El sábado, mientras celebraba un nuevo aniversario de su gobierno, la presidente Cristina Fernández la emprendía en público contra las causas de los arrebatos de ira que la consumen en privado: la prensa y la Justicia, acusadas de hostigamiento. “Ahora a los sicarios mediáticos se les unen algunos secuaces judiciales”, dijo en un tramo de una alocución desordenada, por momentos defensiva, de a ratos amenazadora. El problema de la presidente es que las investigaciones judiciales por un lado y las pesquisas periodísticas por el otro están poniendo al desnudo una trama siempre sospechada de negocios turbios e incompatibles con el ejercicio de la función pública, que se remontan a los inicios de la carrera política del matrimonio Kirchner en la provincia de Santa Cruz y se aceleran vertiginosamente cuando ambos llegan a la Casa Rosada hasta traducirse en un incremento descomunal e inexplicable de su fortuna… declarada. El círculo de las revelaciones se estrecha cada vez más, y ahora la presidente teme por su futuro, y también el de su hijo, una vez que haya abandonado el poder.
En realidad, las embestidas del kirchnerismo contra los medios y la justicia no son ninguna novedad: allí están la campaña contra el grupo Clarín, la discriminación en la pauta publicitaria oficial, la creación y sostenimiento de una constelación de medios estatales y paraestatales, el acallamiento de medios independientes por vía de la compra de sus frecuencias (desde Radio América o Radio del Plata en el 2009 hasta FM Identidad la semana pasada), la sanción de las leyes de Medios y de Telecomunicaciones. Los intentos de someter a la justicia fueron tanto o más enérgicos: la manipulación del Consejo de la Magistratura para amedrentar a los jueces, el control del Ministerio Público para entorpecer la labor de los fiscales, las persecuciones puntuales y personales hacia jueces y fiscales que investigan al gobierno como ha sido el caso de José María Campagnoli y es ahora el del juez Claudio Bonadío, la reforma de los Códigos. Todo esto, que ha sido una verdadera política de estado del kirchnerismo, ha cobrado mayor virulencia desde que la presidente comenzó a sentirse acorralada.
La prensa resiste como puede –Clarín logró que una cautelar detuviera su desguace, los periodistas de FM Identidad agitan las redes sociales para que la radio se mantenga con sus características actuales–, y los jueces exhiben ahora bríos que debieron haber empeñado desde hace mucho tiempo. Durante una comida de la Asociación de Magistrados, el lunes, el nombre del juez Bonadío fue ovacionado, y Ricardo Recondo, el nuevo titular de la cofradía, respondió sin decirlo al ataque presidencial: “Se ha acusado al Poder Judicial de efectuar un ataque permanente contra algunos funcionarios públicos; me siento en la obligación de decir que los jueces y los fiscales no embestimos contra nadie: sólo ejercemos la jurisdicción –cumpliendo así con nuestra obligación legal– para garantizar el Estado de Derecho y erradicar de todos los rincones del poder a los corruptos”.
Desde la Casa Rosada hubo respuestas inmediatas, hacia los medios y hacia la justicia. El mismo lunes, el gobierno anunció una suerte de microprogramas con mensajes oficiales por transmitirse regularmente a las ocho de la noche en cadena nacional, esto es invadiendo el horario típico de los noticieros vespertinos de la televisión. En realidad, sólo va a invadir Telenoche, el noticiero del canal 13 del grupo Clarín, porque absolutamente todos los demás son oficialistas, como lo es el segundo más visto de la noche, el noticiero del canal 11, administrado por Telefónica de España.
A la justicia, la presidente le dedicó una maniobra más elaborada: dispuso una serie de reemplazos en la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tienen un carácter a la vez punitivo y proactivo: por un lado se desembarazó de dos figuras como Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, a los que reprochaba incapacidad en un caso y deslealtad en el otro. Cristina Kirchner entendía que nunca había sido informada debidamente sobre la intención de Sergio Massa, el candidato favorito del establishment, de aspirar a la presidencia en el 2015, y sospechaba que muchos de los datos con los que cuentan los jueces para orientar sus investigaciones les fueron provistos desde esa secretaría. El aspecto proactivo del cambio de figuras está representado por Juan Martín Mena, quien desde sus funciones previas en el Ministerio de Justicia ya venía recogiendo información personal sobre los magistrados que acosan al gobierno. Con la estructura de inteligencia a su servicio, Mena, a quien los comentarios periodísticos asocian indistintamente con la Cámpora, el jefe del ejército César Milani (justamente, un oficial de inteligencia), y el dimitente juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, tendría como función principal buscar muertos en los placares de jueces y fiscales para silenciarlos convenientemente.
La aspiración a blindarse de los gobernantes que abandonan el poder con la cola no muy limpia tiene un ilustre antecedente en los militares de la última dictadura, que dictaron leyes para autoabsolverse de sus pecados y que no les sirvieron para nada. Cristina Fernández sabe que ni ella ni su familia estarán seguros cuando dejen la residencia oficial el año próximo a menos que obtengan garantías de impunidad. Su problema más grave en este sentido, más grave en términos mafiosos ya que no institucionales, es que el kirchnerismo no tiene un sucesor de su propio riñón, ni es reconocido como propio por el peronismo tradicional, ni tiene amigos. Los Kirchner no son queridos por nadie, como sí lo fue, por ejemplo Carlos Menem, a quien nadie discutió por otra parte su condición de peronista. La designación de Aníbal Fernández en la secretaría general de la presidencia apuntaría, según algunos, a buscar remedio a esta situación. Pero en el seno mismo del poder son más los que esperan la oportunidad de hablar que los dispuestos a encubrir o a procurar impunidad. Difícilmente puedan cosechar lealtad los que mordieron la mano que los condujo al poder tan pronto se sintieron con fuerzas para hacerlo.
Ese desamor, tanto como la acción de la justicia y la investigación de la prensa, va a sellar su destino, aunque la presidente fantasee, como lo hizo la otra noche en Plaza de Mayo, con un apoyo popular capaz de reivindicar y defender su “proyecto” (y a ella misma, ya que estamos) en el futuro de intemperie que la aguarda. Prefirió olvidar que ese apoyo popular que llenaba la plaza se había logrado a fuerza de dinero y transporte gratis, como lo demostraba la Avenida 9 de Julio colmada de autobuses. Prefirió olvidar que la entusiasta militancia de La Cámpora se desvanecerá en cuanto se acabe la plata. Prefirió olvidarlo y bailar sola, en un instante privado de grata ensoñación, heroína desatendida de una revolución imaginaria.
–Santiago González