El jueves de la semana pasada la jueza María Servini ordenó el allanamiento de unas oficinas de Movistar. Movistar es la empresa de Telefónica de Argentina que presta servicios de telefonía celular. Telefónica de España es la sociedad controlante de Telefónica de Argentina. La jueza ordenó el allanamiento en el curso de una investigación sobre una operación de tráfico de efedrina (una sustancia utilizada para la producción de metanfetaminas) en la que aparecen comprometidas varias agencias gubernamentales: la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y la mismísima Presidencia de la Nación, a través de la Casa Militar y la Jefatura de Gabinete. La jueza allanó Movistar al contar con “fundadas sospechas de que podrían haberse adulterado registros del abono telefónico empleado por el secretario de la máxima autoridad de la Sedronar”, según informó el periódico Perfil. “El secretario privado de José Granero había recibido dos llamadas de Alfredo Abraham, uno de los mayores importadores de efedrina y luego acusado de presunto tráfico. Pero el juzgado descubrió que la telefónica no las informó”, agregó el periódico. En la misma nota de la periodista Emilia Delfino se recuerda que la Justicia ya había tenido problemas anteriormente con los registros telefónicos de Movistar cuando las investigaciones se aproximaron demasido a la Casa Rosada. El 6 de julio, Perfil publicó una nota firmada por Diego Rojas según la cual las investigaciones judiciales sobre Lázaro Báez, un empresario santacruceño sospechado de lavar dinero y obrar como testaferro de la familia presidencial, se encontraron con un inesperado “hueco” cuando solicitaron a Movistar los registros del año 2010 correspondientes a los teléfonos de Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, y Jorge Oscar Chueco, un abogado que habría orquestado la maniobra para lavar fondos. En los registros brindados por Movistar no había llamadas entre el 17 y el 27 de octubre de 2010, justamente antes y después del fallecimiento de Néstor Kirchner. Como los investigadores contaban con datos que les decían que se habían efectuado llamadas desde por lo menos 56 teléfonos celulares a los dos aparatos mencionados, insistieron en sus reclamos. La compañía les dijo entonces que se habían perdido todos los registros de todos sus abonados entre esas fechas.1 Según expertos en informática y comunicaciones consultados por Perfil esa pérdida de registros es prácticamente imposible. Pero para esconder un elefante, nada mejor que meterlo entre una manada de elefantes. Eso parece haber pensado el fiscal José María Campagnoli cuando le preguntó al juez por escrito si la pérdida de tales registros obedecía a un dolo deliberado cometido por Movistar. “Si la respuesta fuera afirmativa –dice la nota de Perfil–, se trataría de un sorprendente operativo de complicidad de una empresa privada para encubrir un caso que involucra a las más altas esferas del poder”. La reiteración del caso alienta esta presunción, reforzada además por el trato discrecional que la empresa Telefónica recibe desde hace tiempo de parte del gobierno de los Kirchner. Telefónica de España controla una red de nueve canales de televisión en Argentina, encabezados por Telefé, cuyos noticieros muestran una orientación claramente favorable al gobierno. Según los especialistas, la red televisiva de Telefónica no podría seguir existiendo bajo los términos de la Ley de Medios Audiovisuales, pero el kirchnerismo, que la impuso con tanto rigor al grupo Clarín, no parece tener mucho apuro respecto de Telefónica y la AFSCA, el organismo de aplicación, viene demorando una decisión desde hace años con diferentes excusas. Por añadidura, Telefé/Telefónica se ubica en un codiciable tercer lugar entre los grupos de medios más favorecidos por la pauta publicitaria oficial. El gobierno también se muestra tolerante con los abusos y malos tratos que Movistar dispensa a sus clientes, y que colocan a la empresa en los primeros lugares de los reclamos ante organismos públicos y privados de defensa del consumidor, particularmente por su complicidad con empresas que imponen a lo usuarios, con diversas triquiñuelas, cargos por servicios no solicitados. No es posible por ahora encontrar explicaciones para este trato discrecional, aunque sí un patrón de comportamiento. Uno de los accionistas importantes de Telefónica es La Caixa, que también tiene intereses en Repsol, la empresa española que había adquirido la petrolera argentina YPF, con cuya complicidad los Kirchner primero vaciaron YPF y más tarde la expropiaron a cambio de una suculenta indemnización para los españoles.
–Santiago González
- Con posterioridad a la publicación de esa nota, el 11 de julio, Movistar se presentó a la justicia para decir que había logrado recuperar los registros perdidos, según informó Perfil el 27-7-2014 [↩]