Oscar Wilde decía que un cínico es alguien que conoce el precio de cualquier cosa y el valor de ninguna. Me acordé de la cita cuando leí que el gobierno nacional se propone alquilar los salones del Palacio San Martín para fiestas y otros usos sociales. El argumento es que necesita recaudar fondos (adicionales a los monstruosos impuestos que nos arroja sobre los hombros) para mantener el suntuoso edificio. Algo parecido puso en marcha el jefe de gobierno porteño con los salones del Teatro Colón, de modo que aquí hay un patrón de conducta genuinamente atribuible al elenco oficialista. Ambos episodios han irritado a varias personas, entre las cuales me incluyo. El Palacio San Martín no es simplemente un espacio de oficinas donde trabaja el ministro de relaciones exteriores, ni el Teatro Colón es simplemente un escenario apto para la presentación de óperas y música sinfónica. Los dos lugares representan además otra cosa: nuestro Estado en un caso, y nuestra cultura en el otro, vueltos hacia el mundo. Esa representación, que la tradición occidental asigna desde sus mismos orígenes a la arquitectura pública, resulta así bastardeada al destinárselos a usos subalternos. La sensación es la de una sacralidad civil que ha sido profanada. Cualquier cosa, en efecto, tiene un valor de uso (la función para la que fue concebida), un valor simbólico (lo que representa afectiva o emocionalmente para el que la posee y para el que la ve), y un valor de cambio (lo que otros estarían dispuestos a pagar por ella). Los ejemplos comentados, y muchos otros acumulados desde que comenzó a administrar la ciudad capital hace doce años, indican que, a la hora de tomar decisiones sobre los bienes públicos, el oficialismo sólo atiende al valor de cambio de un patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos y para los que tiene, principalmente, un valor simbólico. Simbólico de su pacto social, de su identidad como nación, de los cimientos históricos sobre los que ambicionar un futuro. -S.G.