La reacción de los partidos políticos, las cámaras empresariales y la prensa ante la decisión del gobierno Kirchner de expropiar de manera brutal y dudosamente legal el 51 por ciento de las acciones de YPF en poder del grupo español Repsol ha puesto una vez más en evidencia la crisis dirigencial en la que está sumida la Argentina. A la ostensible falta de convicción republicana se suma una cobardía cívica asombrosa, que allana el terreno a los aventureros de toda especie y los alienta en sus audacias. La llamada oposición política, en su gran mayoría de matriz ideológica populista-progresista, se encolumnó rápidamente detrás del partido gobernante, culpable de los últimos ocho años de política energética equivocada, y responsable del gran error estratégico de haber vendido YPF a Repsol en 1999. Radicales, socialistas y partidos de izquierda adelantaron su respaldo al proyecto en el Congreso, con algunos reparos menores. El PRO, centroderechista, se manifestó en contra, pero su líder Mauricio Macri, se sintió obligado a aclarar que si llegara a la presidencia no volvería a privatizar la petrolera. La posición de quien pretende ser una alternativa de gobierno se volvió así chirle y oportunista: no quiso oponerse frontalmente a una decisión que cuenta con el respaldo mayoritario de la opinión pública. Elisa Carrió, una vez más, demostró que las convicciones pesan para ella más que las encuestas: coherente con las denuncias que viene realizando por lo menos desde el 2006, afirmó que Repsol vació YPF y que ese vaciamiento sólo pudo ser posible con la complicidad del gobierno, por lo que decidió presentar en el Congreso un proyecto propio para sancionar a los responsables, “unos por vaciamiento y otros por traición a la patria”. Probablemente los representantes de la Coalición Cívica respaldarán la iniciativa de su fundadora, o se abstendrán como María Eugenia Estenssoro, que escribió una elocuente carta a la presidente explicando su posición. Patricia Bullrich (Unión por Todos) y algunos peronistas disidentes anticiparon su voto negativo. En el terreno de los medios de comunicación, el único rechazo preciso, contundente y sostenido ha sido el del diario La Nación, que invariablemente describió el decreto presidencial como una confiscación, y lo fustigó en editoriales y notas de opinión desde todos los ángulos posibles, incluso suscribiendo sin demasiado examen los argumentos de Repsol. La prensa oficialista, por supuesto, hizo exactamente lo contrario, y del mismo modo suscribió sin crítica los argumentos del gobierno. Las entidades empresarias, por su lado, han optado por un vergonzoso, inexplicable silencio. Excepto el titular de la Sociedad Rural Argentina y el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que hablaron a título personal para decir que “las formas no fueron las correctas”, ni la Unión Industrial, ni la Cámara de Comercio, ni la Bolsa, ni las entidades bancarias, ni la Asociación Empresaria Argentina, ni siquiera las más directamente involucradas como la Cámara de la Industria del Petróleo o la Cámara de Energía de la República Argentina han dicho esta boca es mía ante una decisión que pareció atacar principios habitualmente defendidos por ellas, como el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, y el respeto de los contratos. Pareciera como si el ensueño de contar en el futuro con energía subsidiada los hubiese dejado mudos. En síntesis, la decisión presidencial sobre la empresa petrolera, lindante con la ilegalidad, motivada en necesidades de caja, orientada a encubrir el fracaso de su propia política energética y sin un norte claro, sólo encontró un rechazo institucional franco y sin vueltas en un diario y en dos pequeños partidos, y ni siquiera por las mismas razones. El resto marcha perfectamente disciplinado.
S.G.