Si la Operación Maldonado fue una obra maestra de la propaganda progresista, la respuesta del Estado argentino resultó una tragicomedia de confusión política y desatinos jurídicos. Hasta ahora mismo, cuando el cuerpo del infortunado Santiago aparece de buenas a primeras flotando en el río, el progresismo –en el que se inscribe el grupo insurreccional que agita la bandera mapuche– escribió el guión, fijó las reglas y manejó los tiempos del sospechoso episodio para encabalgarlo convenientemente sobre las elecciones legislativas que concluyen el domingo. Acobardados y culposos, los organismos del gobierno nunca se mostraron a cargo del problema, sino que, como actores secundarios, se limitaron a responder a las incitaciones de los protagonistas con la única preocupación de no equivocar la letra.
Esto fue evidente desde el primer día, cuando el Estado aceptó la denuncia de una desaparición forzada de persona siendo que no había, ni las hay todavía, pruebas de que Maldonado haya estado presente en el lugar donde los denunciantes dijeron haberlo visto por última vez, una refriega entre ocupantes de tierras que cortaban una ruta y la Gendarmería. Sin esas pruebas, el caso nunca debió haber superado el límite de la averiguación de paradero, que en cualquier comisaría de barrio comienza por determinar fehacientemente dónde y cuándo el desaparecido fue visto por última vez, y sigue con la investigación de su persona, sus actividades, su entorno familiar y social. En el caso de Maldonado, el enfoque propuesto por los denunciantes, y aceptado sin objeción alguna por el gobierno orientó la investigación hacia el accionar de la Gendarmería. Ese enfoque tomó forma en un pedido de habeas corpus por la “desaparición y/o detención ilegal” de Maldonado presentado por el defensor público Jorge Machado ante el juzgado de Esquel, y hecho propio por la fiscal Silvia Avila. En dos oportunidades, a pocos días de la denunciada desaparición, perros entrenados olfatearon rastros frescos de Maldonado que se adentraban hacia un predio de mil hectáreas lindante con el río Chubut y controlado por unos sedicentes mapuches, pero éstos no permitieron el ingreso de las fuerzas de seguridad, argumentando que se trataba de un “territorio sagrado” y el juez Guido Otranto se acomodó a esa pretensión, ajena a todo el ordenamiento legal que está llamado a defender.
Mientras esto ocurría en el sur, desde la capital todos los organismos de derechos humanos, fachadas de la izquierda vernácula, se movilizaban dentro y fuera del país para agitar el tema Maldonado. El caso Maldonado se convertía en la Operación Maldonado. Santiago Maldonado perdía cualquier dimensión humana para convertirse en un ícono de la impugnación al Estado, y la pregunta por su paradero se volvía una pregunta retórica cuya respuesta convenía dilatar. Con violentas marchas callejeras y resonantes declaraciones de la internacional progresista acorralaron al gobierno y lo mantuvieron a la defensiva, más ocupado en demostrar su inocencia y en evitar cualquier decisión políticamente incorrecta, aunque fuese conducente al esclarecimiento de lo ocurrido. La familia Maldonado, que siempre se mostró más funcional a la operación política montada a propósito de la desaparición de Santiago que afligida por su suerte, impugnó al juez Otranto y, con el apoyo del CELS de Horacio Verbitsky y organismos similares, logró que el caso pasara a manos de otro magistrado, Gustavo Lleral. Este juez hizo cosas más raras que Otranto en términos de su alejamiento del orden legal vigente: ingresó al predio ocupado para tomar declaración (allí y no en sede judicial) a varios “mapuches”, ordenó nuevas pesquisas en el lugar aunque admitió que los efectivos fueran palpados de armas previamente por los “mapuches”, como se vio en varias fotografías, y dispuso también el rastrillaje del río que permitió encontrar el cuerpo, aunque aceptando que los efectivos de seguridad fueran acompañados por “mapuches” armados, según relató un bombero participante de la búsqueda.
Aunque la familia de Maldonado estira el reconocimiento efectivo de Santiago, para que el tema siga siendo agitado por la izquierda hasta el día mismo de la elección legislativa, los sondeos indican que nunca caló en la opinión pública como para incidir en la decisión de voto. Pero, aunque la aparición del cuerpo descomprime la tensión, todavía quedan varias preguntas en pie: ¿Maldonado murió ahogado accidentalmente? ¿la familia y los “mapuches” se enteraron sólo ahora? ¿por qué su familia siempre demoró y obstaculizó la investigación con una u otra excusa? ¿por qué su cuerpo nunca fue visto con anterioridad, pese a haber aparecido en un lugar constantemente vigilado por los “mapuches” y cercano al foco de los hechos denunciados? ¿por qué los “mapuches” ofrecieron continuamente al juez Otranto pruebas falsas en contra de la Gendarmería? ¿por qué el juez Otranto dijo que lo más probable era que Maldonado se hubiese ahogado cuando nadie consideraba esa posibilidad? ¿por qué fue recusado inmediatamente después de esa declaración? ¿por qué la intervención del juez Lleral cambió radicalmente la actitud de los “mapuches”? ¿por qué la familia de Maldonado aparece visiblemente disgustada, y no aliviada o compungida, con el desenlace, pero sigue prestándose a la operación montada en torno de Santiago? Y finalmente, ¿quién era realmente y a qué se dedicaba Santiago Maldonado, con su media docena de celulares, sus continuas entradas y salidas, legales e ilegales, entre Argentina y Chile, sin una novia que lo llore ni un amigo que lo extrañe?
Las respuestas irán apareciendo cuando se comprenda que cada uno de los jugadores involucrados en esta trama, cada uno de los que retóricamente invocaban el nombre de Santiago, perseguía objetivos independientes, y que algunos ganan y otros pierden con su desenlace. El gran perdedor es el Estado argentino, que dejó en evidencia todas sus debilidades frente a un ataque preciso, bien planeado y con objetivos definidos; otro perdedor es la familia Maldonado, a la que parece habérsele escapado algo que no es precisamente el afecto de un hijo o un hermano. La izquierda consiguió un empate: no logró torcer con su maniobra la voluntad del electorado pero logró alentar el secesionismo, tema que le es grato como vimos en Cataluña. El gran ganador es la insurgencia mapuche que, junto a una impresionante (y gratuita) cosecha de propaganda internacional, a propósito de un personaje que ni siquiera les es propio, aplicó los preceptos de su Kutralwe (manual de táctica y estrategia) y logró su primera gran victoria desde los tiempos de Roca: puso de rodillas al gobierno y la justicia argentinos (y a las fuerzas de seguridad que dependen de ellos), y logró que se allanasen a sus exigencias y condiciones.
–Santiago González
Mi opinión es que el tema “mapuche” no ha terminado y sus protagonistas locales (bien descritos en esta nota) solo han hecho un repliegue táctico y acechan a la espera; o de circunstancias propicias a sus objetivos o de órdenes de otros protagonistas, ni locales ni visibles.
Estoy de acuerdo con su visión.
Muy interesantes sus observaciones sobre el caso y la operación montada al respecto. Una vez más ha quedado expuesta la debilidad del Estado Argentino, no obstante, considero que el Poder Ejecutivo como principal órgano de gobierno, actuó prudente y respetuosamente del Poder Judicial que fue, si no partícipe, funcional a la operación que usted describe. Habrá que ver, una vez resuelta la causa, si el Ejecutivo decide accionar dentro de sus atribuciones contra los funcionarios que no hayan estado a la altura de las circunstancias, y para resolver de manera permanente las cuestiones relativas al control territorial por pequeños grupos de agitadores. En otras materias, como las amenazas de bombas en las escuelas, parece existir la voluntad de castigar a los infractores y exigir la reparación económica por los daños causados. Esperemos que si hubo falsos testimonios y maniobras tendientes a dificultar el esclarecimiento del asunto, el gobierno castigue a los responsables y reafirme la presencia del Estado en cada rincón del país, para que esta primera victoria de la insurgencia mapuche sea, a su vez, su derrota definitiva.
Es cierto lo que usted dice. Bien podría pensarse que los errores políticos en el manejo de este episodio fueron errores forzados por el comportamiento extravagante del Poder Judicial. Sin embargo, en otros conflictos anteriores los principales actores políticos del gobierno se han mostrado más proclives a dejarse enredar en la interpretación progresista de las cosas que a presentarle batalla esgrimiendo otra lógica, otros valores. Dicho de otro modo, más respetuosos de la corrección política que dispuestos a cambiar el eje de la discusión, y de paso hacer docencia. Es justo reconocer que la ministra Bullrich queda al margen de esta crítica. Gracias por su comentario.