Tal vez sea por nuestra natural inclinación a enredarnos en polémicas fáciles, menos prácticas que ideológicas, en duelos sin fundamento entre presuntos buenos y supuestos malos; tal vez sea porque, como era previsible, la maquinaria de desinformación ya se puso en marcha. Pero lo cierto es que el debate sobre la proyectada anulación del sistema de jubilación privada se está saliendo rápidamente de foco.
Los programas periodísticos de radio y televisión, las páginas de los diarios, se pueblan de abogados y detractores del régimen de capitalización y del sistema de reparto, que ponen sobre la mesa argumentos atendibles en algunos casos, ideológicos en la mayoría, parcialmente informados casi todos, en favor y en contra de uno y otro arreglo.
Pero ese no es el problema de fondo.
La cuestión fundamental es de orden institucional, es si una vez más como en enero del 2002 el estado va a violar los derechos constitucionalmente reconocidos, los contratos entre privados, el andamiaje legal que nos sostiene, o debería hacerlo, como sociedad, para echar mano de unos fondos que no le pertenecen, y que no le pertenecerían incluso si el sistema jubilatorio fuera cien por ciento estatal.
No se trata de un debate sobre el valor de los bonos, o sobre el mercado de capitales, o sobre el monto de las comisiones, o sobre la viabilidad a largo plazo de una u otra opción. El meollo de este asunto no reclama una discusión de expertos en previsión social, ni de economistas, ni de analistas del mercado financiero.
Todos esos son aspectos importantes pero secundarios. Atienden a los efectos de una decisión que es en sí misma el mayor de los problemas. En todo caso es un debate para constitucionalistas, que nos deberían ilustrar sobre el daño que esa decisión puede causar a la institucionalidad argentina, asunto mucho más grave que todos los mencionados.
De hecho, allí es donde se centró la atención, y la crítica despiadada, de los observadores externos y de todos aquellos con intereses en nuestro país. La caída de la bolsa en Madrid no se produjo porque los operadores españoles estuviesen preocupados por la suerte de los jubilados argentinos. Se produjo por las dudas que existen sobre la vigencia de la ley en la Argentina.
Esa falta de respeto por la legalidad, esa tendencia eterna a jugar con las instituciones, casi siempre justificándonos en buenas razones demagógicas, es el cáncer que nos viene corroyendo desde hace demasiado tiempo, y que ya no logra ser compensado por una buena cosecha y el trabajo silencioso y cotidiano de millones de argentinos.
Ese cáncer hace que nunca lleguen a estas tierras inversiones extranjeras de largo plazo, hace que los argentinos que han logrado reunir algunos pesos los conviertan en dólares y, cuando pueden, los saquen inmediatamente del país, hace que aquellos que han logrado armar alguna empresa expectable la vendan a la primera oferta que les llega de fuera.
El poder ejecutivo ya causó un daño enorme al país solamente con anunciar su intención de estatizar el sistema previsional. Pero afortunadamente, dejó una puerta abierta para enmendar las cosas aunque sea parcialmente al enviar su proyecto al Congreso.
No lo hizo claro está por su inexistente respeto por las instituciones. Lo hizo porque calculó que iba a encontrar fácil apoyo en los sectores progresistas de la legislatura (radicales, socialistas, aristas, y otras siglas menores), a los que la idea de un sistema de jubilación privada siempre les causó urticaria.
Ahora el poder legislativo tiene sobre sí la enorme responsabilidad de salvaguardar la legalidad del país, el valor superior en juego, y no dejarse arrastrar a un debate sobre el sistema previsional, que en este momento es un asunto secundario y en modo alguno urgente, ya que hace nueve meses todos los adherentes a las AFJP ratificaron expresamente su voluntad de permanecer en ellas.
Los ciudadanos tienen por su parte una doble responsabilidad: tomar nota del comportamiento de los legisladores, y tomar nota también del comportamiento de los formadores de opinión pública que tiendan desplazar el eje de la cuestión.
El debate sobre los sistemas previsionales es el que prefiere el gobierno, no sólo porque enmascara sus verdaderas intenciones al proponer este cambio, sino porque allí conseguiría el aplauso y la argumentación ideológica de la claque progresista que le es adicta.
El debate sobre la institucionalidad es el que desesperadamente necesita el país.
–Santiago González