“Suponer que este derrumbe de la noción de gobierno de la ley es responsabilidad de los peronistas es un simplismo. En todo caso, la comparten con los militares -la dictadura arrasó con la noción de Estado de Derecho- y con muchos autotitulados democráticos y liberales que no escaparon a la regla. La hipótesis inversa es mucho más productiva. Una sociedad acostumbrada a vivir al margen de la ley, a ignorar las normas incómodas y a buscar la excepción personal prefiere una fuerza política cuyos principios no excluyan semejantes prácticas. La vota y también la nutre de jóvenes políticos a quienes la vida ha educado en esa práctica. Si hipotéticamente alguien acabara con el peronismo, con seguridad su lugar sería ocupado por una fuerza política similar. … Cambiar esto es un largo camino que va mucho más allá de una elección. Quienes sean elegidos recibirán un Estado estropeado y con muchos mecanismos ya montados para ejercer el poder discrecional. … Quienes gobiernen deben tener una convicción muy firme sobre la necesidad de restablecer el gobierno de la ley, y deben dar el ejemplo: un buen magisterio presidencial ayuda mucho, lo mismo que una práctica de gobierno más saneada y transparente. Pero es ilusorio apostar todo a la reforma moral. El respeto a la ley se construye con el control y la sanción, igual para todos. Esto depende de la presencia del Estado, en lo grande y en lo chico, esgrimiendo la ley, hasta que el control cotidiano deje de ser necesario, porque se ha establecido control social y la costumbre. A la vez, el Estado no puede hacerlo todo. Las asociaciones civiles -las voluntarias y las de intereses- deben tener la voz y la constancia suficientes como para vigilar, denunciar, exigir y modificar conductas, del Estado y de la gente.” –Luis Alberto Romero, historiador, en La Nación, 4-11-2014