Si usted cree que algo va a cambiar después de las elecciones de octubre, el Congreso de la Nación acaba de advertirle que está equivocado. La advertencia vale igualmente para las elecciones del 2015, fórmense las alianzas que se formen, y surjan los candidatos que surjan. La aprobación por amplia mayoría legislativa de la caprichosa, irresponsable e injusta ley de fertilización asistida ha demostrado que toda la clase política, gobierno y oposición incluidos, piensa de la misma manera. Y que en todo caso, los que no piensan de la misma manera, no tienen el coraje necesario para traducir su pensamiento en hechos. Sobre poco más de 200 diputados, sólo uno votó en contra. Otros diez trataron de poner a resguardo su corrección política y tomaron la senda que lleva el nombre del prefecto de Judea Poncio Pilatos: se lavaron las manos con la abstención. Gobierno y oposición han demostrado, y no es la primera vez, que comparten los mismos criterios a la hora de ejercer la demagogia, inventar supuestos derechos, y descargar sobre los hombros de una sociedad agobiada el costo de financiarlos. Con un lápiz y un papel, cualquier politicastro se siente en condiciones de imaginar derechos, siempre que no sea él mismo quien deba costearlos.
La ley de fertilización asistida es injusta e irresponsable porque impone a la sociedad el costo de una práctica que no trae consigo ningún beneficio social, y que sólo sirve para satisfacer el capricho de las personas que la requieran. La sociedad como tal no necesita en absoluto que las parejas infértiles, las parejas homosexuales, o la gente solitaria tengan hijos biológicos. Tal vez esas personas sí lo necesiten, por razones que resulta difícil atribuir a otro motivo que el narcisismo más craso, pero en ese caso es exclusivamente responsabilidad de esas personas procurarse los medios para satisfacerlo, y no descargar en los demás el costo de sus fantasías. Por vía de nuestros impuestos, por vía de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, a las que la ley aprobada obliga a prestar el servicio, o en buen número de casos por ambas vías, todos vamos a pagar este insensato delirio legislativo del que gobierno y oposición, repito, son responsables por igual. Otra cosa habría sido, por ejemplo, destinar recursos sociales a promover e incluso subsidiar la adopción, una práctica de la que se deriva un doble beneficio social: para los niños que encuentran un hogar donde criarse, y para el Estado que se libra de la responsabilidad de su cuidado. Pero la adopción es un acto de amor, no un capricho narcisista, y no tiene para los políticos argentinos el glamour demagógico de la fertilización artificial, glamour deslumbrante mientras no se diga quién paga la cuenta. Con esta clase política, y con una sociedad que se enceguece con el brillo del papel plateado, esperar un cambio es ilusorio.
–S.G.
Si bien estoy de acuerdo con el concepto general de la nota de que “nada va a cambiar”, no lo estoy del todo con respecto a la fertilización asistida. Creo que el objeto de un gobierno es mejorar la calidad y el estándar de vida de su gente y garantizar las cuestiones básicas (salud, educación, seguridad y disponibilidad de trabajo). Entiendo que a la mayoría de los congresistas les importa muy poco el tema y en verdad lo votaron por motivos demagógicos, pero eso no implica que la medida sea mala. En todo caso creo que hay muchísimas otras cargas más injustas que el conjunto de los ciudadanos venimos, y vamos a seguir, aportando. Por ejemplo, hoy en día las prepagas deben cubrir los tratamientos por obesidad. Si bien la infertilidad o la obesidad pueden ser tomados como enfermedades o males, la diferencia es que éste último es prevenible y evitable con esfuerzo y compromiso personal del afectado, mientras que en el primer caso no. De modo similar sucede con la universidad gratuita. Existe una diferencia entre aportar a la educación de un estudiante interesado en aprender, que uno que va a pavear o, peor, a hacer política. Otra idea posible sería ponerle un impuesto al juego (que hoy es un viva la pepa) para financiar estos tratamientos u otras necesidades. Por otro lado, mejorar las leyes y tiempos de adopción sería una mejora social mucho más palpable. En resumen, creo que el problema en este caso no es esta ley en sí, sino el sistema en conjunto que toma plata de donde no debe, y no la toma de donde debe, y pone plata donde no debe, y no donde debe.
Le agradezco su comentario, pero sostengo lo escrito. La ley es mala porque obliga a la sociedad a pagar por algo que a la sociedad no le interesa en lo más mínimo. Le interesa a las personas involucradas, quienes deberían hacerse cargo de costear ese interés.