Mucha gente sabe, desde hace mucho tiempo, que en las llamadas fiestas de música electrónica el principal atractivo, el imán que convoca a miles de jóvenes varias veces a lo largo del año, todos los años desde fines de los 90, es el consumo de drogas sintéticas. Más exactamente, el someterse a un bombardeo de estímulos alucinógenos sonoros, lumínicos y, principalmente, químicos.1 Si alguna prueba se necesitara, los predios donde se realizan estas fiestas amanecen al día siguiente literalmente cubiertos de botellitas plásticas de agua mineral, complemento imprescindible de la ingesta de pastillas. Entre los muchos que lo saben están, por supuesto, los organizadores de estas fiestas, los que alquilan los terrenos o locales donde se realizan, los anunciantes que las patrocinan (compañias de teléfonos celulares, fabricantes de bebidas alcohólicas o “energizantes”), los grandes medios que las anuncian, difunden y presentan como si fuera un espectáculo; lo saben las fuerzas de seguridad, y lo saben las autoridades políticas de la ciudad. Lo saben los “famosos” que colaboran en su promoción, dejándose fotografiar en ellas a cambio de retribuciones en dinero o en especies. Y lo saben, por supuesto, quienes acuden a esas reuniones. Todos los años, en todas ellas, ocurre algún accidente relacionado con el consumo, que no excluye la muerte, por acción de la droga sobre el organismo o sobre la conducta de los asistentes. Pero esas muertes no se dan a conocer.2 Las autoridades, la policía, las empresas patrocinantes, los medios de comunicación prefieren mirar para otro lado y guardar silencio. Se diría que las fiestas electrónicas se convirtieron en una “oportunidad de negocios”, en una ocasión socialmente aceptada de venta y consumo masivo de drogas en un lugar público.
Esta vez, los cinco muertos y los otros cinco en estado crítico por consumo de drogas no pudieron ser ocultados. Entonces se pusieron en marcha mecanismos de distracción para cambiar la naturaleza de lo allí ocurrido. El gobierno de la ciudad dio explicaciones impertinentes, como si se tratara de un caso de falta de extinguidores o de exceso de público, los concesionarios y los productores hicieron saber que ellos desconocen todo lo relacionado con las drogas y en todo caso se remitieron a los controles de seguridad gubernamentales, y la justicia, cómo no, abrió sospechas sobre el accionar de la Prefectura. Los medios prefirieron hablar de “tragedia”, de “chicos intoxicados” como si hubieran tenido la desgracia de comerse unas sardinas en mal estado, o teorizaron sobre la adicción a las drogas, cuando los que consumen pastillas en esas fiestas no son adictos sino personas que llevan vidas perfectamente normales, como lo muestran las biografías de las víctimas, y se entregan conscientemente a una noche de desenfreno. Pero hasta ahora nadie dijo lo que hay que decir claramente: en Costa Salguero hubo un delito —la venta de drogas es un delito–, con un saldo provisorio de cinco muertos, un delito que tiene culpables, cómplices y partícipes necesarios, entre los que están incluidos todos los ya mencionados, desde el gobierno de la ciudad hasta los medios. Nadie puede alegar ignorancia.
Cuando uno habla de la responsabilidad del gobierno de la ciudad recibe como respuesta que se le quiere “tirar un Cromagnon” al oficialismo porteño, en alusión al incendio de un local de espectáculos en el que murieron casi doscientas personas. Más allá del número de víctimas, que no viene al caso, lo ocurrido en Costa Salguero es intrínsecamente más grave que lo ocurrido en Cromagnon. Lo ocurrido en Cromagnon fue consecuencia de un encadenamiento de imprudencias, dolosas por la cantidad de delitos menores que las posibilitaron, y no de la acción premeditada de un grupo de personas decididas a incinerar a los asistentes. En Costa Salguero todo estuvo preparado y dispuesto para la comisión de un delito grave, como es la venta masiva de estupefacientes. Lo prueba la copiosa reserva de agua envasada que habían previsto los organizadores. Y lo prueba el hecho de que los operativos de seguridad plantados en el lugar tanto por el gobierno de la CABA como por la Prefectura no hayan podido detectar el ingreso de drogas al local: o las pastillas ya estaban adentro, o hubo zona liberada, no hay otra posibilidad.
El episodio de Costa Salguero pone en evidencia una vez más la hipocresía con que la sociedad trata la cuestión del narcotráfico, y que se refleja en la cobertura mediática y en las políticas públicas: los diarios anuncian fiestas destinadas a promover el consumo de drogas como si fueran espectáculos musicales, las corporaciones ayudan a financiarlas, las autoridades les dan vía libre, y al mismo tiempo diarios, corporaciones y autoridades proclaman una guerra a muerte contra las drogas. Pareciera haber un narcotráfico malo, asociado con las villas miseria, la inmigración y el delito en general, y un narcotráfico bueno, tolerable, simpático, cool. Como en tantas otras áreas de la vida nacional, este doble discurso anuncia que los problemas van a agravarse en el futuro y el número de víctimas va a aumentar. La justicia, de cuya independencia tanto se habla en estos días, tiene aquí una buena oportunidad para investigar y deslindar responsabilidades, especialmente porque entre los organizadores de la fiesta de Costa Salguero, productores y concesionarios del lugar, hay varias personas relacionadas con el partido de gobierno, algunas en posiciones de poder. Las corporaciones, entre ellas los medios, tienen también la oportunidad de definir de qué lado están.
–Santiago González
- Quienes desconozcan el ambiente de esas fiestas y el perfil de su público pueden encontrar una minuciosa descripción en la recomendable crónica citada al pie de este artículo. [↩]
- En una denuncia sobre tráfico de drogas, la Fundación La Alameda logró documentar seis muertes en fiestas de música electrónica a lo largo del 2012. [↩]