La diputada Elisa Carrió, en un reportaje concedido al programa A dos voces, ofreció todas las respuestas posibles a la pregunta sobre cómo el kirchnerismo, aun en su agonía, se las había arreglado para poner de rodillas al Poder Judicial, pregunta que dejamos planteada al final de la nota sobre el fallo de la Corte Suprema que afirmó la constitucionalidad de la llamada ley de medios. Carrió dijo que no discutía la decisión, pero sí el comportamiento de los jueces del alto tribunal. Puso a salvo las reputaciones de tres magistrados –Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay–, planteó serios reparos sobre otros tres –Elena Highton (“recibía los llamados de Alberto Fernández”), Enrique Petracchi (“tiene una denuncia por un depósito de Telefónica de 500.000 dólares”), y Eugenio Zaffaroni (“tenemos preparada una demanda por su relación con los prostíbulos”), y acumuló acusaciones de toda clase hacia el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, a quien prometió entablar juicio político y denunciar penalmente. Según Carrió, hubo un acuerdo o pacto previo entre Lorenzetti y el secretario legal de la presidencia Carlos Zannini, evidenciado cuando el gobierno planteó su proyecto de democratización de la justicia, que incluía elección de jueces por voto popular, promoción o remoción por mayoría simple, y retiro del manejo de la caja a la Corte Suprema. Lorenzetti y Zannini se reunieron, y de allí surgió un entendimiento, que se tradujo en una devolución de la caja a la Corte incluso más allá de lo que establece la Constitución, junto a diversas modificaciones a la idea original que fueron a parar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Carrió denunció ese acuerdo en la Cámara de Diputados en ese mismo momento (el programa mostró un video de la sesión, en abril de 2013), y según contó ahora la diputada, Lorenzetti estuvo a punto de echarse atrás. “Carrió: dígale a Lorenzetti que pacta sunt servanda“, le comentó irónicamente el diputado kirchnerista Carlos Kunkel. Según Carrió, desde el gobierno extorsionaron al juez para que se ajustara a lo pactado. “Lorenzetti tiene una declaración de bienes dudosa, una fortuna dudosa”, dijo, y describió al magistrado como un miembro del Partido Justicialista de Santa Fe con una trayectoria de negocios poco claros en esa provincia. “Lorenzetti vive en Puerto Madero frente al departamento que habitaba (el procesado ex secretario de transporte Ricardo) Jaime”, agregó. Para la diputada reelecta por UNEN, los acuerdos entre Lorenzetti y Zannini, además de la decisión favorable sobre la ley de medios, incluyen otras cosas igualmente poco transparentes como el rechazo de los juicios por el cepo cambiario, el levantamiento del embargo contra Chevron, y la aprobación express de un nuevo Código Civil, sobre cuya publicación comentada Lorenzetti ya habría cerrado un atractivo contrato editorial. Junto a estas graves denuncias, Carrió fustigó también a los políticos de la oposición, desde aquellos que dieron oportunamente su respaldo a la ley de medios, como Sergio Massa y Hermes Binner, pasando por los que hicieron la vista gorda ante un notorio entendimiento espurio porque, como abogados, tenían intereses creados ante la Corte, hasta los que convalidaron el tratamiento del Código Civil en una bicameral “simplemente porque querían formar parte de una comisión histórica”. Carrió puso al descubierto todas estas miserias judiciales y políticas, que en cualquier país habrían suscitado un escándalo mayúsculo, durante su intervención el miércoles en el programa citado. Clarín hizo una breve reseña el jueves, y La Nación la ignoró por completo, dedicando en cambio el espacio a una nota sobre el logo de campaña de Sergio Massa. Los ciudadanos que aun conservan cierta estima por su condición de tales deberían tomar nota de estos detalles.
–Santiago González