Defensa del privilegio

Carolina tenía una licenciatura en Ciencias de la Educación. El título la habilitaba no sólo para formar maestros sino también para administrar instituciones educativas primarias, secundarias y terciarias, y para ejercer múltiples responsabilidades de gestión hasta, inclusive, las secretarías o ministerios del ramo en los diferentes distritos políticos del país. Para lo único que no le servía el título era para ser maestra de grado; es decir, si quería, podía serlo con el título de maestra que había obtenido en la Escuela Normal, pero su licenciatura en educación no le sumaba puntos a la hora de someter sus antecedentes a las Juntas de Clasificación docente. La historia que me contó Carolina tiene ya varios años, y tal vez algo haya cambiado desde entonces, pero en todo caso sirve para ejemplificar la clase de absurdos a los que conduce el sistema de promoción previsto en el llamado Estatuto del Docente. El gobierno porteño quiere revisarlo pero los gremios se oponen, dejando una y otra vez a los alumnos sin clases según dicen en defensa de la escuela pública. Lo que los gremios defienden en realidad es un sistema de privilegios según el cual el docente mejor preparado no ve mejoradas sus posibilidades de acceder a un cargo en proporción al esfuerzo realizado para perfeccionarse. Y lo que los gremios también defienden es una plataforma burocrática que les proporciona decenas de puestos políticos, y mayor poder en relación con sus representados. En la ciudad hay 14 Juntas de Clasificación; cada una de ellas cuenta con nueve miembros –seis provistos por los gremios y tres por el gobierno porteño–, y su característica más notable es la inoperancia: nunca terminan de adjudicar normalmente los cargos, y una gran masa de docentes trabaja en la precariedad del interinato o la suplencia. El gobierno de la ciudad quiere modificar el criterio de calificación docente para desalentar al holgazán o el incapaz y asegurar la promoción de los mejores y más preparados, y para reemplazar la burocracia de las 14 juntas por un único organismo que funcione con criterios claros, transparentes y verificables por todos los interesados. Y además ha sometido su iniciativa a debate. Los gremios han respondido con una seguidilla de paros y con violentos disturbios cuando el nuevo sistema fue puesto a discusión en la Legislatura de la ciudad. Algunos dirigentes de los gremios docentes porteños admitieron que las medidas de fuerza tenían motivaciones políticas.

–S.G.