El censo de población, hogares y viviendas preparado por la República Argentina para el año 2010 incluye un par de preguntas de orientación racista, cuya presencia en el cuestionario es contraria a la tradición abrumadoramente no discriminadora de su sociedad y al espíritu de sus instituciones, en especial de la Constitución Nacional.
El ítem número 5 pregunta si en el hogar censado hay alguna persona indígena o descendiente de indígenas y el ítem número 6 pregunta si hay alguna persona africana o descendiente de africanos. El ítem número 5 ya había aparecido en el censo del 2001, y el ítem número 6 fue incorporado por las actuales autoridades.
Ambos ítems obligan a los censados a pensar en sí mismos en términos raciales o étnicos, categorías que la ley fundamental de la nación sabiamente ignora, y expresamente rechaza. Su inclusión responde a consideraciones ideológicas que van a contramano de las convicciones básicas sobre las que se constituyó la nación.
Desde el Preámbulo, la Constitución Nacional rechaza cualquier discriminación cuando declara que sus objetivos han sido concebidos “para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. El artículo 14 fija una amplia serie de derechos “para todos los habitantes de la Nación”.
El artículo 16 es el más claro y contundente respecto de la cuestión que aquí se discute, y por eso se reproduce a continuación en su integridad:
“La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
La única protección específica que establece la Constitución para algún sector de la sociedad está dirigida hacia los extranjeros, quienes, según el artículo 20, “gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano” sin por ello estar obligados a admitir la ciudadanía argentina.
No hay, en todo el texto constitucional, ninguna referencia o precepto orientado a distinguir sectores o clases entre sus ciudadanos, y mucho menos en términos de origen racial, étnico, o como se lo quiera describir. El censo pregunta por algo que la Carta Magna deliberada y doctrinariamente ignora.
Sobre estos sencillos criterios constitucionales, la Argentina pudo desarrollar, desde fines del siglo XIX hasta la fecha, la experiencia más admirable en el mundo de construcción de una sociedad aluvional, con personas de todos los orígenes, de todos los colores, y de todos los credos que sin conflictos ni odios acaban por reconocerse como argentinos.
A diferencia de lo ocurrido en otras sociedades de composición similar, particularmente la estadounidense, los ciudadanos de un mismo origen no se agrupan en guetos sino que acaban por fundirse en el gran caudal de la ciudadanía. Los guetos se constituyen en el momento de la llegada, como es natural, pero desaparecen al cabo de una generación.
Esto fue así hasta que aparecieron los progresistas, que desde la caída del Muro de Berlín andan desesperados buscando causas que les permitan mantener el estilo de vida que les gusta: la charla de café, las manifestaciones callejeras, la corrección política y, como premio y corona de todo ese esfuerzo, el empleo público, el subsidio, el patrocinio.
Los progresistas que integraron el gobierno de la Alianza se entretuvieron incorporando al censo la pregunta sobre los indígenas, y los progresistas que integran el gobierno Kirchner hacen méritos incorporando la pregunta sobre los africanos. Estas preguntas no son más que tonterías ideológicas, fronterizas con el ridículo.
La pregunta sobre los antepasados africanos, por ejemplo, debiera ser respondida por todos de manera afirmativa, ya que todos descendemos, según los más recientes estudios antropológicos, del homo sapiens, cuyos restos más antiguos datan de hace unos 200.000 años y se encontraron en territorio africano.
La pregunta sobre los pueblos originarios seguramente será respondida afirmativamente por quienes se identifican como mapuches, que son originarios… de Chile, de donde fueron corridos por los españoles para llegar masivamente al territorio argentino casi al mismo tiempo que los italianos…
Pero estas tonterías dejan de serlo cuando dan pie a reclamos por parte de quienes se reconocen como integrantes de un sector, una parte, de la ciudadanía, o cuando se convierten en fuente de argumentación para políticas públicas tendientes a favorecer a tales sectores. Como ya vimos, la Constitución no admite ninguna de las dos cosas.
Varias organizaciones de “afrodescendientes” celebraron la inclusión de la pregunta respectiva en el censo: “Saber cuántos somos y en qué condiciones vivimos nos permitirá reclamar y proponer el desarrollo concreto de políticas públicas afirmativas para revertir centenares de años de exclusión e invisibilización”, dijeron en una declaración.
El INDEC justificó las preguntas con el mismo argumento, visto desde el otro lado del mostrador: “La inclusión de esta temática en el censo de población resulta de utilidad para la elaboración de posteriores estudios o encuestas que deseen profundizarla, con vistas a la realización de políticas públicas focalizadas”.
Esas “políticas públicas focalizadas” son esencialmente discriminadoras, y contrarias al espíritu constitucional de igualdad ante ley, y de rechazo a las prerrogativas de sangre o de nacimiento. Y son también absolutamente contrarias a los fines de una sociedad que se pretende cosmopolita, igualitaria e inclusiva.
Cuando un sector de la ciudadanía, definido según el criterio que se quiera, advierte que como tal sector es receptor de beneficios o privilegios de cualquier tipo, va a tender a acentuar aquello que le asegura esa ventajosa diferencia, a cerrarse y abroquelarse en sí mismo, en lugar de integrarse al común de la sociedad.
Y cuando el gobierno de turno advierte que tiene a tal o cual sector de la ciudadanía pendiente de la recepción de los beneficios o privilegios que puede otorgarle, va a usar esa herramienta para asegurarse nuevas clientelas políticas, según ha demostrado hasta el hartazgo nuestra experiencia histórica.
El progresismo defiende estas prácticas discriminadoras como “discriminación positiva” o “acción afirmativa”, pero no explica su necesidad en un régimen legal como el nuestro, donde todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo tienen constitucionalmente asegurada la igualdad ante la ley, la igualdad política, y la igualdad en el empleo.
Si la Argentina realmente pretende afirmar su condición de sociedad igualitaria, inclusiva y no discriminadora, no necesita de las contraproducentes iniciativas progresistas. Ya ha desarrollado un modelo de probada eficacia, basado en su Constitución y acompañado de una única acción afirmativa: la escuela de Sarmiento, la del guardapolvos blanco.
–Santiago González
Además de racista es cipaya, copia los estereotipos norteamericanos, que en los documentos incorporan esa clasificación, basada en el color de la piel y el origen diferente a los WASP, suponen que una persona por ser negra tendrá una psicología diferente a la de un amarillo o lo que sea. Es una verdadera porquería.
Tal cual.
A mi no me parece que sean preguntas racistas, es nada más para saber si cuanta gente aborigen u originarios hay en el país. Lo de afrodescendientes tambien.
¿Y por qué no contar entonces también a los asiáticos, los caucásicos, los polinesios, los semitas? Y no deberíamos quedarnos allí, porque tendríamos reclamos de los mongoles, los celtas, y así hasta el infinito. Distinguir a la gente según su raza es racismo, se mire por donde se mire.
Aplaudo y comparto la visión vertida en esta nota. Es racista consultar por dos etnias sin consultar acerca de las restantes. Por otra parte, con relación a la “discriminación positiva”, nada más acercado al pensamiento de quien escribe. Celebrar el día de la mujer y conformar grupos de mujeres en los ámbitos laborales (así como de latinos, gays y otros tantos) es en sí una forma de discriminación ¿quiere decir que precisamos de esa “ayuda” para poder desempeñarnos laboralmente o de ser buenas profesionales? Conformar esos grupos de minorías es discriminar, precisamente marcar una diferencia donde no debería existir.
Gracias por compartir su opinión.
Es la primera vez que veo una argumentación tan clara y contundente contra la “discriminación positiva”. Es sorprendente observar como el propio concepto de lo democrático, en cuanto a voluntad de la mayoría, se va corrompiendo con estas prácticas, donde aparece el negocio de buscar una minoría para “esponsorear” y vivir de ello. Todo parece apuntar a lo que Ud. decía en su nota anterior: hay que atenerse a la Ley, y punto.
Las leyes las tenemos, y son buenas. Tan buenas que en algún momento le permitieron al país colocarse a la cabeza de la región y entre los primeros del mundo. La cuestión está en cumplirlas. El estado debe proveer educación, justicia, salud, seguridad y defensa para todos los ciudadanos sin distinción. Las distinciones sólo generan clientelas políticas y corrupción. Gracias por su comentario.