Clases de justicia

Al aproximarse las fiestas de fin de año, la ciudadanía argentina recibió clases de derecho de tres improbables catedráticos: el jefe de gabinete Aníbal Fernández, la presidente Cristina Fernández, y el enviado del gobierno estadounidense Arturo Valenzuela. Sus lecciones no merecen siquiera el módico reconocimiento de la fotocopiadora.

Afortunadamente, al mismo tiempo que los disertantes ocupaban el estrado, el Poder Judicial adoptó una serie de resoluciones que reflejan una creciente independencia del poder político. Junto con la afirmación de su propio papel en el concierto de los poderes del estado evidenciada por el Congreso, el caso permite avizorar un 2010 más republicano.

Una mayor independencia de los poderes legislativo y judicial significa, qué duda cabe, una amenaza cierta para los Kirchner, sobre los que se ciernen inquietantes investigaciones, y que carecen de un respaldo entre las fuerzas vivas capaz de cuidarles las espaldas. Esto explica el creciente nerviosismo reinante en la Casa Rosada, y el torpe traspié del ministro Fernández.

En unas elecciones celebradas en el 2006 por el gremio de aeronavegantes se impuso con fraude una lista kirchnerista orientada por la embajadora en Venezuela Alicia Castro. El ministerio de trabajo recibió la denuncia, pero dejó pasar el tiempo sin hacer nada. La justicia reconoció el fraude y dispuso entregar el gremio a los legítimos ganadores.

Fernández ignoró el fallo judicial y ordenó al comisario encargado de asegurar la entrega que desistiera del operativo; el comisario optó por hacerle caso al ministro y no al juez. Fernández y el comisario violaron flagrantemente la ley, pero el ministro fue más lejos porque, abogado al fin, quiso sentar jurisprudencia y justificó su decisión.

“El límite de la obediencia, en términos de decisiones judiciales, es la Constitución nacional”, teorizó el doctor Fernández. “Cuando lo que se pretende que se haga es pasar por encima de la Constitución, nosotros no lo vamos a hacer. Eso sería desobedecer la Constitución, que es mucho más importante que lo que plantea un juez”.

Y agregó el jurisconsulto: “Lo que le dije al jefe de la policía, y seguramente el jefe de la policía trasladó al comisario que estaba en el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez o a cualquiera”.

La bravata le duró menos de un día, hasta que los jueces Carmen Argibay y Carlos Fayt le recordaron amablemente que podía ir preso. Y prescindieron de las explicaciones ofrecidas por el ministro. Fayt aventuró la suya propia: “Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca”, dijo con su habitual bonhomía.

Fernández desempolvó viejos apuntes, y volvió con la lección mejor aprendida: “No hay una vocación de interpretar la Constitución; yo no la interpreto, la interpretan solamente los jueces”, aclaró. Pero ya el escándalo estaba instalado, y la oposición estudiaba con indisimulado regocijo los vericuetos de la moción de censura. ¿Tanto lío por una elección en un gremio menor?

Le tocó luego el turno en la cátedra al nuevo jefe de la diplomacia estadounidense para América latina Arturo Valenzuela, quien con calculado efectismo lanzó una frasecita que no suscribía personalmente pero que bien sabía el revuelo que iba a causar: “Escuché preocupación por la inseguridad jurídica y el manejo económico”, dijo.

Chocolate por la noticia. Nunca mejor aplicada la frase, porque detrás de las palabras de Valenzuela se adivina el discreto magisterio de dos afamadas expertas, Tita y Rhodesia. Kraft Foods quedó con la sangre en el ojo desde que el gobierno le obligó a cumplir con la ley. Desde el punto de vista de una empresa estadounidense, eso es inseguridad jurídica.

De todos modos, Valenzuela consiguió su propósito porque el gobierno estúpidamente pisó el palito e hizo un gran alboroto en torno del caso. Le hubiese bastado con señalar la preocupación que generan en el mundo la inseguridad jurídica y el manejo económico en los Estados Unidos, donde cada tres o cuatro años estalla un escándalo que deja un tendal de víctimas.

Para refrescar la memoria, aquí van algunos de los más recientes: negociados con las sociedades de ahorro y préstamo, escándalo con los llamados “bonos basura”, contratos fraudulentos con Halliburton y otras empresas en Iraq, la gigantesca estafa de Enron, y el caso de las hipotecas “subprime”, cuyos efectos hicieron tambalear la economía mundial.

Valenzuela tampoco estuvo muy inteligente, porque su sabrosa intervención le dio el pie exacto a la presidente Cristina Fernández, cuya vocación innata por la docencia es mucho más comprobable que sus antecedentes académicos, y que supo aprovecharlo para dictar una de sus habituales clases en cadena nacional sobre cualquier tema, en este caso el derecho.

“Muchas veces leemos rimbombantes palabras, grandes arengas, acerca de que los jueces deben tener independencia de los poderes políticos de turno, y es correcto”, explicó la presidente. “Pero también deben tener hoy más que nunca independencia de los poderes económicos, que nunca son circunstanciales, son permanentes y nadie los vota nunca.”

Aunque la frase estaba dictada por la irritación oficial ante un par de fallos que contrarían la ofensiva gubernamental contra el grupo Clarín, es difícil no estar de acuerdo con su contenido. Como los progresistas, los militantes del mercado ofrecen una visión maniquea de la sociedad: para ellos, todos los políticos son por definición corruptos y todos los empresarios, honestos.

Pero la presidente trastabilló enseguida en su línea argumental (culpa de los tacos altos, seguramente) al sostener que “el rol de la justicia adquiere su verdadera condición humana cuando vela porque los que menos posibilidades de presión tienen sean los que obtengan justicia”.

El concepto es erróneo: la justicia debe impartir justicia, ciegamente. Ese criterio de que la justicia debe “velar por los más débiles” ha sustentado en nuestro país el desatino garantista que protege más al victimario que a la víctima, y la industria del juicio laboral, que ha premiado a estafadores y aventureros, a costa del estado y los privados, por estar del lado del “más débil”.

Lejos de estas alocadas disertaciones, en el marco más sereno de los estrados, la justicia iba emitiendo una serie de fallos que marcan su independencia y acorralan al gobierno en una incómoda actitud defensiva, porque cuando los mecanismos judiciales se ponen en marcha nunca se sabe dónde terminan las cosas.

Tomemos el caso de los aeronavegantes. ¿Por qué tanto interés oficial en el asunto? Al quedar en manos incontrolables, este gremio podría convertirse en un testigo peligroso de la situación de la empresa Aerolíneas Argentinas, donde el comportamiento del gobierno dista mucho de ser transparente y hay fundadas sospechas de oscuros compromisos. La justicia le falló en contra.

Sigamos con el caso de la ley de medios, respecto de la cual un juez suspendió la aplicación de dos artículos porque entendió que podrían afectar el derecho a la propiedad. Son los que obligan a los grupos empresarios a vender compulsivamente en el plazo de un año las señales de radio y televisión que excedan el número permitido en la ley sin invocar derechos adquiridos.

Otro fallo judicial liquidó en cuestión de horas una resolución dictada por la secretaría de comercio, liderada por Guillermo Moreno, que dejaba en suspenso la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Esa fusión viola la ley de defensa de la competencia, pero fue autorizada por Néstor Kirchner cuando era amigo de Clarín. La empresa ahora hace valer esa autorización.

Como indicios de lo que puede venir, estos comportamientos judiciales son señales de mal agüero para el matrimonio presidencial, cercado por varias causas que avanzan sin prisa pero sin pausa, relacionadas con su enriquecimiento patrimonial y con la financiación de la campaña de Cristina (valijas de Antonini Wilson y aportes de laboratorios de dudosa legalidad).

–Santiago González