El gobierno decidió reclamar una participación en los directorios de varias grandes empresas proporcional al porcentaje accionario que posee la administradora del fondo estatal de pensiones, y algunas compañías, las cámaras que éstas dominan, y los medios de prensa más importantes armaron una batahola sin proporción con la causa que la provoca.
El bochinche abundó en especulaciones apocalípticas sobre las intenciones del kirchnerismo, y fue rico en expresiones como avance del estatismo, alineación con Chávez, inseguridad jurídica, desaliento a la inversión, invasión de lo público sobre lo privado, y otros términos habituales en la retórica de las corporaciones pero escasamente aplicables al caso.
Lo reprobable de la decisión oficial, y lo que en verdad debería preocupar al ciudadano, fue haberla resuelto mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin someterla al Congreso. En cuanto a las empresas, sería tonto derramar una lágrima por quienes han aceptado en silencio, o directamente promovido, violaciones legales mucho más graves en perjuicio directo de la gente.
En una nota anterior comentamos cómo, especialmente a partir de la década de 1950 cuando el estado comienza a intervenir activamente en la economía, los empresarios argentinos fueron tomando caminos diferentes: por un lado, los que quieren hacer negocios normalmente, por el otro, los que buscan beneficiarse de su relación con el gobierno de turno.
O, para decirlo en los términos que suele emplear el presidente de Shell Juan José Aranguren –una excepción notable en el deplorable elenco de la dirigencia empresaria nacional–, están los que tienen la mirada puesta en el cliente, que al adquirir bienes o servicios brinda la savia y la razón de ser de una compañía, y los que tienen la mirada puesta en la política y sus prebendas.
Estos capitalistas prebendarios alentaron a los peronistas de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Eduardo Duhalde, a dar el golpe de estado del 2001, con el objetivo de hacerle pagar a la sociedad sus deudas (pesificación asimétrica) y rebajar los salarios a un tercio (devaluación). Fue un golpe civil, cruento, y en etapas: Adolfo Rodríguez Saa, Duhalde.
En esas andanzas estuvieron comprometidos destacados grupos empresarios, acaudillados por Clarín y Techint, y representados en persona por Héctor Magneto y José Ignacio de Mendiguren, además de Héctor Massuh, Federico Nicholson, Gregorio Pérez Companc, y Cristiano Ratazzi, según testimonió Rodríguez Saa, que resistió sus presiones y fue desplazado del poder.
Todos esos dirigentes de primera línea, y las entidades que los agrupan, se olvidaron absolutamente de la Constitución, de la seguridad jurídica y del respeto a la propiedad privada por los que ahora se rasgan las vestiduras. Entraron a saco en los ahorros de la gente, y con eso pagaron sus deudas, dejando un tendal de víctimas, además de las que cayeron baleadas.
Lo mismo ocurrió en el 2008, cuando el kirchnerismo saqueó los fondos privados de pensión. Las cámaras empresarias apenas rezongaron, porque sabían que buena parte de ese dinero iría a parar a sus bolsillos vía subsidios y prebendas. Los bancos que eran los principales accionistas de las AFJP se olvidaron de sus clientes al igual que lo habían hecho en el 2001.
Pero fue justamente ese saqueo el que le permitió al gobierno obtener una importante participación accionaria en empresas locales de primera línea. Las AFJP habían invertido en ellas para hacer rendir los fondos de sus aportantes, y lo habían hecho bien: en el 2008 esas acciones valían 7.744 millones de pesos, y ahora representan 22.124 millones.
Una norma legal nacida en la época de las AFJP establecía que cualquiera fuera la cantidad de acciones adquiridas por una administradora, su representación política en el directorio de una compañía nunca excedería el cinco por ciento. El gobierno anuló ahora esa norma y pretende una presencia acorde a su capital accionario, que en algún caso supera el 30 por ciento.
Pero ni en el peor de los casos el estado pasaría de ser un socio minoritario, y su papel se reduciría al de vigilar los procedimientos empresarios, según se cansaron de explicar Alejandro Vanoli y Carlos Weitz, titulares actual y anterior de la Comisión Nacional de Valores. No todas las empresas afectadas reaccionaron tampoco con la misma virulencia.
Al parecer, la decisión de no limitar la representación del estado se tomó como respuesta a un capricho de Techint, que vetó la designación de Axel Kicillof como representante del ANSES en su directorio, y también vetó la de Bernardo Kosacoff, un economista muy próximo al grupo. El gobierno percibió que le querían imponer un nombre y, fiel a su estilo, redobló la apuesta.
Las cámaras empresarias, Clarín y La Nación (otro grupo que se benefició oportunamente por la pesificación asimétrica de Duhalde), pusieron el grito en el cielo como señoritas ofendidas en su pudor. Y mencionaron el caso de Kicillof, proveniente del grupo kirchnerista La Cámpora, como prueba suficiente de las intenciones estatistas e intervencionistas del gobierno.
La historia política de Kicillof, sin embargo, no empieza en La Cámpora, sino en Tontos pero no Tanto (TNT), un grupo de estudiantes de Ciencias Económicas que en los noventa se hartaron del fascismo progresista de Franja Morada y decidieron hacerle frente, aún al costo de pernoctar en la facultad los días de elecciones para evitar que la patota radical violara las urnas.
Kicillof fue el principal animador de ese grupo orientado a frenar los abusos y arbitrariedades de la corriente orientada por el alfonsinismo. La misma Franja Morada que al final de la década, abriéndole el camino a la conspiración pesificadora en marcha, liquidaría en menos de una semana la gestión de Ricardo López Murphy como ministro de Fernando de la Rúa.
Los caminos que llevaron a Kicillof desde TNT hasta La Cámpora son tan inescrutables como los que condujeron a Amado Boudou desde la universidad del CEMA y la Ucedé al kirchnerismo. Pero en todo caso sus créditos no pueden sembrar más alarma que la reaparición en escena de los protagonistas del golpe civil del 2001-2002.
Si la ciudadanía conserva la memoria, el sólo hecho de ver a Techint, Clarín y La Nación actuando conjuntamente (en medio del alboroto, el diario de los Saguier agitó la existencia de un supuesto “refugio en el dólar”), el sólo hecho de ver a De Mendiguren nuevamente al frente de la Unión Industrial, debería erizarle los pelos de la nuca y ponerla en estado de alerta.
En un año electoral no hay jugadores inocentes. No lo es el gobierno, sin duda, pero tampoco lo es la mafia político-económica que desde hace más de medio siglo viene adueñándose del país. No hay que olvidar que Clarín y Techint fueron quienes brindaron los primeros apoyos políticos de que gozó Néstor Kirchner, ni que Paolo Rocca fue descripto como el “padre del modelo” económico.
–Santiago González