La gran incógnita a despejar en las elecciones primarias del 14 de agosto tiene que ver con el respaldo que cada una de las fuerzas políticas participantes, incluído el oficialismo, posee entre los votantes. En este sentido funcionarán como una gran encuesta nacional, extremadamente confiable porque todo el padrón está legalmente obligado a responder.
Sólo en algunos casos, como en la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo presenta dos aspirantes a gobernador, cumplirán la misión para la que fueron concebidas: someter al veredicto ciudadano las disidencias internas en cada partido. Al nivel del candidato presidencial, todos los partidos presentan un solo postulante.
Pero hay un riesgo implícito en esta gran encuesta: los seguidores de Cristina votarán por ella; sus opositores pueden sentirse tentados a definir ahora mismo quién será su rival. Esta polarización temprana, en caso de producirse, podría borrar de la escena a las agrupaciones que no alcancen a atraer un 1,5 por ciento de respaldo en cada distrito.
Para que ello no ocurra sería necesario por parte del votante un esmerado corte de boletas, de modo que su preferencia por determinado candidato a presidente no arrastre al resto de las instancias de gobierno en disputa. Esto es relativamente sencillo allí donde ya hubo elecciones locales, como en la capital federal, Santa Fe, Córdoba o Tierra del Fuego.
Pero se complica en lugares como la provincia de Buenos Aires donde los electores se encontrarán con boletas de hasta seis cuerpos, cada una con las variantes determinadas por las diversas listas internas que concurren en cada nivel del poder político sometido a consulta popular.
Los efectos negativos de una polarización temprana pudieron verse con claridad en la capital federal. El afán urgente por defender al gobierno nacional en un distrito hostil, o por asestarle un resonante castigo, determinó que un 75 por ciento de los votos fueran absorbidos en la primera vuelta por Daniel Filmus y Mauricio Macri.
Como consecuencia directa, importantes actores como la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Proyecto Sur obtuvieron respaldos ínfimos; esto debilitó su presencia en la legislatura porteña, donde ahora tendrán mayor peso macristas y kirchneristas, que han demostrado entenderse muy bien cuando de negocios se trata.
Si los votantes porteños hubiesen aplazado hasta la segunda vuelta una definición contundente como la que dieron, cosa que habría sido perfectamente posible, habrían obtenido el mismo resultado, pero con una mayor presencia opositora en la legislatura, y por lo tanto con un mejor control sobre los asuntos de la ciudad.
Aunque muchos analistas sugirieron por entonces que el comportamiento porteño iba a ser tenido muy en cuenta por los votantes de Santa Fe y Córdoba, lo cierto es que en esas provincias, donde ni siquiera hay segunda vuelta, la ciudadanía acudió a las urnas para resolver cuestiones propias y no empeñando su voto en la gran contienda nacional.
En Santa Fe, el magro triunfo de Antonio Bonfatti supuso un reproche para Hermes Binner, castigado por Miguel del Sel; en Córdoba, el amplio triunfo de José Manuel de la Sota significó un reconocimiento para Carlos Schiaretti. Ni Binner ni Schiaretti fueron juzgados por su adhesión o rechazo al kirchnerismo, sino por su gestión del interés local.
Desde otro punto de vista puede advertirse que el peso del voto castigo se diluye para el que se beneficia de él en la noche misma de la elección. Pasado el escrutinio, ¿cuántos votos significan realmente un aval a la gestión de Macri? ¿Cuántos votos puede atribuirse Del Sel, y cuántos les adeuda a sus patrocinantes: Reutemann, Duhalde, Macri?
El voto castigo no le sirve entonces al que lo recibe (no puede construir a partir de él) ni tampoco le sirve al que lo emite. Expresa un rechazo, un “no”, pero no representa un compromiso, un “voto de confianza”, una opción respecto del futuro de la comunidad en la que el votante vive, y de la que depende mucho más que lo que se imagina.
Después de aquel “que se vayan todos”, dirigido en el verano del 2001/2002 contra los partidos tradicionales (UCR y PJ) y su mentalidad progresista-populista, varios dirigentes se lanzaron a la tarea de organizar (o reorganizar) agrupaciones concebidas según una manera diferente de hacer política y un marco de ideas apto para enfrentar el siglo XXI.
En ese espectro de propuestas hay para todos los gustos: desde la centroderecha del PRO de Mauricio Macri, el centro de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la centroizquierda del renovado Socialismo de Hermes Binner (y Proyecto Sur de Fernando Solanas), hasta la izquierda pura y dura del Frente orientado por el Partido Obrero de Jorge Altamira.
Estos partidos se organizaron o reorganizaron en respuesta a un reclamo de la ciudadanía, y lo hicieron con responsabilidad: la Coalición Cívica y el PRO han enriquecido el debate en el Congreso con legisladores de primer nivel. La ciudadanía les debe por lo menos el reconocimiento de su derecho a la existencia en las primarias que se avecinan.
Si la ciudadanía olvida que en octubre habrá una elección con doble vuelta y utiliza las primarias simplemente para expresar su aprobación o su rechazo del actual gobierno no sólo estará desperdiciando la oportunidad de enriquecer la oferta política respaldando a los nuevos jugadores, sino que en algunos casos los estará condenando a la extinción.
Si se apresura a definir ahora si Ricardo Alfonsín o Eduardo Duhalde será el gran rival de Cristina, habrá caído voluntariamente en lo que en este sitio definimos como la trampa de los dos partidos, en la que radicales y peronistas se suceden unos a otros como reaseguro de una gobernabilidad que no es otra cosa que su capacidad para transar con las mafias.
–Santiago González