Si las administradoras privadas de fondos de pensión cometieron todas las tropelías de que fueron acusadas durante los debates legislativos que precedieron a su aniquilación, el Congreso ya debería estar discutiendo el paso siguiente: solicitar el enjuiciamiento penal de todos los superintendentes de AFJP de los últimos 14 años por violación de deberes de funcionario público.
Prácticamente todos los procedimientos que se objetaron en la operación de las compañías de jubilación privada pudieron haber sido remediados a tiempo mediante una simple resolución de la Superintendencia. Si eso no se hizo, ¿para qué le estuvimos pagando el sueldo a las cabezas de ese organismo y a sus empleados, para qué gastamos en oficinas, teléfonos, computadoras? Continuar leyendo “¿Estatal o privado?”