Ausentismo electoral

En el sistema democrático, una consulta electoral es una pregunta que los ciudadanos se hacen a sí mismos para conocer de manera amplia, sistemática y ordenada su evaluación sobre la marcha de los asuntos comunes hasta el momento del comicio, y su opinión sobre el rumbo futuro que deberían tomar esos asuntos, con atención a un menú de opciones ofrecido por los partidos políticos que seguramente ha de incluir la continuidad de lo presente junto con diversas alternativas para cambiar el derrotero. En nuestro ordenamiento institucional, la respuesta a esa consulta es obligatoria, y sus resultados son vinculantes: quiere decir que el manejo de la cosa pública deberá emprender el camino decidido por los votantes.

La República Argentina adhirió formalmente a este arreglo republicano en la Constitución de 1853, comenzó a aplicarlo de manera más o menos sistemática a partir de la organización nacional de 1880, y lo perfeccionó con el sufragio universal de 1912, ampliado con la inclusión del voto femenino en 1952. Sobre esta base, la Argentina acostumbra describirse a sí misma como una nación democrática, pero el sistema republicano raras veces funcionó normalmente entre nosotros, y nunca lo hizo con la continuidad necesaria como para adquirir solidez. Primero lo sabotearon los golpes militares, después las proscripciones políticas y por último, ya desde los setenta pero acentuadamente desde los ochenta, la desintegración de los partidos. Ahora, casi como lógica consecuencia, aparece la deserción ciudadana.

En los 14 comicios provinciales celebrados este año, la suma de ausentismo, voto anulado y voto en blanco ronda en promedio el 40 por ciento, una proporción nunca vista en la historia electoral del país. El desglose de esa proporción resulta todavía más alarmante: los votos anulados y en blanco, que implican una disconformidad con la oferta pero no con el sistema ya que el votante se tomó la molestia de acercase a la urna, representan una cuarta parte. El resto, un 30 por ciento de los empadronados, prefirió quedarse en su casa: no discute la oferta, se desentiende del sistema. No encuentra allí un instrumento útil para resolver los problemas de su vida o perfilar el futuro de sus hijos. Peor aún, no se siente parte de un conjunto, la nación, cuya expresión visible y vital es la participación política, tarea de todos y cada uno.

Estos datos, que marcan una tendencia continua y creciente por lo menos desde la crisis del 2001, han despertado la preocupación de algunos observadores de la escena política, que en general la han resuelto con apelaciones escolares a la responsabilidad ciudadana. “El voto no es solamente un derecho, sino una obligación, y desentendernos de la cuestión cívica no nos exonera del compromiso ciudadano”, advierte un editorial del diario La Nación. Agrega que la abstención “nos sitúa en la categoría de meros espectadores de una realidad que no asumimos como propia.” Con un poco más de enjundia, la consultora Shila Vilker, también citada por el diario, atribuye al ausentismo un “nihilismo activo”, un “hacer destructivo” motorizado por la “bronca”: desconfianza y pérdida de fe en la política.

Incumplimiento de un deber, falta de compromiso, nihilismo, destrucción: estos observadores, y probablemente también otros, describen el fenómeno en términos de reproche e incluso de condena. Pero votar en blanco o no votar envía un mensaje político tan valioso como el voto positivo, y ese mensaje debería ser leído correctamente, sin rechazo ni subestimación. Para muchos ciudadanos no votar, votar en blanco o depositar alguna leyenda ofensiva en la urna puede ser un modo de expresar de la manera más clara posible, y en la única oportunidad en que se lo consulta, su fuerte disconformidad con el estado de las cosas, con las opciones que se le ofrecen para reencauzarlas, y con el sistema que hace posible y tolera todo lo anterior.

Además, ¿qué instrumentos le ofrece ese sistema al votante para que pueda ejercer responsablemente y a conciencia su derecho y su obligación? La primera herramienta de la ciudadanía es la información. Hoy casi toda la prensa es militante, vale decir que es parcial y sesgada y lo es de manera tan amplia y evidente como para que nadie confíe demasiado en lo que dice. Se la ha visto involucrada en operaciones para destruir o encumbrar a tal o cual personaje, y se la ha visto detener su cobertura cuando llega al límite de los negocios oscuros, a los que no suele ser ajena. Cruzado ese límite se ingresa a una región de entendimientos, complicidades y transacciones que el votante nunca ve en los medios pero cuya existencia intuye, porque de lo contrario las cosas nunca habrían podido ir tan mal, durante tanto tiempo, en diferentes contextos, y bajo cualquier gobierno.

El ciudadano, con su ausencia, quiere decir mal y pronto que está harto de que le tomen el pelo. Ya se dio cuenta de que todo es un juego con suculentos premios del que él no participa y de cuyas alternativas se entera apenas a medias, aunque su presencia sea imprescindible para que el juego pueda desarrollarse. Su situación recuerda a la de esos policías que suelen verse apostados en los estadios de fútbol de espaldas al campo: tienen que estar ahí pero no pueden ver el partido. Los políticos y sus voceros reclaman la presencia del ciudadano en las urnas pura y exclusivamente porque sus votos son los que les dan legitimidad para llegar al poder del estado, del que se valen para engordar sus cuentas bancarias y las de sus amigos, o para imponer a los demás sus berrinches ideológicos, o para cobrar de agencias extranjeras por imponerlos, o para todo eso junto.

La reacción de los ciudadanos que deciden no prestarse al juego, y que preocupa a los observadores, se distribuye como ya dijimos en dos categorías que podríamos describir ahora con más precisión valiéndonos de esa oposición entre “apocalípticos” e “integrados” que Umberto Eco aportó al análisis sociocultural. Los “integrados” rechazan las opciones que les plantea el comicio, pero preservan el sistema, lo ratifican con su asistencia, con la emisión del voto. Los apocalípticos creen que nada de lo que hay puede mejorarse, y que es necesario hacer volar todo por el aire y empezar de nuevo. Entonces optan por no votar, o bien se inclinan por alguna opción disruptiva cuya llegada al poder produciría, eso creen, el mismo efecto dinamitero. Lo suyo, antes que un “hacer destructivo” como dice Vilker, se parece más a esa virtuosa “destrucción creativa” que suele atribuirse al sistema capitalista.

Sin embargo, las cosas son más complicadas, y no se resuelven mediante un rechazo, más o menos violento. Al enumerar las amenazas y distorsiones que sufrió nuestro sistema democrático mencionamos al principio los golpes de estado, las proscripciones y el eclipse de los partidos. Las dos primeras se resolvieron, la tercera no, y en ella reside el meollo del problema. La reconstrucción de la democracia argentina, y la recreación de la confianza en ella, pasa por la regeneración de los partidos políticos. En una sociedad de masas no hay política sin partidos,  no hay partidos sin participación popular, y no hay participación popular sin conciencia nacional. En la Argentina no hay partidos, no hay participación popular, no hay conciencia de pertenencia a un todo llamado nación, y en consecuencia hay deserción ciudadana en los comicios, porque la oferta se muestra ajena, distante y sospechosa como si la hiciera un proveedor de servicios.

Pero las siglas políticas no son empresas de servicios especializadas en administrar el Estado. Podrían serlo, pero en ese caso el contrato sería otro e incluiría garantías de cumplimiento y eficacia. Los partidos son, deberían ser, agrupaciones de ciudadanos, unidos por una misma convicción sobre cómo debe administrarse la nación y cuál debe ser su lugar en el mundo, y que persiguen el poder para llevar esas convicciones a la práctica. Y la participación no se limita, no debería limitarse, a mirar por televisión las trifulcas entre candidatos, ni a simpatizar con uno o con otro. La participación política consiste en informarse, estudiar, acudir todas las semanas al comité, la unidad básica o lo que sea, pagar la cuota, poner el cuerpo, y discutir, promover a los mejores y separar a los oportunistas, y todo lo que supone la vida partidaria. Se habla con razón de la distancia entre la política y los ciudadanos, pero se omite decir que el eslabón faltante entre unos y otros es justamente el partido.

Políticos y publicistas acostumbran criticar el asistencialismo diciendo que a la gente no hay que regalarle pescado sino enseñarle a pescar. Pero nunca dicen que a la gente no hay que ofrecerle servicios políticos sino enseñarle a participar en la vida política y facilitarle esa participación. Defienden lo primero porque aspiran a quedarse con más de la mitad de lo que el ciudadano pesque, y omiten lo segundo porque no quieren competencia en esa rapiña. El sistema no sólo no entrena para la vida política, sino que ha impuesto un sinnúmero de trabas, requisitos y regulaciones absurdos para la inscripción y el reconocimiento de nuevos partidos, como lo han comprobado a su costo José Luis Espert, Javier Milei, Juan Gómez Centurión, y otros que han pretendido últimamente promover alternativas diferentes.

–Santiago González