Derecho a ver

“A Mirna le dijeron que a los 35 años se iba a quedar ciega, pero con lentes especiales recuperó su derecho a ver”: con esta frase se inicia una nota publicada esta semana en el diario Clarín. Pero, un momento, ¿derecho a ver? ¿Qué legislación contempla ese derecho? ¿Ante qué tribunal podía reclamar Mirna la denegación de ese derecho? ¿Quién garantiza ese derecho? Según lo que sabemos, la visión es una gracia de Dios o una facultad de la que normalmente goza una amplia variedad de seres vivos, y que por designio o azar puede estar dañada o ausente. Pero no existe nada parecido a un derecho a ver. La manera como Clarín presentó la noticia, vale decir la manera como un redactor la escribió y uno o varios editores la aprobaron, refleja en realidad hasta qué punto la ideología populista-progresista ha calado en la sociedad argentina como para que la noción de un derecho a ver sea naturalmente asimilada por los escritores y los lectores de un periódico. Para una sociedad que acepta que una pareja infértil tiene derecho a procrear, y que es obligación del Estado asegurar ese derecho, la idea de que puede existir un derecho a ver resulta perfectamente admisible. Los políticos populistas, demagogos por definición, son extremadamente pródigos a la hora de imaginar derechos y cada vez que pueden los meten de contrabando en la Constitución o los consagran en alguna ley en medio de calurosos aplausos. Lo que nunca dicen es cómo se solventan esos derechos, seguramente no con el dinero de sus bolsillos, pero sin lugar a dudas con nuestro dinero. Por ejemplo, el derecho de una persona a una vivienda digna, incluído en la Constitución, supone la obligación de todas las demás personas a financiársela, pero esto no se dice nunca. Como todo el mundo, alertado por los políticos populistas, conoce sus derechos, hay gente que sale a la calle y corta rutas para que el Estado le proporcione la vivienda digna que le corresponde; el resto, que adquirió o construyó su casa con esfuerzo, se indigna, con razón y sin ella. Con razón, por la injusticia mayúscula que implica la obtención de algo sin esfuerzo, y sin ella porque los políticos populistas pueden hacer lo que hacen porque la gente, inclusos los ocasionalmente indignados, los vota. Si bien una sociedad organizada puede contemplar ciertos derechos ciudadanos inherentes a su buen funcionamiento, como educación, cuidado de la salud y administración de justicia, los políticos populistas han extendido la gama de los derechos en direcciones extravagantes, tales como el derecho a la fertilización asistida, al aborto, a la implantación de prótesis y al cambio de sexo, o a la provisión gratuita de medicamentos para controlar las consecuencias de la promiscuidad. Los argentinos entregan al Estado más de la mitad de lo que ganan con su trabajo porque en la Argentina populista, el capricho, la irresponsabilidad y la pereza son un derecho. Y alguien tiene que pagarlo.

–S.G.

Califique este artículo

Calificaciones: 4; promedio: 5.

Sea el primero en hacerlo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *