Si las administradoras privadas de fondos de pensión cometieron todas las tropelías de que fueron acusadas durante los debates legislativos que precedieron a su aniquilación, el Congreso ya debería estar discutiendo el paso siguiente: solicitar el enjuiciamiento penal de todos los superintendentes de AFJP de los últimos 14 años por violación de deberes de funcionario público.
Prácticamente todos los procedimientos que se objetaron en la operación de las compañías de jubilación privada pudieron haber sido remediados a tiempo mediante una simple resolución de la Superintendencia. Si eso no se hizo, ¿para qué le estuvimos pagando el sueldo a las cabezas de ese organismo y a sus empleados, para qué gastamos en oficinas, teléfonos, computadoras?
La creación del sistema de jubilación privada formó parte de un intento más amplio de reformar el estado, encarado en los 90 con la intención de confiar a la actividad privada la gestión de una serie de servicios públicos que habían sido llevados al borde del colapso por décadas de administración estatal corrupta. Todas las privatizaciones resultantes están ahora en cuestión.
En comparación con el estado que presentaban en el momento de su privatización, muchos de esos servicios no sólo no han mejorado sus prestaciones al público sino que las han empeorado y encarecido: gas, electricidad, ferrocarriles, aerolíneas, exploraciones y explotaciones mineras y de hidrocarburos, aguas y cloacas, etc.
Los únicos que a la vista del usuario mejoraron su calidad son teléfonos, cuidado de los caminos, correos, y sistema de jubilación. En el caso de los teléfonos, es cierto que renovaron redes e instalaciones centrales pero a un costo enorme cargado a los clientes, que pagamos en su momento tarifas hasta cuatro veces mayores en dólares a las normales en el mundo.
Las telefónicas -particularmente una de ellas- tratan al usario con niveles de arbitrariedad, desconsideración, y falta de respeto que superan con creces los de aquellas caóticas oficinas de Entel. Las quejas contra estas empresas telefónicas van a la cabeza de los reclamos en los organismos de defensa del consumidor.
En el caso de los caminos, las concesiones parecen más bien patentes de corso que permiten a unas personas asaltar a los viajeros en las casillas de peaje, a cambio del módico servicio de cortar el pasto en las banquinas y tapar los baches. No parece haber relación entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio.
El correo, por su lado, mejoró su operación al ser privatizado: sus servicios se modernizaron y aumentaron en calidad y variedad. Por primera vez se pudo pensar en el correo como un sistema confiable para acompañar un emprendimiento de ventas a distancia como el que facilita Internet. Tal vez para que no cundiera el mal ejemplo el gobierno lo reestatizó, después de haberlo saboteado confiando la correspondencia oficial a otra empresa del ramo.
Y queda por fin el caso de las administradoras de fondos jubilatorios, que no reemplazaron el sistema estatal sino que se sumaron a éste, como una opción que la gran mayoría de los aportantes prefirió, y que ratificó al ser consultada por el actual gobierno hace menos de un año, lo que hace pensar que algo la hacía preferible.
Algo parecido ocurrió con otros servicios públicos que también tienen su opción privada, como la escuela y el hospital. La población privilegia la educación, el cuidado de la salud, y la seguridad en la vejez, y está resignada a pagar un costo por esos servicios porque no confía en que el estado pueda hacerlo con la calidad mínima indispensable.
El gobierno ya reestatizó el correo, la empresa de aguas y cloacas, las aerolíneas, y ahora el sistema de jubilación. ¿Acaso tiene razón en este objetivo, que nada indica vaya a terminar aquí? Su argumento principal, acompañado en general por la opinión populista y progresista, es que las privatizaciones fracasaron.
Aunque no puede afirmarse rotundamente que las privatizaciones hayan fracasado en la Argentina, tampoco puede decirse con similar énfasis que hayan tenido éxito.
En principio porque estuvieron mal hechas, deliberadamente encaminadas más a desprenderse rápidamente del “gasto” que significaban las empresas públicas, que a buscar inversionistas de riesgo capaces de asegurar esos servicios públicos modernos y eficientes que se prometían.
Y después porque los organismos de control, uno por cada actividad privatizada, más una comisión del Congreso, no cumplieron ni cumplen con su trabajo, como ha sido el caso de la Superintendencia de AFJP si es que las acusaciones del oficialismo contra las administradoras tienen algún fundamento.
El razonamiento que hacen ahora los afiliados a las AFJP es válido para todas las áreas privatizadas: ¿por qué voy a creer que el estado va a administrar correctamente lo que ni siquiera es capaz de controlar?
La polarización del debate entre los que favorecen lo estatal y los que apoyan lo privado quizás sea tan impropia como todas las controversias que nos enfrentan. Cualquiera de los dos sistemas probablemente funcione si se cumple la ley, y cualquiera de los dos probablemente fracase si la ley se aplica relativamente.
–Santiago González