En la ciudad de Córdoba un agente policial de 25 años mató de un tiro a un muchacho de 18 que no había detenido su moto en un control policial. El motociclista iba acompañado por un amigo, quien dijo que el policía les salió al cruce repentinamente. Aseguró que la moto tenía mal los frenos, por lo que el conductor esquivó al policía para no atropellarlo y había enfilado la moto hacia el cordón para ayudar a detenerla con el roce cuando recibió el balazo fatal. El relato del amigo puede ser cierto o no, y los jóvenes tripulantes de la moto bien pudieron haber tratado de eludir el control policial, por divertirse o por otras razones. Pero ninguno de ellos iba armado, y la reacción del agente pareció más emocional que profesional. Dos vidas jóvenes arruinadas en un instante, en el que confluyeron las responsabilidades individuales con el fracaso normativo de la sociedad: los motociclistas no debieron circular en un vehículo inseguro, ni mantener la velocidad habitual al aproximarse a un control policial, y el agente no debió abrir fuego bajo ningún concepto dado que los jóvenes no representaban amenaza alguna, ni había otros operativos policiales en la zona que hiciesen presumir un intento de fuga. Pero cada uno obró como le dio la gana. El caso del agente es más grave, porque se trata de una persona que el estado arma en defensa de la sociedad y sobre cuyo entrenamiento y perfil psicológico debería haber mayores recaudos. Existe la sensación de que el estado pone armas en manos de cualquiera. Días atrás un joven policía de la provincia de Buenos Aires, casado con una mujer policía, mató de un balazo a su padre policía en medio de una discusión sobre qué película iban a ver esa noche. Estremece pensar que personas como éstas, y otras parecidas de las que a veces nos enteramos por la prensa, fueron escogidas por otras personas con mayor autoridad para protegernos. Un policía, un gendarme, un prefecto, deben inspirar seguridad y confianza, no miedo ni suspicacias. -S.G.