Al anunciar el proyecto de expropiación de YPF, la presidente Cristina Kirchner afirmó que se hacía cargo de sus cosas. Habló de “recuperación de soberanía” pero no se hizo cargo de cuando ella como legisladora y su esposo como gobernador de Santa Cruz apoyaron la privatización de la empresa en 1992, y convalidaron su venta en 1998 al grupo español Repsol. Habló de terminar con “esta política de vaciamiento” pero no se hizo cargo de que el vaciamiento de la compañía administrada por Repsol se produjera durante su propio gobierno y el de su esposo. La retórica nacionalista y reivindicativa del mensaje presidencial careció así de toda credibilidad. Ni en 1992 ni ahora, las actitudes de los Kirchner han respondido a principios políticos o ideológicos, sino a sus necesidades de caja. Este año la Argentina necesita importar hidrocarburos por 15.000 millones de dólares para seguir funcionando: la plata va a salir de YPF, y Repsol va a ser públicamente el chivo expiatorio de una política energética que dejó al país prácticamente sin reservas. Es cierto que Repsol no cumplió con sus compromisos en materia de exploración: las reservas de la compañía cayeron en casi un 60 por ciento desde su llegada al país. En verdad, la empresa española nunca demostró interés por la inversión de riesgo en la Argentina; se limitó a explotar los pozos existentes hasta el agotamiento, y a apoderarse del negocio de las estaciones de servicio, todo lo cual le aseguraba una rentabilidad inmediata. La inversión la realiza en otras partes del mundo, donde la extracción es mucho más sencilla que en la Argentina, y la rentabilidad es mayor. Pero es culpa del estado argentino no haber exigido el cumplimiento de los contratos de concesión, ni haber vigilado la extracción real de gas y petróleo, limitándose a tomar nota de lo que Repsol declaraba haber extraído. Por qué el estado no aplicó esos controles es algo que sólo se explica por la particular colusión de intereses entre Repsol y los Kirchner, que bien puede seguir operando incluso en estas horas. Había recursos legales para enderezar la conducta de la empresa española sin necesidad de llegar al ejercicio brutal de la expropiación, de la cual, a la larga, la principal beneficiada será Repsol. Por lo menos desde 2009, y a instancias de La Caixa, uno de sus principales accionistas, buscaba la manera de irse de la Argentina. Ahora está segura de que sus acciones le serán pagadas a buen precio, mucho mejor que el que habría obtenido si se hubiese retirado voluntariamente porque ha logrado colocarse en el lugar de víctima. Si el caso de Aerolíneas, harto similar a éste, sirve de ejemplo, a los argentinos este ejercicio nos va a costar caro, también en términos de imagen internacional. Al mundo no le gusta la gente que rompe los contratos, y Madrid va a recibir múltiples apoyos europeos e internacionales. Pero al gobierno y a la mayoría de la clase política argentina eso no parece preocuparle. Van a respaldar el proyecto de expropiación en el Congreso porque les encantan los arrestos desafiantes: “Si quieren venir, que vengan: les presentaremos batalla”. Total, el costo nunca lo pagan ellos.
S.G.