La intención gubernamental de dar por terminado el sistema privado de jubilaciones y pensiones puede ser analizada en principio por lo menos desde tres puntos de vista: el de los aportantes en primer lugar, el de las razones por las que el poder ejecutivo impulsa esta medida, y finalmente el del mercado de capitales.
Para los aportantes, la propuesta constituye lisa y llanamente un robo, similar en sus características al practicado con los depósitos en el 2002, con el agravante de que en aquel caso al menos se le reconocía algún derecho al titular de los fondos desde el momento en que se le ofrecían bonos compensatorios.
En este caso no se le ofrece nada más que promesas, aun cuando esos aportes jubilatorios son tan propios de sus titulares como aquellos depósitos de hace seis años. Esos depósitos habían sido confiados a un banco para que los administrara, tanto como estos aportes fueron confiados a la AFJP que cada trabajador eligió para que hiciera lo mismo.
El sistema de jubilación privada cuenta aproximadamente con 3,6 millones de adherentes activos, que hace menos de un año ratificaron expresamente su opción de permanecer en ese sistema, administra fondos por 95 millones de pesos, y recibe aportes mensuales por mil millones, todo en cifras aproximadas.
Que el gobierno decida ahora entrar a saco en los ahorros de los futuros jubilados no hace más que poner de manifiesto su propia debilidad fiscal, sus cálculos erróneos sobre el flujo de ingresos y egresos en el estado, y sus estimaciones equivocadas sobre la situación de la economía nacional, e internacional. Para no hablar de ideología.
Todo el anuncio muestra el mismo aire de desprolijidad e incompetencia que se viene advirtiendo en la gestión económica a partir del momento en que la inflación comenzó a dispararse en lo interno, y el amable viento de cola de que disfrutábamos se tornó en ventarrón de frente.
Según se dice la idea brotó en Olivos el domingo, y rápidamente se filtró a los medios. El hecho de que los superintendentes de AFJP y de seguros procuraran casi de inmediato contactarse con los directivos de las administradoras a ver si estaban enterados de algo evidencia que en el ejecutivo no consideraron necesario consultar a los funcionarios responsables del área.
Por eso tal vez no hayan medido debidamente, entre otras cosas que no midieron, el impacto que va causar en el anémico mercado de capitales local la súbita retirada de las administradoras de fondos de pensión, el mayor inversor institucional en la plaza local y principal adquirente de bonos del estado, por otra parte.
Todos los argumentos dados por el gobierno para justificar con buenas razones esta medida son tan falaces que no resisten el más simple análisis, y mucho menos pueden pasar la prueba de la experiencia de quienes hemos vivido en este país en los últimos cuarenta o cincuenta años. No vale la pena detenerse en ellos.
Queda por verse si el Congreso sanciona con su voto este intento de despojo. No es de extrañar que las primeras voces contemporizadoras con el plan hayan provenido del sector progresista (es decir, estatista, populista, izquierdista) de la asamblea.
Siguiendo la experiencia del 2002, el trabajador afectado no tiene otro camino que la justicia para defenderse. Las AFJP han prometido también acudir a los tribunales. Si lo hacen, estarían cumpliendo con sus responsabilidades ante los clientes. No como hicieron los bancos en aquel año.
La cuestión, además, puede verse desde otros puntos de vista más amplios y más generales. El primero es el de la seguridad jurídica y la solidez institucional. Al igual que en el 2002, estamos ante un estado que se entromete en un contrato entre privados, y arrebata fondos que no le pertenecen en ningún caso.
A los efectos de la consideración que merezca el país en las fuentes de crédito internacionales, este paso es lo mismo que caer en default. ¿De qué vale pagarle al Club de París, arreglar con los bonistas pendientes? La Argentina no va a alterar su prestigio de “defaulteador serial” si “rompe la alcancía” de los jubilados para afrontar compromisos.
¡Y todavía aparecen en los medios comentaristas que no se explican por qué sube y sube el riesgo país!
Otro punto de enfoque es el de la inserción del país en el mundo del siglo XXI, algo que seguramente no va a lograr con parámetros ideológicos del siglo XIX. Mucho sacrificio le costó al pueblo argentino la reforma del estado emprendida en los 90, y mucho mayor sacrificio le está costando abandonarla.
Todas las chapuzas del proceso conducido por Domingo Cavallo fueron responsabilidad de los políticos que no estuvieron a la altura de las circunstancias para sostenerlo con la calidad institucional que lo habría afianzado y le habría dado continuidad en el tiempo, y se dedicaron más bien a aprovechar en beneficio propio el río revuelto de los tiempos de cambio.
Después, y el caso que comentamos se inscribe en ese marco, encontraron más fácil desandar lo andado y librarse de las incómodas restricciones que impone la disciplina del mercado y el respeto a la ley, para volver a la confusión originaria donde se diluyen las responsabilidades y medran los aventureros.
–Santiago González