En los Estados Unidos están preocupados porque los impuestos son muy altos y las empresas fugan capitales. Calculan que las grandes corporaciones mantienen fuera del país alrededor de 2,1 billones de dólares (trillones para ellos), cifra que resulta cinco veces mayor que los 400.000 millones que se estima han fugado de la Argentina. La diferencia parece razonable en atención al tamaño diferente de las economías, las empresas y las poblaciones respectivas. Pero en realidad no es tan razonable. Mientras en la Argentina la fuga representa un 75/80 por ciento de un PBI que ronda los 540.000 millones, en los Estados Unidos representa alrededor del 12 por ciento de un PBI que se ubica en los 17,5 billones de dólares. Si en los Estados Unidos están preocupados, nosotros deberíamos estar al borde del ataque de pánico, incluso aunque tengamos en cuenta estas salvedades: lo que en la Argentina llamamos dinero fugado es en realidad dinero que está fuera del sistema, unas dos terceras partes fuera del país, y el tercio restante en la oscura negritud del colchón; en los Estados Unidos es dinero fugado mediante diversos artilugios legales, o dinero cosechado por las filiales en el exterior que va a parar a algún paraíso fiscal y nunca ingresa al país de sus casas matrices. En la Argentina, además, fugan las grandes empresas y las grandes fortunas, pero también fugan personas de clase media y media baja que procuran poner a salvo sus ahorros comprando dólares que atesoran en secreto. En los Estados Unidos, en cambio, la fuga está restringida a las grandes corporaciones o los grandes magnates; aunque hay inflación en dólares su impacto es incomparable, y en todo caso la gente sólo podría “fugar” atesorando oro en el sótano de su casa, cosa que nadie hace. En los Estados Unidos la principal causa del desvío de fondos financieros hacia los llamados paraísos fiscales se atribuye a la renuencia de las empresas a pagar impuestos que consideran excesivos: alrededor del 25 por ciento del PBI; en la Argentina la presión impositiva llega al 40 por ciento del PBI, y eso sin tomar en cuenta el peso del “impuesto” inflacionario. Pero hay estimaciones trazadas según otros parámetros, cuyos resultados son todavía más atroces para los argentinos. En el caso de las empresas, un análisis del Foro Económico Mundial llegó a la conclusión de que la presión impositiva se lleva en la Argentina el 137% de la renta corporativa (no es error, quiere decir que las descapitaliza), e hizo notar que los impuestos sobre el volumen de negocios representan por sí solos el 90 por ciento de esa carga, antes de sumar los impuestos a los salarios y las transacciones financieras. Respecto de las personas, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal llegó a la conclusión de que los impuestos nacionales, provinciales y municipales se alzan con entre el 47 y el 60 por ciento de los ingresos familiares; en otras palabras, que un asalariado debe trabajar medio año, o más, sólo para pagar impuestos. Y estas cifras, recordemos una vez más, no computan el impuesto inflacionario. La elevada presión impositiva que soportan en la Argentina tanto las corporaciones como los asalariados se explica por el gasto desmedido de un estado que recauda cada vez más sólo para solventar su propio crecimiento y que, por corrupción e incompetencia, devuelve poco y nada en servicios de calidad o inversiones en infraestructura. Esto obliga, además, a que empresas y particulares deban procurarse bienes o servicios por los que ya pagaron.
–Santiago González