Mano propia

Todos los políticos se pronunciaron a coro, y en el mismo tono escandalizado, en contra de que la gente haga justicia por mano propia. Es lógico que hayan reaccionado así, porque al menos en teoría se ganan la vida haciendo lo que las personas, por contrato, no pueden hacer por su cuenta. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes (los políticos), y el monopolio de la fuerza corresponde exclusivamente al estado (administrado por los políticos). Lo que estos muchachos, y muchachas, olvidan es que sus funciones, ejecutivas (que incluyen el ejercicio de la fuerza), legislativas o judiciales, no les son inherentes, no les pertenecen, sino que les han sido delegadas por la sociedad. Y tampoco exactamente por la sociedad, que es una abstracción, sino por cada uno de los hombres y mujeres que la componen. Cuando esas funciones les son delegadas, los políticos sobre quienes ha caído la responsabilidad del poder asumen el compromiso de ejercerlas. Porque preferimos vivir en una sociedad civilizada antes que en la frontera sin ley, resignamos nuestro derecho a defendernos frente a un ataque en favor de la fuerza pública, administrada por los políticos, que está obligada por contrato –y cuando hablamos de contrato hablamos de la Constitución Nacional– a defendernos. Ahora bien, si después de años y años de sufrir asesinatos, ataques, robos, mutilaciones y otros agravios, y de no tener otra respuesta a nuestros reclamos que el comentario sarcástico y despectivo de que lo nuestro es apenas una sensación de inseguridad, si después de esa espera paciente y sacrificada seguimos sin respuesta, tenemos todo el derecho del mundo a considerar que el contrato por el cual habíamos delegado nuestro derecho a la defensa se ha roto, que se ha roto no por nuestra culpa, y que por lo tanto ese derecho vuelve a nuestras manos. A nuestras manos propias, donde residía originalmente. Los políticos, y muchos que viven de ellos, como los periodistas, hacen grandes aspavientos ante cuatro o cinco casos de justicia por mano propia, y hablan de ruptura del contrato social, después de años de mirar para otro lado, entretenidos en sus jueguitos de poder, mientras ese contrato se hacía añicos en cada asesinato, en cada atraco, en cada entradera, en cada salidera, en cada chico inducido a consumir droga, en cada chica víctima de trata, en cada médico obligado a punta de pistola a dar atención preferencial a delincuentes, en cada maestro atacado a trompadas por padres airados, en cada policía abatido en desigualdad de condiciones. Puesto que los encargados por contrato de brindar seguridad no lo hacen, es legítimo que cada uno recupere su derecho a la defensa. De lo contrario, nos encontraríamos en situación peor que en la de los territorios sin ley, donde cada uno velaba por su vida como mejor podía. Tal como están las cosas ahora, y tal como políticos y formadores de opinión quieren que sigan estando, el uso de la fuerza en defensa propia o el ejercicio de la justicia por mano propia le están vedados por ley al hombre común, al que sólo le resta el derecho de ser víctima pasiva e impotente ante las agresiones.

No necesito decir que es preferible vivir en una sociedad civilizada que en una frontera sin ley, que es mejor el monopolio estatal de la fuerza y la justicia institucional que los tiroteos generalizados y los linchamientos. Que es preferible que el contrato constitucional se cumpla y no que quede en letra muerta. Pero sí necesito decir que la sociedad está dando señales de haber colmando su paciencia, y que si quienes han recibido el honor de la delegación de poderes no lo advierten y actúan en consecuencia, muchos van a pretender recuperar para sí el poder delegado. Entonces viviremos días terribles.

–Santiago González