En el 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde confiscó los depósitos en dólares que los ahorristas habían confiado a los bancos. Los bancos, que tenían esos depósitos en custodia, se acomodaron con el gobierno y se olvidaron de los compromisos asumidos con sus clientes.
En el 2008, el gobierno de Cristina Fernández confiscó los depósitos que los aportantes habían confiado a las administradoras de fondos de pensión, y ni esas entidades, ni los bancos de los que dependían en muchos casos hicieron cosa alguna para defender los intereses de sus clientes.
En el 2010, las dos principales entidades bancarias argentinas, ADEBA y ABAPPRA, pidieron la renuncia del presidente del Banco Central Martín Redrado porque éste, cumpliendo con la ley, se negaba a entregar reservas al ejecutivo con destino al pago de la deuda, como se lo exigía la señora Fernández mediante un decreto de necesidad y urgencia. La justicia frenó al gobierno y a los bancos.
A partir del 2013, los bancos argentinos se hicieron cómplices solidarios del delito de lavado de dinero al participar de la operatoria de los llamados CEDINES, un instrumento creado además mediante una ley de factura inconstitucional, según acaba de recordar con todo detalle el columnista Dardo Gasparré.
En este mismo 2015, los bancos argentinos se hicieron nuevamente cómplices de otra maniobra delictiva al participar de la operatoria organizada desde el Banco Central para la venta de dólar futuro a precios irrisoriamente bajos en comparación con los pedidos en plazas libres.
El caso del dólar futuro implica para el nuevo gobierno una erogación adicional calculada entre 50.000 y 70.000 millones de pesos que deberían destinarse al pago de esos contratos para cubrir la brecha entre lo ofrecido por el gobierno anterior y la realidad. Los bancos que vendieron esos contratos lo hicieron sabiendo perfectamente que se encontraban ante una maniobra, pero no opusieron objeciones.
El nuevo jefe del Banco Central Federico Sturzenegger les avisó que el gobierno no iba a erogar esa suma y que ellos debían hacerse cargo de las pérdidas. Entonces, apelando a sus reservas inagotables de cinismo, los banqueros se pusieron repentinamente virtuosos, se acordaron de sus clientes, hablaron de default, y prometieron calamidades bíblicas si el gobierno no paga.
La decisión del ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli de vender dólares a futuro por debajo del valor de mercado es un caso de corrupción, que ya ha sido denunciado como tal ante la justicia. Los bancos no pueden negar su condición de cómplices, y merecen un castigo similar al que reciba el funcionario. Sin su participación solidaria el delito no habría podido consumarse.
El sector financiero argentino, uno de los más beneficiados por la década ganada, ha dado muestras sobradas en estos diez años de desprecio por la ley, por los contratos y por la decencia. Cuando los bancos piden que el gobierno pague, en realidad piden que nosotros, los ciudadanos, paguemos por sus enjuagues.
Las sospechas existentes sobre quiénes compraron esos contratos justifican además el examen caso por caso que pretenden las nuevas autoridades financieras. El conflicto está abierto, y se ha convertido en un caso testigo para el gobierno de Mauricio Macri, y su compromiso de combatir la corrupción, una figura de la que no solo participa el funcionario público sino el actor privado que necesariamente debe acompañarlo.
–Santiago González