Kicillof y Rajoy: sentido común

La decisión del gobierno de expropiar las acciones de Repsol y colocar a YPF bajo el control del estado ha generado un debate mayormente aburrido y prescindible. Los liberales invocan a Adam Smith para condenar y los progresistas a Carlos Marx (o a ese Keynes de consumo privado que se inventaron) para aplaudir. Los defensores de una YPF estatal deben asimilar dos datos de la realidad: la empresa tuvo su mejor momento bajo la gestión de José Estenssoro, luego de su privatización, y conoció la infamia bajo la gestión estatal del general Guillermo Suárez Mason, su primer vaciador, que la llevó al libro Guinness como la primera petrolera del mundo en registrar pérdidas. Quienes abogan por una YPF privada, deben digerir otros dos datos: YPF nació estatal (como muchas otras empresas estatales) porque no hubo (ni entonces ni ahora) capitales privados argentinos dispuestos a la inversión de riesgo, y conoció el segundo peor momento de su historia bajo la gestión privada del grupo español Repsol. Planteado en estos términos el debate es altamente ideológico y escasamente práctico. Las pocas muestras de sentido común que encontré provinieron de las fuentes más inesperadas: Mariano Rajoy (liberal) y Axel Kicillof (estatista). El presidente español dijo en el 2008, cuando la empresa rusa Lukoil pretendía adquirir Repsol: “Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división”. Obviamente, Rajoy pensaba que la Argentina que había cedido dócilmente a las zalamerías del rey cazador y le había entregado el control de YPF a Repsol era un país de quinta. Ahora seguramente nos debe tener en mayor estima. Kicillof, por su lado, también exhibió apreciables dosis de sentido común en su exposición ante el Senado, que la prensa no le ha reconocido debidamente. El viceministro de economía en ningún momento culpó a Repsol de mala praxis corporativa, todo lo contrario: mostró cómo el comportamiento del grupo había respondido en todo momento a la lógica empresaria de llevar sus ganancias al máximo. Y al mismo tiempo mostró cómo esa lógica era incompatible con las necesidades de energía de un país que había venido creciendo a altas tasas en los últimos años. “Una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico porque se transforma en un resorte y un elemento central del crecimiento”, dijo. Efectivamente, un recurso energético clave como es el petróleo es un instrumento de política económica, que un gobierno puede y debe usar con la misma libertad (y la misma prudencia) con que administra por ejemplo su moneda: esto es lo que preocupaba al Rajoy del 2008. La Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero, y sería absurdo que pensara en el petróleo y el gas como productos exportables, y fijara sus precios internos no en relación con el costo de producción sino con los que decide la especulación internacional. Esto es lo que dijo Kicillof, poniendo en evidencia que en el matrimonio entre Repsol y Argentina, pese a su real celestino, hubo desde un principio incompatibilidades irreconciliables, de las cuales las dos partes, o ninguna, son culpables. El funcionario acusó, sí, a Repsol, de manipular las reservas de gas y petróleo para forzar al gobierno a pagar los precios internacionales. La expropiación puso fin entonces a una situación ilógica e insostenible, pero lo hizo innecesariamente a las trompadas con España, violando contratos y normas locales e internacionales, sin una política energética amplia que enmarque esta decisión y le de sentido, y con un historial de maniobras oscuras con los gerentes españoles que obligará a los legisladores que la consientan con su voto a extremar la vigilancia sobre las negociaciones que se entablen desde ahora con terceros.

S.G.