De dónde vienen las balas

La bala viene siempre del mismo lado. La bala que mató a Mariano Ferreyra vino del mismo lado que la bala que en el 2002 mató a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, del mismo lado que las balas que en diciembre del 2001 mataron a más de veinte personas en el centro de la capital federal, por mencionar unos casos: hubo muchas otras balas, y muchos otros muertos.

Estas balas que cruzan el aire hasta encontrar la vida de sus víctimas y llevársela consigo no parten, como se suele creer, de un policía desaforado o de un gremialista loquito o de unos francotiradores nunca identificados. Estas balas no son accidentales, estas balas llevan un propósito. Mientras unos velan los muertos, otros evalúan los efectos de esas muertes.

Estas balas denuncian un debate sobre el poder que no pasa por el Congreso, o los partidos, o las ideologías. Es un debate armado entre las mafias político-económicas que desde hace cuatro décadas se han venido apoderando gradualmente de país y lo mantienen en un estado de permanente desorden, si el cual no podrían existir ni prosperar, y quienes reclaman orden.

Hace medio siglo las balas eran un escándalo y quedaban grabadas en la memoria colectiva, hoy son rutina y rápidamente salen del foco de la atención pública. Las balas marcan el deterioro de la legalidad, desdibujan el límite entre el estado de derecho y la tierra de nadie. En la época del malón, la frontera era geográfica; hoy la frontera es abstracta, conceptual.

Muchas veces nos preguntamos, con perplejidad, cómo es posible que en el país ocurran las cosas que ocurren. La respuesta es más sencilla de lo que se cree: en el país ocurren las cosas que ocurren porque nos olvidamos de la ley. Hacer de un territorio una nación es instituir un conjunto de leyes, con la Constitución a la cabeza, e imponer su fuerza en ese espacio.

Eso es lo que hicieron con enorme esfuerzo en el siglo XIX los fundadores de la Argentina, y eso es lo que dilapidamos en el siglo XX los beneficiarios de ese esfuerzo. Todo esto puede parecer muy teórico, pero no lo es: si hubiésemos defendido la institucionalidad, esto es la ley, a rajatabla nos habríamos ahorrado muchos sufrimientos y habríamos prosperado como sociedad.

Más concretamente, si hubiésemos defendido la ley, hoy Mariano Ferreyra, con sus 23 años, sus ideales, su compromiso político, sus sueños de dedicarse a la cinematografía, estaría con vida. Cada vez que toleramos la violación de la ley, cada vez que la violamos nosotros mismos –así sea pasando un semáforo en rojo–, acercamos el momento de su muerte.

Como sociedad no podemos desconocer la responsabilidad que nos cabe en el caso de esta vida tronchada, y de tantas otras malogradas por la desidia, la marginación, el abandono, el delito. Pero esa responsabilidad es aún mayor en las personas que por su decisión personal, o por su peso específico, componen lo que se suele describir como la clase dirigente.

Durante demasiado tiempo, para hablar de este caso, esa clase dirigente –políticos, empresarios, periodistas, intelectuales: tomadores de decisiones o formadores de opinión– ha aceptado la farsa de describir a la CGT como central obrera, y a sus eternos caciques como dirigentes gremiales, asegurándoles por añadidura el manejo de cuantiosos fondos del estado.

Durante demasiado tiempo, esa clase dirigente consideró normal y, desde la época de Juan Carlos Onganía, hasta deseable, que los dirigentes gremiales acumularan enormes fortunas personales, suficientes como para convertirlos en poderosos empresarios, muchas veces en sociedad directa o indirecta con otros empresarios y con el estado nacional.

Durante demasiado tiempo, esa clase dirigente, en connivencia con esos barones del sindicalismo, le ha negado y le sigue negando a los trabajadores el derecho constitucional de crear asociaciones alternativas, con direcciones democráticamente electas, mandatos por períodos limitados, y solamente comprometidas con los intereses de sus representados.

Si durante demasiado tiempo la dirigencia no hubiera admitido todas esas prácticas ilegítimas cuando no ilegales, los reclamos gremiales se habrían encauzado por los canales normales, pacíficos, contenidos dentro de las instituciones (que, como el Ministerio de Trabajo, existen y son costeadas con nuestros impuestos) sin necesidad de cortes de ruta, o de vías.

Pero como durante demasiado tiempo no hicimos lo que la ley manda, o lo que el espíritu de la ley recomienda, ahora nos encontramos con un reclamo gremial desbordado hacia la vía de los hechos, una patota armada enviada a reprimirlo, unas fuerzas de seguridad de comportamiento cuestionable, y un gobierno que en lugar de investigar levanta el dedo acusador.

Para peor, toda esa situación, con su saldo de víctimas, se enmarca en un complejo juego de intereses en el que intervienen empresarios prebendarios, sindicalistas corruptos, funcionarios, y millonarios subsidios gubernamentales, trabados de tal modo que un dirigente del Partido Obrero, al que pertenecía Ferreyra, pudo afirmar: “Tiraron a matar porque protegen un negocio”.

La frase, pronunciada para describir la muerte del joven, podría aplicarse también a los casos de Kosteki y Santillán, a los de los abatidos en la jornada del golpe contra el presidente Fernando de la Rúa (cuya ministra de trabajo Patricia Bullrich se le había animado a los “gordos”), y a tantos otros caídos a lo largo del tiempo y del espacio geográfico de la Argentina.

La frase apunta hacia esa colusión de intereses políticos y económicos que, ante la indiferencia, o la cobardía, de la sociedad, ha secuestrado sus instituciones. Señala al mismo tiempo el lugar desde donde suelen venir las balas, disparadas al estilo mafioso para eliminar un obstáculo, enviar un mensaje o “tirar un muerto”, según la tenebrosa expresión acuñada por nuestra práctica política.

–Santiago González