El préstamo del FMI

A esta altura del año, pero hace cinco años, el gobierno del presidente Mauricio Macri negociaba lo que iba a ser el mayor préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional a país alguno en toda su historia: 57.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina recibió unos 45.000. Su otorgamiento se concretó el 7 de junio de 2019, y estuvo plagado de irregularidades, excepciones y otras rarezas. El convenio estaba fuera de toda norma, tanto en lo que se refiere a la legislación argentina como a los estatutos del FMI. Según las leyes argentinas, el presidente está autorizado a contraer deuda sólo hasta un nivel de 3.000 millones de dólares; por encima de esa cifra necesita de la autorización del Congreso. La oposición kirchnerista hizo notar en su momento que la operación, por su forma y su magnitud, conformaba el supuesto de “violación manifiesta” previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que habilitaba al país para desconocerlo. Además de no cumplir con las normas de procedimiento administrativo, la deuda con el FMI se contrajo sin los pertinentes estudios técnicos y económicos sobre su conveniencia y sobre su posibilidad de repago. Desde el punto de vista de los estatutos del Fondo, las irregularidades fueron numerosas, empezando por una cláusula inédita en la historia del organismo que le permitía al gobierno argentino incumplir las metas de déficit fiscal. El FMI autorizó asimismo al gobierno de Macri a vender los dólares prestados en el mercado, operación expresamente prohibida por sus estatutos. En su momento, la prensa informó que los cuerpos técnicos del FMI consideraban que tanto la magnitud del préstamo como las condiciones previstas para su repago eran inviables, y que la mayoría de los grandes socios de la institución financiera se oponían a su concesión. Mauricio Claver-Carone, por entonces director ejecutivo del FMI en representación de los Estados Unidos, afirmó en 2020 que el préstamo había sido concedido por presión de Washington, y pese a la opinión contraria de los europeos, por razones políticas: sostener al gobierno de Macri y evitar que perdiera las elecciones del 2019. Pero el movimiento que tuvieron esos fondos, volcados masivamente al mercado, sugiere otro motivo: sirvieron para que inversores mayormente estadounidenses pudiesen retirar de la Argentina, ante la inminencia de una crisis, los dólares que habían convertido en pesos para beneficiarse de maniobras especulativas facilitadas por un mercado cambiario manipulado desde el Banco Central. El FMI no acudió en rescate de la Argentina ni de su gobierno, sino de los especuladores, a los que la prensa del corazón llama “inversores de riesgo”. A la Argentina sólo le quedó el repago de la deuda. En marzo de 2021, sobre la base de informes del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, instruida por el gobierno de Alberto Fernández, inició una causa contra el ex presidente Macri y sus funcionarios por la contracción de esa deuda. “Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad”, dijo la denuncia. El FMI también inició una investigación interna sobre las condiciones irregulares en las que había otorgado ese préstamo sin precedentes. Pero las cosas raras no terminan aqui. Como las condiciones de repago pactadas con el gobierno de Macri eran incumplibles, el gobierno de Fernández sometió a consideración del Congreso un proyecto de acuerdo con el FMI con condiciones más laxas. Esto quiere decir que el mismo gobierno que había denunciado por irregular el acuerdo anterior, se privaba a sí mismo de la facultad de desconocerlo, y promovía, por decirlo de algún modo, la legalización de un desfalco contra la nación argentina por vía de su reconocimiento explícito en un nuevo acuerdo. Que fue lo que sucedió. En marzo del año pasado, la cámara de diputados dio media sanción al nuevo acuerdo con el FMI con 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones y 4 ausencias. El 96% de Juntos por el Cambio votó a favor del acuerdo, frente a un 65% del Frente de Todos. Los peronistas “republicanos” lo respaldaron en un 100%. Se opusieron a la convalidación de la estafa los libertarios, los trotskistas y Ricardo López Murphy. El proyecto fue ratificado en el Senado por 56 votos contra 13: se opusieron los ultrakirchneristas y Adolfo Rodríguez Saá. El nuevo acuerdo quedó convertido en ley, y ahora a pagar sin chistar. Todo legal. –S.G.