El gobierno de Mauricio Macri pretende, por lo que dice, poner en orden la economía, abatir la pobreza, lanzar al país por el camino del desarrollo, y restablecer un nivel aceptable de institucionalidad republicana. Pretende también, por lo que parece, lograr esos objetivos sin promover un cambio cultural. Esas dos pretensiones son contradictorias: el cambio cultural es la condición para que el gobierno pueda cumplir sus objetivos declarados, y sin cambio cultural no habrá economía ordenada, se mantendrá la pobreza, no habrá desarrollo posible y el país seguirá viviendo en una especie de caricatura de republicanismo. Para que exista un cambio cultural en la Argentina es necesario terminar con el dominio que el progresismo ejerce sobre todo el espectro social de circulación de mensajes, principalmente a través de los medios y del aparato educativo.
Desde que irrumpió en la vida argentina hace cincuenta años, el progresismo -encarnado en la corporación periodística y en la corporación académica- se las ha ingeniado para alterar los presupuestos básicos que sostenían el contrato social de esta nación e instalar en la sociedad un pensamiento único, monolítico e irrefutable pero variable con el tiempo, que ha vaciado de sentido y de contenido las instituciones políticas, sociales, jurídicas, educativas, económicas y culturales del país. Profesores y locutores, maestros y comentaristas machacan por todos los medios todos los días, con disciplina gramsciana, sobre los mismos lugares comunes de la corrección política. Lugares comunes que se oponen diametralmente a lo que cualquier intento de reconstrucción republicana demanda, empezando por la independencia de criterio y la libertad de palabra, y que lo vuelven imposible si no se quiebra su posición dominante en el mercado de las ideas.
Pero en nombre de un mal entendido pluralismo (de un pluralismo progresista) el gobierno ha decidido darle espacio al progresismo -amplio espacio- también en los medios públicos y en el aparato cultural del Estado. ¿Desde dónde pensará darle batalla, si es que lo piensa? El progresismo hizo una campaña despiadada (y mentirosa) contra el ministro de cultura porteño Darío Loperfido porque se apartó del discurso único y dijo cosas que al progresismo no le gusta escuchar, y el gobierno de la ciudad entregó su cabeza (con una manito del grupo Clarín).1 Ahora el progresismo pide también que abandone la dirección del Teatro Colón, cosa que no debería sorprender. Desde Kive Staiff el progresismo tomó al complejo del Teatro San Martín como su coto de caza, y desde Sergio Renán entendió que el Teatro Colón le pertenecía por derecho propio (recordemos la campaña de hace un par de años contra Pedro García Caffi, que no era del “palo”). En el fondo de estas trifulcas hay una avidez por los fondos públicos de fomento a la cultura (una idea progresista), no muy diferente de la que denunció Loperfido.
Tengo la impresión, y ojalá me equivoque, de que el gobierno no quiere darle batalla al progresismo; creo que quiere seducirlo, hacerlo cómplice. Me parece que juega a la ruleta rusa: esa maniobra sólo le dio resultado a los golpistas del 66 y al kirchnerismo. Como un perro que emerge del agua sucia, el progresismo se está sacudiendo todo rastro de kirchnerismo, está recomponiendo sus redes, reordenando sus filas y restableciendo las líneas de abastecimiento. Con sendas tapas de Página 12 esta semana celebró el freno judicial al “tarifazo” y la caída de Loperfido. La batalla, si es que existe, empieza mal.2
–Santiago González
- En diciembre de 2009, Mauricio Macri hizo lo mismo que su delfín cuando entregó a su flamante ministro de educación Abel Posse a las hordas progresistas, que lo rechazaban por ser ajeno a la fraternidad. Conté oportunamente la historia en las notas “La palabra perro muerde” y “Lecciones de una renuncia”. [↩]
- Y seguiría peor. Tras los desfiles del 9 de Julio, el ministro de defensa Julio Martínez se excusó culposamente por la presencia en ellos del ex teniente coronel Aldo Rico, que combatió en Malvinas al frente de una compañía, y de militares participantes del Operativo Independencia, una acción legal ordenada en 1975 por el gobierno constitucional para eliminar un foco guerrillero en Tucumán. Tanto Rico como la citada acción militar son cuestionados por los progresistas. [↩]