Explicaciones

¿Qué tienen en común en estos días Eugenio Zaffaroni, Hebe de Bonafini, Walter Barrionuevo y Mauricio Macri? Los cuatro son figuras relevantes de la vida política y social argentina, tres de ellos son encumbrados funcionarios públicos, todos están envueltos en situaciones confusas, y los cuatro están obligados a dar explicaciones a la ciudadanía.

Sin embargo, Zaffaroni y Bonafini han optado hasta ahora por no explicar nada, culpar de los embrollos en que se encuentran metidos a colaboradores supuestamente desleales, y atribuir la difusión de sus desaguisados a campañas mediáticas en su contra; Barrionuevo simplemente no habla, y Macri anda de vacaciones por algún lugar del planeta.

Los ciudadanos entretanto oscilan entre el agravio de sentir que se les toma el pelo y el desaliento de advertir que incluso quienes prometían un cambio en el modo de encarar los asuntos públicos (como Zaffaroni o Macri) parecen inscribirse ahora entre quienes no rinden cuentas o se refugian impávidos en el “yo no fui”, al mejor estilo de Aníbal Ibarra.

Eugenio Zaffaroni es un encumbrado jurista y magistrado de la Corte Suprema. Según denuncias de diverso origen que se remontan por lo menos al 2009, y que se reavivaron ahora por comprobaciones periodísticas, por lo menos en seis de una quincena de departamentos de su propiedad en la capital federal se ejercía la prostitución.

La eminencia de su responsabilidad en el sistema jurídico argentino, y su propio prestigio internacional como teórico del derecho, hicieron que la noticia corriera enseguida por todo el mundo, llenando de oprobio la institucionalidad de nuestro país, cuyo perfil no se sitúa de por sí entre los más encumbrados.

Zaffaroni no parece entender que ese perjuicio excede largamente a su persona. En lugar de controlar el daño con una respuesta rápida, clara y precisa, prefirió primero subestimar el tema con inoportunas ironías, y luego victimizarse, denunciar una campaña mediática en su contra, y crear una cortina de humo con la mención “preventiva” de su cuenta bancaria en Suiza.

Todo lo que se necesitaba era esa respuesta rápida y clara, que podía haberse resuelto con una declaración ante la prensa. En un primer momento, nadie pedía otra cosa. Pero el juez eligió el camino equívoco de buscar el amparo de los medios oficialistas para crear su relato de victimización. Entonces el escándalo se ahondó y se extendió innecesariamente en el tiempo.

La oposición política al gobierno se encarnizó, el coro estable de figurones progresistas acudió en auxilio de un magistrado que los representa acabadamente en el terreno de la filosofía del derecho, los restantes jueces de la Corte Suprema acusaron el impacto del escándalo y procuraron poner prudente distancia para preservar el prestigio del alto tribunal.

A esta altura, lo que se espera de Zaffaroni es mucho más que una declaración de prensa, y nunca menos que una comparecencia ante el Congreso, donde sus dichos deberían ser escrutados con mucha mayor severidad, y contrastados con los detalles que han aparecido entretanto sobre la conducta del apoderado del juez, Ricardo Montivero.

El inefable Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y animador de la fraternidad de pensadores kirchneristas Carta Abierta, consideró que las informaciones sobre los desórdenes de Zaffaroni y Bonafini en realidad son ataques planificados y orientados a “destruir el núcleo ético kirchnerista”. Más que núcleo debió decir “cobertura” o “coartada”.

Bonafini, abrumada por las denuncias sobre malversación de fondos en la Fundación que preside, también salió en defensa de Zaffaroni, y lo hizo retomando el vocabulario de insultos que mantenía guardado desde que estalló su propio escándalo. Tal vez Hebe esté ahora confiada en que el juez Norberto Oyarbide va a aceptarla como parte querellante en la causa.

Una versión en ese sentido circuló en los últimos días, casi al mismo tiempo en que salían a la luz documentos y contratos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con la firma rutilante de su principal animadora. Si Oyarbide la acepta como querellante, lo que pondría a Hebe a salvo de ser procesada, va a ser él mismo el que más tarde va a tener que dar explicaciones.

Como también debería darlas el gobernador Walter Barrionuevo, junto a todo su gabinete y sus legisladores, ante su probada incapacidad para manejar Jujuy. Este fin de semana había diez mil personas ocupando tierras ilegalmente en demanda de acceso a una vivienda, una carencia endémica en la provincia, increíblemente desatendida por las autoridades.

La impotencia del kirchnerista Barrionuevo es pasmosa. El poder real en la provincia parece pasar por la empresa azucarera Ledesma y la dirigente social Milagro Sala, también kirchnerista, a la que el gobernador debió recurrir para apaciguar las protestas. Barrionuevo ni siquiera tiene diálogo con el gobierno central, función que cumple el candidato a sucederlo Eduardo Fellner.

El gobernador debería explicar por qué la provincia no adjudicó tierras que fueron donadas por Ledesma para construir viviendas, por qué los fondos nacionales al efecto van a parar a Milagro Sala y no a su gobierno, por qué consintió que Sala constituyera en Jujuy una suerte de estado paralelo, y en qué medida esto acicateó la violenta protesta de grupos rivales como la CCC.

Y por fin, en esta nómina apresurada, el último llamado a brindar explicaciones es el ratificado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Cuando regrese de sus vacaciones habrá que preguntarle por qué renovó sin modificaciones la concesión de los locales de juego que el empresario kirchnerista Cristóbal López y su socio Federico de Achával poseen en la ciudad.

La presión tributaria sobre los habitantes de la capital es harto elevada, pero el contrato de López lo aparta de las generales de la ley: paga anualmente a la ciudad un canon irrisorio que el jefe de gobierno ni siquiera se molestó en actualizar por inflación, y además su actividad está exenta del impuesto a los ingresos brutos que pesa sobre todos los comerciantes porteños.

Quienes le dieron su voto a Macri esperan una explicación sobre ese trato tan favorable para un empresario que por añadidura aparece ante la opinión pública como un emblema del capitalismo de amigos instalado por Néstor Kirchner. La explicación se enriquecería notablemente si incluyera una referencia al papel jugado por el asesor Nicolás Caputo en ese entendimiento.

Zaffaroni, Bonafini, Barrionuevo y Macri podrán seguramente brindar a los ciudadanos explicaciones plausibles sobre los asuntos mencionados. Lo que no podrán, a riesgo de echar por la borda el capital de credibilidad que, en diferentes proporciones cada uno de ellos tiene, es hacerse los distraídos o echarle la culpa a otro.

–Santiago González