Como en los cines de mi barrio hace muchos, muchos años, el martes fue día de damas en la Casa Rosada. La presidente recibió a Ingrid Betancourt, y la agasajó con un chispeante rondó siciliano: mientras por una puerta entraba Luisa Ciccone, más conocida como Madonna, por la otra salía disparada Romina Picolotti, la secretaria de medio ambiente.
Según voceros, Kirchner (Cristina) estaba harta de la “candidez” de su colaboradora: “like a virgin”, como quién dice. Cuando abandonaba la sede del gobierno, un funcionario ignorante de lo que estaba pasando le preguntó a la desmelenada Picolotti cómo andaba. “Como el orto. Me acaban de echar”, repuso candidamente la muchacha, según consignaron varios diarios.
No son pocas las coincidencias entre Ciccone y Picolotti: a las dos les gustan los viajes en jets privados, las buenas comidas, los vinos escogidos; las dos cuidan su guardarropas, y las dos tienen problemas con el pelo. Romina tiene peninsularmente presente que lo primero es la familia y los amigos, y encontró un lugarcito para todos en su secretaría tan pronto asumió.
Pero no fueron esos pecadillos los que provocaron su salida, ni siquiera el hecho de que la Corte Suprema le advirtiera oportunamente que más le convenía hacer lo que tenía que hacer con el Riachuelo. Antes bien lo que la indispuso con la jefa de gobierno fue su insufrible candidez al impulsar la ley de bosques, y promover la ley de protección de los glaciares.
Según el diputado Miguel Bonasso, la ley de bosques yace sin promulgar en algún despacho del Ministerio de Economía, mientras el yuyo de la soja sigue avanzando sobre áreas otrora forestadas, a favor de ganancias privadas y en perjuicio del erario público, que deberá acudir con su auxilio cuando se produzcan sequías o inundaciones como consecuencia de esa práctica.
Más complicado es el caso de la ley de protección de glaciares, que fue vetada por la presidente porque interfería con proyectos mineros de tecnología contaminante en la provincia de San Juan, allí donde no es posible transitar por las rutas nacionales porque las empresas extranjeras que desarrollan esas explotaciones deciden quién pasa y quién no pasa.
Tras el veto presidencial, Picolotti fue invitada a revisar la ley en consenso con el secretario de minería Jorge Mayoral, que declaró tener intereses no menores en varias empresas mineras, y con los gobernadores cordilleranos. Esas reuniones no prosperaron, y la suerte de la morena secretaria quedó sellada.
Mientras esto ocurría tras los rosados muros de Balcarce 50, el defensor del pueblo Eduardo Mondino iniciaba, a metros de allí, y por pura coincidencia, unas jornadas de concientización bajo la consigna “Nuestro ambiente vale”, en la que se tratan minería, deforestación, cuenca Riachuelo-Reconquista, y otras áreas que Picolotti tenía bajo su tutela.
Al anunciar las jornadas Mondino puso el énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: promover un proyecto de Ley Ambiental Federal, y crear un Fuero Ambiental Penal, “que determine las penas para aquellos que violentan el derecho patrimonial de muchas generaciones”.
La semana anterior el defensor del pueblo tuvo que exhortar al gobierno de la provincia de Corrientes para que cumpla con una sentencia del Superior Tribunal de esa provincia que ordena la demolición de un terraplén tendido ilegalmente a través de los esteros del Iberá en una extensión de 24 kilómetros.
Según la defensoría, el terraplén “inunda miles de hectáreas, afectando la vida de los pobladores del paraje Yahaveré, dañando irreversiblemente el ecosistema del Iberá y poniendo en grave amenaza de extinción a las especies que allí habitan”.
La demanda inicial contra el terraplén se presentó ante la justicia en 2005, y obtuvo cuatro fallos favorables en sucesivas instancias. Los ambientalistas correntinos dicen que la empresa Estancias San Eugenio adquirió 19.000 hectáreas en la zona de los esteros, y sin los estudios correspondientes de impacto ambiental tendió el terraplén a fin de secar terrenos con destino al pastoreo.
En este contexto de bosques desprotegidos, hielos desprotegidos, acuíferos desprotegidos, el martes, día de damas, la ministra de defensa Nilda Garré publicó en La Nación un artículo con sus ideas para el proyectado Consejo de Defensa Sudamericano, en el que propone que las fuerzas armadas del continente se preparen para… ¡la defensa del medio ambiente!
“Hemos sugerido articular, a través de ese Consejo, un mecanismo regional de coordinación de políticas y medidas conjuntas destinadas a la protección y a la conservación de factores estratégicos comunes, incluidos, por ejemplo, recursos naturales, tales como el agua, los mares y la energía”, escribió la ministra.
“Dicha propuesta se basa en que ningún país de la región está en condiciones de defender estos recursos por sí mismo”, agregó Garré.
La creación del Consejo de Defensa Sudamericano ha sido impulsada por Brasil, y la propuesta de Garré tendría mucho sentido si el gobierno al que pertenece tuviera un política ambiental y territorial clara y coherente. Como es evidente, no la tiene.
La propuesta de Garré, entonces, no va más allá de secundar dócilmente los objetivos estratégicos de Brasil, que sí los tiene, y que consisten en protejer la codiciada amazonia, una reserva de agua a la que se pretende convertir en “patrimonio de la humanidad”, y los no menos codiciados yacimientos petroleros marítimos que acaba de descubrir.
–Santiago González