En la década de 1960 iniciaron en Colombia sus caminos convergentes las organizaciones guerrilleras y los carteles de la droga, sumiendo al país en una orgía de violencia traducida hasta hoy en unos 40.000 muertos en enfrentamientos armados y unos 400.000 homicidios relacionados con una u otra actividad, incluídas las muertes por minas antipersonales. Los secuestros extorsivos se cuentan por millares.
Más de la mitad del territorio colombiano llegó a estar controlado por grupos izquierdistas armados como las FARC, el ELN y el M-19, los narcotraficantes, y organizaciones paramilitares como las Autodefensas Unidas. Una décima parte de la población –tres millones de personas– se ha visto desplazada de sus hogares y sus tierras por la acción de esas bandas. Otro medio millón abandonó el país.
A lo largo de cinco décadas, los países sudamericanos prefirieron mirar para otro lado, abandonando a Colombia en su tragedia. Pero cuando ese país resolvió pedir la ayuda de los Estados Unidos para restablecer el imperio de la ley en su territorio, rápidamente desenfundaron el dedo acusador, como vimos en la triste, inconducente cumbre de Unasur en Bariloche.
Las estadísticas que sintetizan el drama colombiano estuvieron ausentes de una reunión dedicada a examinar la cuestión de la presencia militar estadounidense en bases de ese país. El presidente Álvaro Uribe intentó hacer una presentación pero fue persuadido a desistir, y se limitó a exhibir unas fotos de atrocidades que no fueron ampliadas.
Dejando de lado al venezolano Hugo Chávez y a su aliado ecuatoriano Rafael Correa, decididamente enfrentados con Uribe, los mandatarios se limitaron a expresar una oposición principista, políticamente correcta pero prácticamente inútil, a la presencia de fuerzas extranjeras en la región. Sólo el peruano Alan García sugirió un sistema colectivo de verificaciones en las cuestionadas bases.
La declaración final, una chirle prenda de unidad, ni se opuso a la presencia militar norteamericana en Colombia ni siquiera rescató, mínimamente, la propuesta de García. El magro saldo de la jornada explicó el enojo de Lula da Silva y su preocupación por los titulares de los diarios al día siguiente. El de Crítica de la Argentina sobresalió por su concisión futbolera, muy comprensible para el brasileño: “Uribe 1, Unasur 0”.
Todos los participantes de la cumbre –incluído Uribe, que persigue una nueva reelección– actuaron para la televisión y para el público de sus países. El propio Uribe había reclamado la televisación sin cortes del encuentro como condición para su asistencia. Sabía que tenía las de ganar: la reunión había sido convocada justamente para subsanar su ausencia del encuentro de Quito un mes antes y restañar la imaginaria unidad regional.
Uribe presentó el acuerdo con los Estados Unidos como un hecho consumado.
El mandatario colombiano presentó el acuerdo con los Estados Unidos como un hecho consumado, y no se molestó en dar a conocer su contenido a sus pares del subcontinente. El pacto, que da acceso a los norteamericanos a siete bases militares, se inscribe en el llamado Plan Colombia, suscripto en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton para combatir el narcoterrorismo.
“Colombia, que ha sufrido inmensamente el flagelo del terrorismo, recibe expresiones de pésame y solidaridad pero pocas veces la cooperación práctica que nos dio Estados Unidos”, dijo Uribe en un reproche apenas velado a sus colegas. “La corresponsabilidad no puede ser una norma que se quede en el texto de la diplomacia y que no tenga vigor, aplicación práctica, en la lucha día a día contra el tráfico de armas y el narcotráfico”.
El reproche no deja de tener sentido. Colombia paga su precio de soberanía por esa ayuda, precio que no pagaría seguramente si el apoyo proviniese de la región: los estadounidenses afectados al Plan Colombia gozan de inmunidad, lo que quiere decir que sólo pueden ser juzgados en su país de origen cualquiera sea el delito que cometan.
Ese privilegio alcanza no sólo a los 800 efectivos militares involucrados sino también a los 600 “contratistas civiles”, que no son plomeros ni sociólogos sino mercenarios, y por lo tanto tambien inmunes a todas las normas internacionales que obligan a los ejércitos regulares.
La lucha del gobierno colombiano contra el narcotráfico rindió algunos frutos.
La lucha del gobierno colombiano contra el narcotráfico rindió algunos frutos: los carteles más importantes (de Medellín, de Cali, del Norte del Valle y de la Costa) han sido desbaratados, y la participación del país como proveedor mundial de cocaína bajó de más del 80 por ciento a casi el 50 por ciento. Respecto de los grupos armados, desarticuló a las Autodefensas y asestó duros golpes a las FARC.
Pero no logró quebrar la sociedad entre guerrilla y narcotráfico, que se inició en la década de 1980 con el cobro de un impuesto a la producción de cocaína (el “gramaje”). Un tercio de los 600 millones de dólares que las FARC recaudaban al año provenían de ese tributo (el resto se obtenía con los secuestros y la extorsión a los productores agropecuarios). La guerrilla tenía mejores armamentos y uniformes que el ejército regular.
Las FARC niegan obtener otro beneficio de la droga que el reportado por ese impuesto, pero es seguro que protegen cultivos dentro de sus áreas de influencia. Todavía controlan grandes extensiones, sobre la costa, y sobre las fronteras con Venezuela y Ecuador. Pese al Plan Colombia, y al desbaratamiento de los grandes carteles, la superficie sembrada aumentó de 78.000 hectáreas en 2006 a 99.000 en 2007, según la ONU.
Por otro lado, ex miembros de las FARC y de las Autodefensas (conocidos éstos como Águilas Negras) parecen haberse asociado últimamente a pequeños grupos de narcos para darles protección a cultivos y rutas. Estos nuevos grupos luchan despiadadamente entre sí por apoderarse del negocio y abrir nuevos canales comerciales, hacia los Estados Unidos, pero también hacia Europa y Asia.
Uno de esos canales pasa por la Argentina, rumbo a España.
Uno de esos canales –justamente el que tiene a España como destino final– pasa por la Argentina, donde el número de colombianos presos por drogas aumenta exponencialmente cada año, y donde resonantes asesinatos de ciudadanos de ese país registrados en suburbios de la capital federal estuvieron relacionados con rivalidades nacidas en Colombia (alrededor del llamado cartel de la Cordillera).
A pesar de que los narcos colombianos salen a buscar rutas (y mercados) en otros países de la región, y significan una amenaza mayor para sus sociedades que la presencia estadounidense en bases colombianas, la Unasur no pudo expresar en Bariloche un apoyo contundente al gobierno de Bogotá y unírsele en la acción contra la sociedad de hecho entre guerrilla y narcotráfico. Al parecer siguen operando las mismas trabas ideológicas del pasado.
“A nosotros nos preocupa muchísimo que en algunos discursos se les tenga a estos grupos como aliados políticos”, dijo Uribe en Bariloche. El año pasado, Chávez pidió dar categoría de fuerza beligerante a las FARC, a las cuales consideró como la base de un futuro Ejército Bolivariano, al tiempo que describió a su abatido líder “Raúl Reyes” como un buen revolucionario y a su muerte a manos del ejército colombiano como un “cobarde asesinato”.
“Reyes” fue muerto en un ataque colombiano contra un campamento de las FARC instalado en territorio de Ecuador, al otro lado de la frontera. “A nosotros nos preocupa muchísimo, y creemos que es un tema que tiene que discutirse, que estos grupos puedan esconderse en territorios por fuera de Colombia, vengan de esos territorios a cometer crímenes en Colombia, y regresen a esconderse allá”, declaró Uribe ante los mandatarios de la Unasur.
Ese ataque fue el golpe más duro asestado a las FARC en toda su historia.
Ese ataque fue el golpe más duro asestado a las FARC en toda su historia, y proporcionó información sobre los vínculos entre la guerrilla colombiana y los vecinos Ecuador y Venezuela. En un video capturado posteriormente, el comandante de las FARC Jorge Briceño habla de un apoyo económico de su organización para la campaña electoral del mandatario ecuatoriano. Correa negó todos los alegatos.
Del mismo modo, Chávez negó los que se referían a su gobierno. En julio, Colombia reveló que tres lanzadores de cohetes antitanque de fabricación sueca, vendidos a Venezuela en 1988, aparecieron en un campamento de las FARC. El hallazgo confirmó un indicio obtenido en los documentos de “Reyes”, pero Chávez argumentó que esas armas habían sido robadas de una base naval venezolana en 1995, sin dar mayores pruebas.
Uribe dijo también en Bariloche que a Colombia le importaba muchísimo que a los grupos narcoterroristas se les encontraran armas provenientes de otros países, y por eso insistió en que la Unasur tomara posición frente al tráfico de armas. La apresurada declaración de Bariloche recogió su reclamo, pero lo restringió a las “armas pequeñas y ligeras” en una parte del documento y al “tráfico ilícito de armas” en otra, desconectada sintácticamente del conjunto.
El mandatario colombiano tuvo además otros mensajes para el encuentro, en particular dirigidos hacia el brasileño Lula da Silva. En primer lugar desestimó su propuesta de un diálogo con Barack Obama a propósito de las bases: “No me parece que tengamos que llamar a cuentas a Obama. Una cosa es tener buen diálogo y otra cosa es llamarlo a dar cuentas a la región”. De todos modos, Washington escuchó el pedido de Lula como quien oye llover.
En segundo lugar, cada vez que en la discusión de la declaración final se hacía referencia a la Unasur, Uribe pedía añadir una referencia adicional y paralela a la OEA, una manera poco disimulada de quitarle entidad a la unión subcontinental ideada por Itamaraty. La aspiración de Brasil a ser reconocido como líder regional recibió un doble revés: de Washington y de sus supuestos liderados.
Aunque el enojo de Lula resulta comprensible, Brasil no debería desesperarse sino más bien avanzar sin pruritos ideológicos en su tarea diplomática regional antes de aventurarse a ladrar donde ladran los perros grandes. Por ahora, la piedra en el zapato de sus ambiciones es Chávez y su empeño en extender la mancha populista en Sudamérica.
Avanzar hacia la unidad política supone asumir responsabilidades (esa “corresponsabilidad” que reclamó Uribe), no mirar para otro lado. Liderar supone marcar un rumbo, no seguir la línea del medio. Mientras la región no entienda estas cosas, lucirá como lució en Bariloche: sin convicciones y sin liderazgo.
–Santiago González