Una ley destinada a no cumplirse

Si el gobierno aprueba el plan presentado por el grupo Clarín para adecuarse a las disposiciones de la llamada ley de medios, quiere decir que el gobierno y el grupo Clarín nos han estado tomando el pelo durante cuatro años. Ni uno estaba dispuesto a hacer cumplir la ley, ni el otro tenía la menor intención de cumplirla. El plan de Clarín reparte el grupo en seis unidades formalmente independientes entre sí, aunque nada impediría que estuvieran encabezadas por testaferros o, digamos, personas con buena disposición para obrar al compás. La oferta tiene grandes posibilidades de ser aprobada porque sus lineamientos son similares a los que se le aceptaron al grupo Vila-Manzano, que los ofreció voluntariamente. Cuatro años de épicos enfrentamientos le sirvieron al kirchnerismo para movilizar a sus bases en una batalla contra un enemigo imaginario: Magnetto podría venderle los derechos a DC Comics, y gozar de un holgado retiro con las regalías de su imagen de supervillano; también le sirvieron a Clarín para revestirse con una pátina de dignidad periodística, algo que sus continuas manipulaciones noticiosas habían adelgazado hasta la invisibilidad. A este cronista le resulta muy difícil creer que el día en que la Corte falló en favor de la constitucionalidad de la ley alguno de los involucrados en el asunto se vio sorprendido; si habláramos de fútbol diría que hubo tufillo a partido arreglado. Con llamativa rapidez, Martín Sabbatella le aseguró el momento mediático al gobierno con su irrupción en la sede de Clarín; con simétrica celeridad, Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú se lo brindaron a Clarín en la sede de la OEA. La política argentina tiene una antigua tradición en materia de promulgación de leyes que nunca se cumplen, generalmente por falta de fondos para solventarlas o por falta de músculo para forzar su obediencia. Pero el kirchnerismo siempre puede sorprendernos con algo más: en este caso con la promulgación de leyes destinadas desde el principio a no ser cumplidas. Los amparos presentados por el grupo Clarín sólo suspendieron la aplicación de un par de artículos específicos. Pero en cuatro años, sin que sepamos por qué, ya que no requieren grandes inversiones ni poder de policía, ninguna de las restantes previsiones de la ley se puso en práctica, ni siquiera en sus aspectos más elementales como el censo de emisoras de radio y televisión. La ley de medios puede pasar así a integrar un corpus muy abultado de la gestión kirchnerista, el de la política ficción: valores que se proclaman y no se respetan, anuncios que se formulan entre aclamaciones y no se concretan, servicios sociales que se inauguran una y otra vez pero nunca funcionan, y ahora leyes cuya única finalidad no es la de ser cumplidas, sino lograr cobertura mediática y desencadenar debates que por lo general sirven para ocultar problemas más graves. Si el gobierno aprueba el plan de Clarín, en el mejor de los casos se habrá respetado la letra pero no el espíritu de la ley, y todo no habrá sido más que una puesta en escena. Entonces nos daremos cuenta de que fue más lesivo para la integridad de la República el fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios, que la ley de medios en sí. Clarín encontrará la forma de salir más o menos indemne de esta coyuntura, pero, como dijimos el día en que se conoció el dictamen, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la libertad de expresión habrán quedado severamente menguadas a partir de ese fallo.

–Santiago González