizan y quitan legitimidad a ese reclamo, sino que también afectan los derechos de las personas ajenas al conflicto y de sus garantías constitucionales como son el derecho a trabajar a ejercer la industria lícita”.
Eso dijo el juez de garantías de San Isidro, Ricardo Costa, en los fundamentos del dictamen con el que ordenó el desalojo de la planta. Vale la pena señalar que entre el “reclamo valedero y legítimo” y la “perpetración de hechos con apariencias delictivas” media la tozuda resistencia de Kraft Foods a embarcarse en el proceso de conciliación que prevén las leyes argentinas, y la inoperancia del Ministerio de Trabajo.
Para mayor insulto, antes que avenirse a las normas nacionales Kraft prefirió acudir con sus reclamos a la embajada de los Estados Unidos, al tiempo que presionó los resortes de la Unión Industrial Argentina. Estos factores tuvieron gran poder de convicción para lograr que el gobierno, contrariando políticas anteriores, impulsara el desalojo de la planta.
La empresa Kraft puso de relieve su intención de permanecer en la Argentina, cosa que al parecer emplea como factor de presión. Digamos que la presencia o ausencia de Kraft en la Argentina es irrelevante. Se limitó a comprar empresas locales, y a comercializar marcas ya posicionadas en el mercado. Es más fácilmente reemplazable que sus trabajadores.
El conflicto, y la posición adoptada por el gobierno nacional, encendieron luces de alarma en todo el espectro laboral. Los gremialistas más aguerridos, surgidos a favor de la inoperancia paquidérmica de la mafia sindical, difícilmente consideren cerrado el caso con el desalojo de la planta, y probablemente la policía tenga todavía mucha mugre para juntar.
–Santiago González
Esta es la triste consecuencia de la búsqueda desesperada de “inversiones” externas, que como Ud. bien señala, no son más que el paso a manos extranjeras de las empresas nacionales. No se crean nuevos puestos de trabajo, ni se implementa tecnología de última generación que permita salir a competir en mercados internacionales. Al igual que los bancos, los inversionistas juegan sobre seguro, abriendo nuevos agujeros por donde se escurren las ganancias.
Un gobierno verdaderamente nacionalista empezaría por impedir la propiedad mayoritaria de tierras, medios de producción y -ya que está sobre el tapete- de comunicación por parte de individuos o empresas extranjeras. Pero parece que en vez de políticos y estadistas tenemos especialistas en marketing e imagen, más preocupados por vendernos el paquete que por trascender como líderes que vuelvan a conducir a la Argentina al lugar que nuestros próceres soñaron.
Con excepción de las industrias automotrices, que a partir de los 90 comenzaron a producir modelos tecnológicamente modernos y los exportan, el resto de las inversiones extranjeras en la Argentina no han aportado gran cosa. Por el contrario han vaciado o destruido (Aerolíneas), han estafado o maltratado al cliente (bancos, telefónicas), o se han ubicado en sectores de rentabilidad segura (alimentos, medicamentos, comercio minorista). Cada vez que compramos un kilo de azúcar en el supermercado, una parte de lo que pagamos se va innecesariamente fuera del país. Al defender a Kraft, la embajada de los EE.UU. dijo que las empresas de ese país dan “buen empleo” en la Argentina. Según los trabajadores de Kraft, el sueldo promedio allí no llega a los 600 dólares.