Gracias a un encadenamiento de negociaciones políticas entre el PRO y los peronistas –esa capacidad de “diálogo” de la que se siente tan orgulloso el oficialismo–, los consorcios de propietarios de departamentos de la capital federal están a punto de quedar a merced de los porteros, que van a tener la última palabra sobre la gestión de los edificios, incluida la designación de administradores y sus propias condiciones de trabajo. Esta insólita cesión de derechos del empleador a su empleado será posible gracias a la creación de un Consejo de la Propiedad Horizontal, que la legislatura porteña aprobó velozmente en los últimos días del año pasado por 58 votos a favor y dos abstenciones. El mencionado consejo es una especie de colegio de administradores dotado de amplios poderes e integrado por once miembros, de los cuales sólo uno representará a los consorcistas, otro al gobierno de la ciudad, otro al defensor de los inquilinos y el resto al sindicato de porteros (SUTERH) y a una serie de entidades que ese gremio controla directa o indirectamente. La Cámara de la Propiedad Horizontal, que también debería integrar ese consejo, declaró su disconformidad y se propone discutir la constitucionalidad de la ley. El proyecto fue diseñado por Víctor Santa María (jefe vitalicio y hereditario del SUTERH, diputado al Parlasur, y flamante dueño de Página 12), presentado por el legislador kirchnerista Fernando Muñoz (quien al terminar su mandato fue designado defensor de los inquilinos y pasaría a integrar el consejo creado por su propia ley), y piloteado por Cristian Ritondo (un especialista en meter la mano en los bolsillos porteños que impuso la obligación de grabar las carrocerías de los autos, en talleres designados). La movida de Ritondo fue magistral: según la crónica de Gonzalo Palese en el sitio Letra P, el proyecto ingresó en la legislatura el 15 de noviembre, fue girado a la comisión de Legislación General donde nunca se trató, y bajó al recinto el 3 de diciembre cuando fue aprobado sobre tablas a las apuradas junto a otros tres proyectos. En los pasillos de la legislatura se dice que la ley fue parte de un toma y daca más amplio entre el PRO y los peronistas que incluía entre otras cosas la creación de la Corporación Metropolitana, que le permitirá a Horacio Rodríguez Larreta enajenar bienes públicos, y las concesiones de un predio de exposiciones y una cancha de golf. Hay quienes aseguran que Santa María promovió la candidatura de Larreta en su interna del año pasado con Gabriela Michetti. Como quiera que sea, tres meses después de su aprobación la indignación por la ley sobre consorcios va en aumento: La Nación publicó un editorial al respecto a fines de febrero, Clarín retomó el asunto este fin de semana. El presidente del bloque oficialista, Francisco Quintana, prometió revisar la norma, que todavía no fue reglamentada, “y llegado el caso, modificarla”. Los legisladores que no pertenecen al PRO ni al peronismo reclaman directamente su derogación. La ley va en contra de la filosofía pregonada por el oficialismo: aumenta la injerencia del estado en la vida de los particulares, cercena el derecho de propiedad de los consorcistas, invierte las atribuciones que les corresponden como empleadores, y los convierte en rehenes de las corporaciones. Se trata de una norma fascista, dicho esto no como (des)calificación sino como descripción. –S.G.