La docena de mandatarios hispanoamericanos que asistirán este lunes en Cartagena de Indias a la firma de un tratado de paz entre el Estado colombiano y la organización narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán cómplices voluntarios (como el cubano Raúl Castro) o imprudentes (como el argentino Mauricio Macri) de una maniobra publicitaria del presidente Juan Manuel Santos para impulsar la aprobación popular del entendimiento en el referendo popular convocado para el 2 de octubre, es decir, el próximo domingo. Ese día, los colombianos deberán responder a la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” El acuerdo tiene 300 páginas, su lenguaje es complejo, y la versión que han dado de él tanto los partidarios del Sí como los del No está llena de falacias y verdades a medias. El gobierno del presidente Santos no optó por la imparcialidad, sino que ha tomado partido militante por el acuerdo que logró, lo cual hasta cierto punto tiene lógica, pero no lo ha hecho con la verdad, lo cual es imperdonable. La distorsión oficial de las cosas arranca desde la formulación misma de la pregunta del plebiscito: “acuerdo final para la terminación del conflicto” induce a suponer que casi medio siglo de violencia en Colombia llegará a su fin, y omite decir que se trata sólo de un acuerdo con las FARC, que si bien es el más importante de los grupos narcoterroristas, no es el único, y que el acuerdo nada tiene que ver con los productores de drogas, cuyos sembrados se han triplicado en los últimos años, en buena medida al amparo o con el apoyo del narcoterrorismo, y que hoy por hoy constituyen la mayor amenaza a la “paz estable y duradera” de cuya construcción habla la pregunta del plebiscito. Otra maniobra del gobierno de Santos para lograr que la población apoye su acuerdo es el espectáculo montado para este lunes en la histórica ciudad de Cartagena: la pomposa firma de un tratado de paz, en presencia de altos dignatarios de la región y del mundo, antes de que el pueblo colombiano diga si lo acepta o no. Esa sola presencia internacional va a ser vista como un respaldo a Santos y a su acuerdo que, como se dijo, es extenso y complejo: la mayoría de los ciudadanos probablemente defina su voto basándose en la opinión de terceros -columnistas, escritores, políticos: los habituales formadores de opinión- cuyo juicio le merezca confianza. Aún así, los colombianos están ante un trance complicado: el ex presidente Álvaro Uribe, a cuya mano firme se debe que las FARC hayan aceptado sentarse a una mesa de diálogo, se opone al acuerdo, argumentando con justa razón que hace a los narcoterroristas concesiones inaceptables y que no despeja la repetición de los conflictos. Mario Vargas Llosa sugiere que el acuerdo es bueno simplemente porque no hay alternativa. “¿Funcionará el acuerdo de paz? –pregunta el escritor peruano–. La única manera de saberlo es poniéndolo en marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian razones (…). También se hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces salvadoreños y guatemaltecos viven en paz.” Es cierto lo de Irlanda, pero en Centroamérica los acuerdos de paz engendraron un problema de nuevo cuño: organizaciones delictivas de ferocidad desconocida. El colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, escritor y liberal como Vargas, le responde asegurando que el acuerdo de paz marca el triunfo de la estrategia de poder concebida por el desaparecido líder de las FARC ‘Alfonso Cano’, tendiente a sacar progresivamente a la organización de la vía muerta de la lucha armada para colocarla en la arena de la política partidaria. Mendoza anota algunas de las prerrogativas conseguidas por los insurgentes: “Los miembros de las FARC quedarán eximidos del pago de cárcel a pesar de los atroces delitos que cometieron durante más de 50 años; tendrán 26 curules efectivas en el Congreso, 31 emisoras de radio, canal de televisión, un caudaloso presupuesto para la difusión de su plataforma ideológica y ocuparán vastas zonas de concentración en el país, sin presencia de la Fuerza Pública, y que de hecho se convertirán en pequeños estados independientes para propagar su proyecto socialista”. Entre el Sí de los Santos y los Vargas Llosa y el No de los Uribe y y los Mendoza, es probable que los colombianos vean en los concurrentes a Cartagena una implícita adhesión al acuerdo emitida desde una posición neutral. Voluntaria o imprudentemente, los mandatarios de la región se van a prestar a la maniobra y van a aplaudir cuando el presidente Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, le pongan horas antes de la celebración del plebiscito una innecesaria segunda firma al documento que ya suscribieron sus representantes en La Habana el 24 de agosto, junto con los garantes Cuba y Noruega.
–Santiago González