BUENOS AIRES (Latin-Reuter) — Paula tiene ocho años, vive en el hogar de quienes considera sus padres, va a la escuela, juega con sus amigos, tal vez ajena a una ardua batalla judicial que inevitablemente afectará su pasado, su futuro, su identidad.
Es uno de los casi cincuenta niños que según las organizaciones de derechos humanos desaparecieron junto con sus padres durante la represión de la guerrilla izquierdista en la Argentina a fines de la década pasada, y cuyo paradero procuran establecer ahora.
Los familiares de la niña desaparecida cuando tenía 23 meses afirman haberla localizado inscripta como hija propia por una pareja integrada por un ex oficial de policía argentino una mujer uruguaya, y han reclamado a la justicia su restitución.
Si el tribunal respalda su demanda, Paula tendrá un nuevo apellido, irá a otra escuela, jugará con nuevos amigos y le mostrarán fotografías de sus padres, desaparecidos desde 1978.
Pero aunque ello no ocurra, tarde o temprano se verá ante la duda sobre su identidad. Su fotografía y su nombre anterior y actual han aparecido en la prensa, y quienes dicen ser sus familiares consideran improbable que la niña no se haya enterado ya de su caso.
“El paso adelante que hemos dado, lo rescatable de todo esto, es que ahora o dentro de diez años, Paula sabrá que la están buscando”, dijo a Reuter Elsa Pavón, quien asegura ser la abuela materna de la niña.
Pavón conversó con Reuter en las ajetreadas oficinas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo que procura ubicar a los niños desaparecidos y entregarlos a sus familiares legítimos.
El grupo tiene registrados 153 casos de niños desaparecidos, 48 de ellos secuestrados y el resto nacidos en centros clandestinos de detención, donde se encontraban sus madres embarazadas.
Según la entidad, muchos de esos niños fueron abandonados por las fuerzas de seguridad en institutos para ser dados en adopción, otros fueron inscriptos como propios por miembros de esas mismas fuerzas, o dejados en cualquier lugar.
Las abuelas pudieron localizar a 30 de los niños secuestrados, tres de ellos muertos, y a uno de los bebés nacidos en cautiverio. En algunos casos fueron restituídos a sus familiares legítimos, en otros permanecieron con sus padres de adopción cuando éstos habían obrado de buena fe.
Elsa Pavón dice que éste no fue el caso de Paula. El juez que interviene en su causa admitió en principio que su inscripción como hija de quieres ahora la tienen era falsa.
Paula fue sometida también a exámenes sanguíneos que, según los peritos judiciales, arrojaron un 99,95 por ciento de inclusión en el grupo familiar de quienes la reclaman.
A fines del mes pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley elaborado por las Abuelas para la creación de un banco nacional de datos que preserve toda la información genética de los familiares de niños desaparecidos.
Las abuelas afirman que los estudios genéticos permiten comprobar el nexo biológico entre un niño y su familia de origen, incluso en ausencia de los padres, y excluir a quienes se atribuyen falsamente su paternidad.
Para dar con el paradero de los niños desaparecidos, las abuelas han rastreado asilos, hogares y orfanatos, revisado las inscripciones de nacimientos realizadas fuera de término y examinado los casos de adopción registrados desde el comienzo de la represión antiizquierdista.
Pero en el caso de Paula fue una denuncia anónima recibida a comienzos de 1980 lo que las puso sobre la pista: un par de fotografías que al dorso tenían el nombre y la dirección de las personas con las que estaba viviendo.
La presunta abuela de Paula dijo haber iniciado entonces una discreta pero asidua vigilancia del domicilio hasta poder ver a la niña y convencerse de que se trataba de su nieta. Pero por razones de seguridad, ella y su grupo aguardaron hasta la asunción del gobierno constitucional en diciembre de 1983 para iniciar su demanda judicial.
Elsa Pavón dijo confiar en que la justicia habrá de restituirle a quien no duda es su nieta, mientras crecen las pesiones sobre el magistrado para que acelere un dictamen sobre la tenenencia de la niña.
Esta semana, 46 legisladores declararon públicamente que “Paula no puede continuar como botín de guerra en manos de un represor, y debe recuperar su libertad, su identidad, su integridad psicológica y su dignidad de persona”.
El ex oficial de policía que tiene la custiodia de Paula prestó servicios en una unidad que, según una comisión oficial sobre la desaparición de personas, sirvió como lugar de tránsito para los argentinos ilegalmente secuetrados en el Uruguay.
Elsa Pavón dijo a Reuter que Paula y sus padres fueron secuestrados en Montevideo, donde se habían radicado desde 1977, y que hace poco tuvo conocimiento de que la pareja había sido trasladada a la Argentina y alojada en esa unidad.
Paula entretanto era inscripta también aquí como hija del oficial de policía, dos meses después del secuestro, dando como lugar de nacimiento el domicilio del jefe de la misma unidad, con la intervención del médico policial, agregó la abuela.
–Santiago González