La ex diputada Adriana Puiggrós, una militante de la izquierda peronista que desde sus épocas de decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en la década de 1970 la ha emprendido contra el sistema educativo argentino en general y el bonaerense en particular, promovió en el 2013 una modificación a la ley de educación superior que establecía expresamente la gratuidad de la universidad pública y prohibía los exámenes de ingreso. El Senado aprobó el proyecto ese mismo año, pero después ni los propios kirchneristas tuvieron interés en seguir el trámite en Diputados. Hasta que el año pasado comenzaron a entrever que estaban de salida, y entonces lo sumaron al arsenal de minas antipersonales con que le sembraron el terreno al nuevo gobierno: la cámara baja lo sancionó en octubre de 2015.
La rebelión contra ese despropósito provino del lugar menos esperado por la legisladora kirchnerista, exactamente de uno de los establecimientos del conurbano bonaerense más requeridos por los alumnos de bajos recursos: la Universidad de La Matanza. La casa de estudios presentó un recurso de amparo argumentando que la ley violaba la autonomía universitaria, promovía el desfinanciamiento del sistema, y en definitiva terminaría por deteriorar la calidad educativa. “Es una ley demagógica, que apela al facilismo y confunde a la sociedad”, dijo el rector Daniel Martínez. “Nosotros planteamos que vulnera el principio de autonomía universitaria porque fija un régimen de permanencia, graduación y acceso a la universidad, cuestiones que deben ser definidas por cada institución”, agregó Martínez, a cuya iniciativa se debe la creación de la UNLAM en 1991.
Cada año se inscriben en esa universidad unos 24.000 alumnos, de los cuales ingresa el 60 por ciento. “No tenemos aulas, ni capacidad financiera ni docentes para recibirlos a todos. La ley no preveía fondos para garantizar el acceso irrestricto”, señaló el rector. La UNLAM es la que atrae el mayor número de aspirantes entre las nuevas universidades del gran Buenos Aires, y lo hace activamente, acercándose a los estudiantes que están terminando el secundario para incentivarlos a que hagan el curso y rindan el examen de ingreso. “Intentamos acortar esa distancia a través de esta metodología”, observó Martínez. “El cambio de nivel de educación a muchos les produce un estrés y una dificultad grande”. Los dos mejores promedios de las escuelas de la zona pueden ingresar directamente, y los que aprobaron el ingreso tienen adicionalmente acceso a exámenes vocacionales y asistencia pedagógica.
Esos procedimientos rinden frutos: un 37 por ciento de los estudiantes de la UNLAM termina sus estudios y se gradúa, frente a un 23 por ciento en las universidades públicas y a un 27 por ciento en todas las universidades argentinas, según cifras del 2013. Los propios alumnos aprecian las normas de su universidad, y cuidan sus instalaciones y materiales; intuyen que todo juega a favor de su formación y de la calidad de sus títulos. Según informó el diario Clarín, el juez federal Pablo Cayssials les concedió un amparo contra las nuevas disposiciones legales mientras se estudia el fondo de la cuestión, la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó una apelación del fiscal, y el Ministerio de Educación dispuso no apelar la sentencia, con lo cual lo decidido sobre la UNLAM debería aplicarse también en casos similares. –S.G.
Pero, además, la UNLAM tiene un cuerpo de profesores que resulta muy eficiente por comparación.
Debe ser así, porque los buenos resultados sugieren que hay allí un equipo bien armado.