Ataque de escrúpulos

La clase política argentina, cuyos principios éticos darían vergüenza en un gallinero, exhibe en estos días un inesperado ataque de escrúpulos, embarcada en un debate público sobre la moralidad de permitir que quienes en el pasado sacaron sus ahorros fuera del país tengan ahora la oportunidad de repatriarlos. Esto es como si un congreso de ladrones evaluara la conducta de quienes lograron escamotearles sus posesiones y evitar que consumaran el robo. Pero los políticos siempre se las arreglan para contar la historia al revés, y ahora nos dicen sin rubor que quienes pusieron sus bienes y los de su familia a salvo de la voracidad del Estado son delincuentes que deben pagar una penalidad y dejarse robar en el presente por haberlo evitado en el pasado. Provoca cierta incomodidad ver convertidos en fiscales de la moral ciudadana a quienes durante décadas se han dedicado a saquear el patrimonio público y privado de los argentinos por todos los medios imaginables, desde el negociado más o menos oculto hasta el manotazo desembozado, a quienes han esquilmado a generaciones y generaciones con impuestos nunca suficientes para financiar su incompetencia administrativa, pero tan confiscatorios que, como suele decir el economista Jose Luis Espert, en la Argentina la evasión es un derecho humano. Lo ocurrido tras el golpe del 2001 (y después de que la clase política jurara la intangibilidad de los depósitos) justificó a quienes habían sacado su dinero del país antes, y alentó a quienes lo hicieron después. Si el nuevo gobierno quiere realmente dar vuelta la página respecto de las prácticas políticas tradicionales, debió haber reconocido lo que ocurrió aquí durante el último medio siglo, en lo que mayormente no tiene responsabilidad, y actuado en consecuencia. Paradójicamente, fue el senador justicialista Miguel Angel Pichetto el único (que yo sepa) que tomó distancia de ese debate absurdo (él lo describió como “culposo”) y sugirió una penalidad más bien simbólica para quienes traigan sus capitales al país. Naturalmente que no se habla aquí del dinero de la corrupción, que probablemente represente un porcentaje menor, y podría discriminarse razonablemente. Se calcula que los argentinos guardan en el exterior (o en el colchón) entre 200.000 y 400.000 millones de dólares, y eso generalmente con el único propósito de ponerlos a salvo de la codicia de los politicos de turno: esa manera de conservar el patrimonio no es cómoda ni útil ni rentable para nadie, pero al menos parece más segura. Quienes se arriesguen a traer su dinero al país, quienes se sientan alentados a ofrecer ese supremo voto de confianza al proceso político abierto este año, quienes decidan empeñar su futuro y el de su familia y volcar sus legítimos ahorros en el mercado local de capitales, no deberían ser juzgados moralmente ni penalizados: deberían ser aclamados como héroes y saludados como patriotas en la Plaza de Mayo. –S.G.